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Trump anuncia este miércoles construcción del muro con México

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El presidente estadunidense Donald Trump comienza este miércoles a emitir órdenes ejecutivas sobre la inmigración, empezando con medidas para reforzar la seguridad fronteriza -incluido su muro propuesto en la frontera entre Estados Unidos y México- y otras políticas internas para controlar a los migrantes, según dos funcionarios del gobierno.

Días después, se espera que el mandatario tome medidas para restringir el flujo de refugiados a Estados Unidos.

Los planes propuestos incluyen al menos una suspensión de cuatro meses a todas las autorizaciones de ingreso de refugiados, así como una prohibición temporal a la gente que venga de algunos países de mayoría musulmana, de acuerdo con un representante de una organización de políticas públicas que monitorea asuntos de refugiados.

Dicha persona recibió los detalles de la acción propuesta de parte de un funcionario gubernamental y le esbozó a The Associated Press los pasos que se esperan.

Los funcionarios y el representante de la organización de políticas públicas insistieron en guardar el anonimato para poder confirmar los planes antes de que Trump haga el anuncio oficial. Se espera que el presidente firme la autorización para las primeras acciones el miércoles durante una visita al Departamento de Seguridad Nacional, y otras acciones adicionales se darán a conocer en los próximos días, de acuerdo con un funcionario.

En su cuenta personal en Twitter el martes por la noche, Trump tuiteó: «Mañana se planea un gran día en SEGURIDAD NACIONAL. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!».

Aparentemente aún falta definir los detalles finales sobre las restricciones a los refugiados. La persona que fue informada sobre las propuestas dijo que incluían una prohibición al ingreso a Estados Unidos durante 30 días de países entre los que están Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, aunque la persona advirtió que los detalles aún podrían cambiar.

Probablemente también habrá una excepción a la detención de refugiados para los que huyen de persecuciones religiosas si su religión es minoritaria en su país. Esa excepción podría incluir a cristianos que escapan de naciones con mayoría musulmana.

Trump prometió en su campaña hacer más estrictas las políticas migratorias de Estados Unidos, incluido el refuerzo a la seguridad fronteriza y refrenar el flujo de refugiados.

Exhortó también a detener el ingreso a territorio estadounidense de personas provenientes de países musulmanes, pero posteriormente modificó esa política a un enfoque sobre lo que llamó una «verificación de antecedentes extrema» de los individuos que vienen de naciones vinculadas al terrorismo.

Como mandatario, Trump puede utilizar una orden ejecutiva para detener la admisión de refugiados. El presidente George W. Bush utilizó ese mismo poder inmediatamente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La investigación de antecedentes de refugiados fue renovada y el proceso fue reiniciado varios meses después.

Aunque se desconocen los detalles específicos de las órdenes de Trump, los dos funcionarios dijeron que las acciones del miércoles estarían enfocadas en parte en los planes del presidente de construir un muro a lo largo de la frontera sur.

La insistencia del presidente de que México pagará el muro estuvo entre sus propuestas más populares durante la campaña y generó vítores en sus mítines.

El gobierno mexicano ha afirmado reiteradas veces que no pagará ningún muro fronterizo. Días atrás, Trump dijo que en un principio el proyecto será financiado con un proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso y a la larga México le reembolsará a Estados Unidos, aunque no ha especificado cómo garantizará que los mexicanos paguen.

Trump se reunirá con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en la Casa Blanca la semana próxima.

Al afirmar tener autoridad para construir un muro, Trump podría apoyarse en una ley de 2006 que autorizó la construcción de varios cientos de kilómetros de bardas a lo largo de la frontera de 3 mil 218 kilómetros. Ese proyecto de ley derivó en que fueran erigidos unos mil 120 kilómetros de diversos tipos de cercas diseñadas para impedir el paso de vehículos y peatones.

La Ley de la Cerca Segura fue promulgada por el presidente George W. Bush, y la mayor parte de las cercas en Texas, Nuevo México, Arizona y California fueron construidas antes de que él dejara el cargo. Las últimas partes fueron completadas después de que el presidente Barack Obama asumiera el puesto en 2009.

El gobierno de Trump también debe apegarse a un tratado firmado hace décadas con México que limita dónde y cómo pueden construirse estructuras a lo largo de la frontera.

Dicho tratado de 1970 requiere que las estructuras no alteren la corriente de los ríos, los cuales definen la frontera entre los dos países a lo largo de Texas y en 38 kilómetros de Arizona, de acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, una agencia conjunta mexicana-estadounidense que administra el tratado.

Otras acciones ejecutivas que se esperan el miércoles incluyen incrementar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y poner fin a lo que los republicanos han argumentado es un sistema de captura y liberación en la frontera. En la actualidad, a algunos inmigrantes que son sorprendidos mientras cruzan la frontera sin autorización se les dan avisos para que se reporten con las autoridades migratorias en una fecha posterior.

Si las acciones de Trump derivan en que los que sean sorprendidos sean encarcelados de inmediato, el gobierno tendría que definir cómo pagaría para obtener espacio en las cárceles con el fin de detener a todos, y qué hacer con los niños que sean capturados junto con sus padres mientras cruzan la frontera.

Noticias MVS

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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