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Tres tigres de bengala murieron de hambre en Guerrero luego de ser decomisados al narco

Luego de permanecer varios días sin comida ni agua, tres tigres de bengala, especie en peligro de extinción, fueron encontrados muertos en un inmueble ubicado en el municipio de Quechultenango, en el estado de Guerrero.

Y es que en las últimas horas, pobladores de la zona rural compartieron en redes sociales imágenes de los majestuosos felinos tirados dentro de una estrecha jaula, con los recipientes vacíos.

Esto podría tratarse de un caso de maltrato animal, pues los tigres fueron decomisados desde el pasado 16 de febrero luego de un operativo antidrogas que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, a cargo de Fernando García Fernández.

De acuerdo con medios locales, derivado de la carpeta de investigación FGR/GRO/CHILP/000153/2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Guerrero acudieron en dicha fecha a la calle Libertad donde detuvieron a un sujeto identificado como Jesús “N”, presuntamente perteneciente al grupo criminal Los Ardillos.

Según las autoridades, los animales salvajes de este tipo son utilizados por los criminales para que devoren los cadáveres de sus víctimas.

Además de los felinos, aseguraron 28 kilos de mariguana, 11 vehículos, una motocicleta con reporte de robo y un arma de uso exclusivo.

Sin embargo, la autoridades no pudieron sacar todo lo incautado de Quechultenango, debido a que decenas de habitantes no les permitieron salir y los detuvieron por alrededor de seis horas. Fueron liberados tras aceptar firmar una minuta de acuerdos, donde se comprometían a sólo realizar operaciones acompañados por la Policía Preventiva Municipal y las guardias comunitarias.

En un comunicado emitido por la Fiscalía el 17 de febrero; es decir, 24 horas después, aseguraron que “los tres ejemplares de tigre quedaron a disposición de la autoridad competente”, que podía ser la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

No obstante, vecinos de Quechultenango señalaron al diario Milenio que los tigres se quedaron en el mismo inmueble que fueron encontrados y que ninguna autoridad los reclamó, dejándolos en el abandono:

“Nunca los vinieron a traer, cerraron todo, le pusieron sellos de embargado y nunca vinieron a recoger nada, nadie alimentó a los animales y al final se murieron de hambre”
Por su parte, Ángel Almazán Juárez, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero (Semaren), confirmó que no se los llevaron debido a que no fueron avisados al respecto.

“Yo quisiera dar más información, pero la realidad es que Semaren desconoce el paradero de esos tres felinos, la FGE ya no nos informó nada”
Cabe mencionar que, tras las diligencias de los cuerpos de los tres felinos, testigos aseguraron que fueron llevados en una camioneta de la Fiscalía de Guerrero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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