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México

Tribunal rechaza repetir elección en Puebla; Martha Erika será gobernadora

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez que buscaba anular el resultado de las elecciones para gobernador del primero de julio, por lo que ratificó a Martha Erika Alonso como gobernadora electa del estado de Puebla.

Con cuatro votos en contra y tres a favor, el Tribunal rechazó este sábado dicha propuesta, a pesar de que reconoció la presencia de varias anomalías en los pasados comicios locales.

?Tras horas de ‘jaloneo’ en una reunión a puerta cerrada de los magistrados, cuyo voto se anticipaba mayoritario a favor del proyecto, la sesión del tribunal se fue retrasando por horas.

Al final, se dio un vuelco en los pronósticos y se consideró que las anomalías que se encontraron no fueron suficientes ni determinantes en el resultado final de los comicios por lo que se decidió que no había motivos suficientes para repetir el proceso.

El magistrado José Luis Vargas se quejó de actos de intimidación en su contra y de otros magistrados por el sentido de su proyecto en el que asentó que las irregularidades por las que propuso anular las elecciones fueron responsabilidad de los integrantes del Organismo Público Local Electoral, que en Puebla encabeza Jacinto Herrera.

Vargas consideró que se vulneró la garantía de audiencia de los partidos al ingresar a la bodega central al menos 50 veces en 53 días, sin avisar previamente a los representantes de cada formación política.

Destacó que se rompió la cadena de custodia del material electoral, presentando videos en los que se mostró el ingreso a la bodega electoral en donde se tenía el material resguardado de parte de más personas de las reportadas en la bitácoras y sin una justificación de por medio.

Además, afirmó que el órgano electoral sólo proporcionó videos de 12 de los 53 días que tuvo en resguardo la documentación y paquetería electoral de los comicios de gobernador.

Amén de ello aseguró que se acreditó la violencia generalizada al interior de casillas en 51 de las 116 señaladas en las demandas, en donde hubo robo, quema o destrucción de los materiales y documentos originales. En ocho casillas hubo disparos al aire y presencia de personas armadas.

Vargas apuntó que se acreditó que el presidente municipal de Cuetzalan del Progreso reconoció públicamente haber apoyado a la coalición ‘Por Puebla al Frente’ con el traslado de documentación electoral lícita.

No obstante, dijo que no se encontró responsabilidad en las anomalías por parte de Martha Erika Alonso, lo cual fue secundado por el resto de magistrados.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?
Aunque el proyecto tuvo el respaldo de Vargas, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como de Mónica Aralí Soto, fue rechazado por Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña y la presidenta Janine Otálora Malassis.

Quienes votaron en contra argumentaron que no existen pruebas que demuestren que los funcionarios del órgano electoral local que entraron y salieron de la bodega del Instituto hayan manipulado los votos de la elección de gobernador, máxime que no hubo variaciones graves en todos los ejercicios de conteos de votos, incluyendo los ciudadanos y los hechos por el propio Tribunal.

Asimismo se consideró que las pruebas presentadas por Morena para anular la elección de Puebla fueron extemporáneas.

Ante la resolución, gente de Morena expresó su molestia a través de sus redes sociales, acusando a los magistrados de venderse al ‘morenovallismo’.

De hecho, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Juan Espinosa, advirtió, a través de su cuenta de Twitter, que “la mayoría de los diputados en el Congreso de Puebla no permitiríamos la sobrevivencia de un régimen monárquico como el que sufrimos en Puebla. Por eso anunciamos al Tribunal Electoral que si ellos no defienden la democracia, lo haremos nosotros solicitando la desaparición de poderes”.

Fuente: El Financiero

México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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