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Trump tendrá para su defensa al fiscal que llevó a Clinton al ‘impeachment’

La Casa Blanca ya ha perfilado el equipo de juristas que defenderá al presidente Trump en el juicio sobre su destitución que arranca el próximo martes en el Senado. Al gabinete liderado por el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone y el letrado personal de Trump Jay Sekulow, cuyos nombres ya habían trascendido, se han sumado este viernes Kenneth Starr, Robert Ray y Alan Dershowitz. Starr fue el fiscal independiente que lideró la investigación sobre la vida sexual de Bill Clinton que llevó a su impeachment en 1998. Ray fue su sucesor, y quien redactó el informe final sobre el presidente demócrata. Dershowitz, por su parte, catedrático emérito de Harvard, se ha hecho famoso por defender a acusados de relumbrón como el jugador de fútbol americano O.J. Simpson.

Será Dershowitz el encargado de presentar las alegaciones iniciales en el Senado, según explicó el equipo legal en un comunicado que él mismo ha difundido en Twitter. El texto asegura que Dershowitz votó por Hillary Clinton y no por Trump, y que si participa en el juicio del impeachment es “para defender la integridad de la Constitución y prevenir la creación de un peligroso precedente».

Las noticias sobre la ampliación del equipo de defensa del presidente se producen la víspera de un fin de semana en que ambas partes, la defensa y la acusación, encarnada esta por los delegados nombrados por la Cámara de Representantes, deben producir sus respectivos escritos para el histórico proceso, que solo se ha celebrado dos veces antes en la historia. En esta ocasión, el presidente está acusado de los cargos de abuso del poder y obstrucción al Congreso, derivados de las supuestas presiones a Ucrania para que investigara a los rivales políticos de Trump.

El juicio en el Senado, modelado por la mayoría republicana y presidido por el juez del Supremo John Roberts, será el momento de la defensa de Trump. Durante los cuatro meses que han transcurrido desde que empezó a conocerse la trama ucrania, el entorno del presidente no ha ofrecido una explicación en profundidad de su versión de la historia. Durante el proceso en la Cámara de Representantes, los abogados de Trump enviaron cartas a los legisladores demócratas denunciando supuestas irregularidades de forma. Pero no han ofrecido una versión completa de los hechos para contraponer a la que ha emergido de la investigación, más allá de los tuits y comentarios públicos del presidente que se limita prácticamente a tachar el proceso de “farsa” o “caza de brujas”. La Casa Blanca declinó el ofrecimiento de enviar a sus abogados a las audiencias en la Cámara baja, y eran los congresistas republicanos los que defendían al presidente, básicamente repitiendo su guion. Por eso la expectación, de cara a la exposición de la defensa, es alta.

Fuente : El País

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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