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Tribunales deben entrar al fondo del caso de María Eugenia Campos: Morena

Autoridades judiciales federales y estatales deben entrar de lleno al fondo de las acusaciones en contra de la presidente municipal con licencia de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, luego que su defensa se enfocó en atacar las formas, declaró el diputado local suplente, Román Alcantar Alvídrez.

Acompañado por una decena de abogados postulantes que integran el Comité de Salud Pública y defensa Ciudadana, el legislador suplente indicó que la ciudadanía debe conocer los procesos que se encuentran en el Poder Judicial, mientras que los funcionarios deben resolver conforme a derecho y sin privilegios como los que conceden en estos casos en específico.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que dejen de estar concediéndole amparos y qué entren al fondo del asunto, ella y sus abogados están atacando la forma de los procedimientos y no el fondo”, comentó.
Ayer, dijo, salió un acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE) solicitándole al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua que explique por qué la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) está vinculada a proceso y cuál es el objeto de las medidas cautelares que le impusieron.

“Eso es muy importante, detectamos que el Instituto Estatal Electoral va a entrar al fondo para determinar si la candidatura de Campos Galván es válida o no, y será el Tribunal el que nos diga si es una candidatura válida… estamos al pendiente de lo que pase en el Tribunal Estatal Electoral”, indicó.

Es importante que el Tribunal Estatal Electoral investigue y sea consciente del conflicto de interés que existe con la candidata del PAN, tiene la posibilidad de llegar al Gobierno del Estado y, entonces, se convertiría en juez y parte de su propio proceso, sería la jefa de la Fiscalía General del Estado y se genera un riesgo grave de que le dé “carpetazo” a las investigaciones que la involucran.

Recordó que todavía está pendiente un proceso abierto en contra de la misma candidata abierto por la Fiscalía Anticorrupción, al detectarse que -al parecer- recibió un millón 300 mil pesos por parte de cinco empresas diferentes contratadas por el Municipio de Chihuahua cuando ella fungía como Presidente Municipal.

“Hay una tarjeta de crédito que es la pieza clave de todo, se han rastreado pagos que hicieron con esta tarjeta en las ciudades de México, Monterrey y Chihuahua, además de Estados Unidos, Italia y Francia en restaurantes, compra de ropa, muebles y pagos de Uber, para nosotros es algo muy preocupante que ella, como funcionario público, se dio esos lujos cuando hay colonias en la ciudad de Chihuahua que ni siquiera tienen agua potable… y todavía pretende gobernar nuestro estado”, declaró Alcantar Alvídrez.

La abogada, Guillermina Solís, consideró importante que los ciudadanos se intereses en el tema debido a que los procesos en contra de Campos Galván son sólo una continuidad de la impunidad y de debe tener en cuenta lo que una situación así pudiera implicar en la vida pública y en las decisiones cotidianas.

“Es importante estar pendiente de este proceso, tanto abogados como ciudadanos, cualquiera que sea nuestro oficio, porque quienes pagamos los platos rotos somos los ciudadanos”, dijo.

Hay la tendencia, añadió, de acusar que se trata de señalamientos por cuestiones de género, pero no es así, ojalá se genere la consciencia suficiente para participar desde todos los sectores en este evento, que no es una cuestión partidista, sino de impunidad y corrupción.

El abogado, Gregorio Pérez Gastelum, dio a conocer que el 22 de abril se realizará la audiencia incidental del amparo que tramitó la defensa de Campos Galván, apenas tres días antes de la audiencia del pasado viernes 16 de abril.

“¿Cómo es posible que sabían antes lo que ocurriría y se esperan? Es una argucia nada ética de los abogados defensores, están actuando con dolo y alevosía en cuanto a tiempos procesales, saben que si lo presentan tres días antes de la audiencia será motivo para que se reprograme, tal como pasó”, señaló.

El próximo 2 de mayo se realizará la audiencia constitucional por ese amparo, se espera que el juez de Distrito sea objetivo y, como fue la vez anterior, deje sin efecto la suspensión que pretender obtener la candidata del PAN con el argumento de que no les dieron copias de lo ventilado.

Rafael Vázquez, abogado, expuso que los chihuahuenses deben saber que se trata de dos carpetas de investigación diferentes, con causas penales diferentes, avaladas con testigos involucrados que se acogieron al criterio de oportunidad, están participando y declaran en contra de Campos Galván.

“Todo esto debe preocuparnos, porque es una persona registrada como candidato a un cargo importante en el estado que no supo manejar adecuadamente los recursos y el cargo que se le confirió. Afortunadamente, se usaron los mecanismos legales adecuados para hacer del conocimiento de las autoridades electorales lo que ocurre”, puntualizó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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