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México

Uber suspende operaciones en Durango por amenazas

La empresa de transporte privado Uber anunció la suspensión de su llegada al estado de Durango luego de la férrea resistencia de los sindicatos y de las amenazas que recibió por parte del gobierno local al criminalizar el servicio y señalar que serían detenidos todos aquellos socios de esta modalidad de transporte.

Luis De Uriarte, vocero de Uber, atribuyó la suspensión a la amenaza del director de Transportes del gobierno del estado, Juan Francisco Soto Ledezma, ya que muchas veces los criminalizó y advirtió que quien prestara el servicio de Uber incurriría en un delito y sería castigado con cárcel.

En ese tenor, Durango no tiene condiciones para dar esta oportunidad de autoempleo a sus ciudadanos, ni a mejorar el transporte. Es lamentable que Durango se cierre de esta manera, a pesar de que es el séptimo estado con mayor desempleo en el país.

La decisión de la empresa para suspender su llegada es tanto en la capital del estado, como a la ciudad de Gómez Palacio, cuya proyección en generación de empleos era de 5 mil y 8 mil, respectivamente; es decir que se perdieron 13 mil empleos para los duranguenses.

La entrada de Uber a la zona norte se tenía prevista en las entidades de Durango y Coahuila; únicamente se suspendió en Durango y Gómez Palacio, de tal suerte que en Torreón y Saltillo, Coahuila, comenzará a operar a partir del próximo 2 de agosto.

Posterior a que se conoció la noticia, empresarios locales, calificaron de caciques y dinosaurios a los sindicatos del transporte y criticaron la poca disponibilidad de gobierno del Estado, ya que está frenando una oportunidad de empleo y desarrollo económico.

Por su parte el secretario general de gobierno, Miguel Ángel Olvera Escalera y Juan Soto Ledezma, director de Transportes, ofrecieron una conferencia donde señalaron que el marco jurídico local no permite la prestación de un servicio como Uber. El Artículo 360 del Código Penal refiere: «A quien posea, conduzca o preste el servicio público de transporte a pasajeros, carga o mixto, sin concesión, permiso o autorización del gobierno del estado se le aplicará una sanción de 2 a 7 años de prisión, así como una multa de 880 a 2 mil 230 días de salario mínimo».

Además, aseguraron que no hubo ningún acercamiento formal por parte de los directivos de la empresa en mención, ya que por escrito no tiene ninguna solicitud para operar en la entidad; descartaron haber sido sometidos por los líderes sindicales que tienen asentada una mafia.
Jorge Balderrama, directivo de políticas de Uber, tuvo comunicación vía telefónica con el secretario de gobierno, llamada en la que le hizo énfasis en la no existencia de una solicitud escrita para iniciar operaciones y también se dejó abierta la posibilidad de una nueva cita para negociar en un futuro próximo.

Uber le planteó que preferían no exponer a los socios de la empresa a ser perseguidos y encarcelados por la Dirección de Transportes de Durango.

El Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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