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México

Turnan a congresos estatales reforma que prohíbe vapeadores y uso ilícito del fentanilo

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, así como turnó a los Congresos estatales la reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estipula la prohibición y sanción de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y el uso ilícito de fentanilo.

En la sesión de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, destacó la aprobación de estas reformas tiene el propósito de prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos.

Se destaca que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas y precursores.

La reforma al artículo 4 constitucional incluye la obligación de sancionar actividades relacionadas con sistemas o dispositivos como cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos, fentanilo y drogas sintéticas no autorizadas.

En tribuna el senador del PAN, Ricardo Anaya, respaldó la reforma contra el uso ilícito del fentanilo, «porque una cosa es el uso médico para anestesiar pacientes y otra cosa es el uso ilícito de esta droga que a tanta gente mata. Estamos en contra del uso ilícito».

«Y respecto de los vapeadores, coincidimos, en que no queremos que los menores de edad tengan acceso a los vapeadores y se hagan adictos a distintas substancias y también coincidimos, ojalá esto pueda quedar muy claro para que el debate no se desvíe, coincidimos en que los vapeadores no son algo a promover, no son algo saludable que el Estado deba promocionar».

Sin embargo, cuestionó que la reforma de Morena el por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas, o sea ¿en qué momento se les ocurrió que solo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución?

«La respuesta es, que están usando la Constitución y es una falta de respeto brutal para mandarle un mensaje a Donald Trump, porque de hecho la crisis del fentanilo no es una crisis mexicana, es una crisis gringa».

Asimismo, cuestionó que en el mismo párrafo se pone al mismo nivel un vapeador -cuando hay más de 2 millones de personas en México que los utilizan- con el fentanilo, una sustancia que efectivamente con una pequeñita sobredosis la persona se queda dormida y ya no despierta, por eso muere tanta gente de sobredosis de fentanilo… «en el mismo párrafo al mismo nivel el fentanilo y los vapeadores, otra aberración monumental».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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