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Tribunal Electoral hace nuevo llamado a AMLO a respetar periodo de campañas

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir y cuidar que no se difunda propaganda gubernamental durante las campañas electorales.

Además, dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que investigue al titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), por poner a disposición de los concesionarios, el evento “Primeros 100 días del Tercer Año de Gobierno”, transmitido el 30 de marzo en gran parte del país, incluyendo seis entidades con comicios en marcha.

En sesión pública no presencial, el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada, Rubén Lara, exhortó al Primer Mandatario a que, desde su investidura, actúe con un deber de cuidado para hacer que se cumplan los parámetros establecidos en materia de propaganda gubernamental durante la contienda en marcha.

“Es importante hacerle este llamado para que actúe a partir de la posición que tiene, a partir de la relevancia de su cargo y funciones que lleva acabo, a partir de la trascendencia de la figura presidencial que actúe con un deber de cuidado, que yo me atrevería a decir que en el caso del presidente de la República tiene que ser reforzado. Me parece que el presidente tiene que ser escrupuloso en el cumplimiento de las normas”, acotó.

Respecto al caso de Cepropie, la magistrada Gabriela Villafuerte, estimó que ésta pudo incurrir en una violación a la ley al permitir que el referido informe se transmitiera por concesionarias de radio y televisión en las seis entidades con proceso comicial en marcha.

En su queja, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció que la transmisión del referido Informe de Gobierno podía constituir promoción personalizada, utilización indebida de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Además, vulneración a las reglas para la presentación de informe de labores atribuidas a Morena y López Obrador, en su carácter de presidente de la República.

Los magistrados electorales consideraron inexistentes esas infracciones, pues al tratarse de un informe “no tuvo la finalidad de posicionar al titular del Ejecutivo federal en materia electoral o beneficiar una fuerza política”.

En otro asunto, el Pleno declaró inexistente que el presidente López Obrador vulnerara los principios de imparcialidad y neutralidad de los comicios en marcha, luego de las declaraciones realizadas en la mañanera del 25 de marzo, en Campeche en la que habló sobre la renovación de la Cámara de Diputados.

Y, en cuanto a si la difusión del programa social “Familias fuertes salario rosa” constituye promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, atribuidas al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y a diversos servidores públicos de la misma entidad, los magistrados vincularon al Instituto Electoral del Estado de México para que conozca sobre la denuncia de Morena, al tratarse de un asunto de competencia local y no, de nivel federal.

Fuente: Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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