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México

Tribunal rechaza repetir elección en Puebla; Martha Erika será gobernadora

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez que buscaba anular el resultado de las elecciones para gobernador del primero de julio, por lo que ratificó a Martha Erika Alonso como gobernadora electa del estado de Puebla.

Con cuatro votos en contra y tres a favor, el Tribunal rechazó este sábado dicha propuesta, a pesar de que reconoció la presencia de varias anomalías en los pasados comicios locales.

?Tras horas de ‘jaloneo’ en una reunión a puerta cerrada de los magistrados, cuyo voto se anticipaba mayoritario a favor del proyecto, la sesión del tribunal se fue retrasando por horas.

Al final, se dio un vuelco en los pronósticos y se consideró que las anomalías que se encontraron no fueron suficientes ni determinantes en el resultado final de los comicios por lo que se decidió que no había motivos suficientes para repetir el proceso.

El magistrado José Luis Vargas se quejó de actos de intimidación en su contra y de otros magistrados por el sentido de su proyecto en el que asentó que las irregularidades por las que propuso anular las elecciones fueron responsabilidad de los integrantes del Organismo Público Local Electoral, que en Puebla encabeza Jacinto Herrera.

Vargas consideró que se vulneró la garantía de audiencia de los partidos al ingresar a la bodega central al menos 50 veces en 53 días, sin avisar previamente a los representantes de cada formación política.

Destacó que se rompió la cadena de custodia del material electoral, presentando videos en los que se mostró el ingreso a la bodega electoral en donde se tenía el material resguardado de parte de más personas de las reportadas en la bitácoras y sin una justificación de por medio.

Además, afirmó que el órgano electoral sólo proporcionó videos de 12 de los 53 días que tuvo en resguardo la documentación y paquetería electoral de los comicios de gobernador.

Amén de ello aseguró que se acreditó la violencia generalizada al interior de casillas en 51 de las 116 señaladas en las demandas, en donde hubo robo, quema o destrucción de los materiales y documentos originales. En ocho casillas hubo disparos al aire y presencia de personas armadas.

Vargas apuntó que se acreditó que el presidente municipal de Cuetzalan del Progreso reconoció públicamente haber apoyado a la coalición ‘Por Puebla al Frente’ con el traslado de documentación electoral lícita.

No obstante, dijo que no se encontró responsabilidad en las anomalías por parte de Martha Erika Alonso, lo cual fue secundado por el resto de magistrados.

¿Quiénes votaron a favor y quiénes en contra?
Aunque el proyecto tuvo el respaldo de Vargas, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, así como de Mónica Aralí Soto, fue rechazado por Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña y la presidenta Janine Otálora Malassis.

Quienes votaron en contra argumentaron que no existen pruebas que demuestren que los funcionarios del órgano electoral local que entraron y salieron de la bodega del Instituto hayan manipulado los votos de la elección de gobernador, máxime que no hubo variaciones graves en todos los ejercicios de conteos de votos, incluyendo los ciudadanos y los hechos por el propio Tribunal.

Asimismo se consideró que las pruebas presentadas por Morena para anular la elección de Puebla fueron extemporáneas.

Ante la resolución, gente de Morena expresó su molestia a través de sus redes sociales, acusando a los magistrados de venderse al ‘morenovallismo’.

De hecho, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Juan Espinosa, advirtió, a través de su cuenta de Twitter, que “la mayoría de los diputados en el Congreso de Puebla no permitiríamos la sobrevivencia de un régimen monárquico como el que sufrimos en Puebla. Por eso anunciamos al Tribunal Electoral que si ellos no defienden la democracia, lo haremos nosotros solicitando la desaparición de poderes”.

Fuente: El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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