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Tribunal rechaza repetir elección en Puebla; Martha Erika será gobernadora

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez que buscaba anular el resultado de las elecciones para gobernador del primero de julio, por lo que ratificó a Martha Erika Alonso como gobernadora electa del estado de Puebla.

Con cuatro votos en contra y tres a favor, el Tribunal rechazó este sábado dicha propuesta, a pesar de que reconoció la presencia de varias anomalías en los pasados comicios locales.

?Tras horas de ‘jaloneo’ en una reunión a puerta cerrada de los magistrados, cuyo voto se anticipaba mayoritario a favor del proyecto, la sesión del tribunal se fue retrasando por horas.

Al final, se dio un vuelco en los pronósticos y se consideró que las anomalías que se encontraron no fueron suficientes ni determinantes en el resultado final de los comicios por lo que se decidió que no había motivos suficientes para repetir el proceso.

El magistrado José Luis Vargas se quejó de actos de intimidación en su contra y de otros magistrados por el sentido de su proyecto en el que asentó que las irregularidades por las que propuso anular las elecciones fueron responsabilidad de los integrantes del Organismo Público Local Electoral, que en Puebla encabeza Jacinto Herrera.

Vargas consideró que se vulneró la garantía de audiencia de los partidos al ingresar a la bodega central al menos 50 veces en 53 días, sin avisar previamente a los representantes de cada formación política.

Destacó que se rompió la cadena de custodia del material electoral, presentando videos en los que se mostró el ingreso a la bodega electoral en donde se tenía el material resguardado de parte de más personas de las reportadas en la bitácoras y sin una justificación de por medio.

Además, afirmó que el órgano electoral sólo proporcionó videos de 12 de los 53 días que tuvo en resguardo la documentación y paquetería electoral de los comicios de gobernador.

Amén de ello aseguró que se acreditó la violencia generalizada al interior de casillas en 51 de las 116 señaladas en las demandas, en donde hubo robo, quema o destrucción de los materiales y documentos originales. En ocho casillas hubo disparos al aire y presencia de personas armadas.

Vargas apuntó que se acreditó que el presidente municipal de Cuetzalan del Progreso reconoció públicamente haber apoyado a la coalición ‘Por Puebla al Frente’ con el traslado de documentación electoral lícita.

No obstante, dijo que no se encontró responsabilidad en las anomalías por parte de Martha Erika Alonso, lo cual fue secundado por el resto de magistrados.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?
Aunque el proyecto tuvo el respaldo de Vargas, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como de Mónica Aralí Soto, fue rechazado por Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña y la presidenta Janine Otálora Malassis.

Quienes votaron en contra argumentaron que no existen pruebas que demuestren que los funcionarios del órgano electoral local que entraron y salieron de la bodega del Instituto hayan manipulado los votos de la elección de gobernador, máxime que no hubo variaciones graves en todos los ejercicios de conteos de votos, incluyendo los ciudadanos y los hechos por el propio Tribunal.

Asimismo se consideró que las pruebas presentadas por Morena para anular la elección de Puebla fueron extemporáneas.

Ante la resolución, gente de Morena expresó su molestia a través de sus redes sociales, acusando a los magistrados de venderse al ‘morenovallismo’.

De hecho, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Juan Espinosa, advirtió, a través de su cuenta de Twitter, que “la mayoría de los diputados en el Congreso de Puebla no permitiríamos la sobrevivencia de un régimen monárquico como el que sufrimos en Puebla. Por eso anunciamos al Tribunal Electoral que si ellos no defienden la democracia, lo haremos nosotros solicitando la desaparición de poderes”.

Fuente: El Financiero

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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