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México

Ubica PGR 40 sitios donde pueden estar los normalistas desaparecidos

Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que en los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula detectó más de 40 sitios donde existen fosas clandestinas y que investiga más de mil números telefónicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La dependencia tardó dos años en investigar y coincidentemente realizó este anuncio a seis días de que los padres de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, acordaron suspender los diálogos después de decirse engañados por la procuradora Arely Gómez y por el presidente Enrique Peña Nieto.
Con el fin de presionar a los padres para reanudar el diálogo, el martes pasado el titular de la oficina de investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, indicó que para abrir las fosas la PGR requiere que los padres retornen a las mesas de diálogo para acordar con ellos las fechas en que se realizarán esas diligencias de búsqueda.
Dijo que la investigación para detectar las fosas, se realiza utilizando la tecnología Lidar, que consiste en la integración de tecnologías GPS, unidad de medición inercial y sensor láser, en la colecta de datos de altitud, las cuales permiten conocer si un terreno o superficie ha sido removida a pesar de que existan zonas boscosas.

POLICÍAS DE HUITZUCO
La toma de imágenes que se obtienen en las cámaras colocadas en un Lear Jet abarcan hasta 400 metros de ancho sobre el terreno por una larga línea que puede extenderse a lo largo de varios kilómetros, y ello permitió que los analistas ofrezcan a los investigadores de la PGR más de 40 zonas donde podrían localizar fosas clandestinas.
Según Higuera Bernal, los avances que registra la investigación confirmaron los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que afirma que en la desaparición de los jóvenes también participaron policías municipales de Huitzuco, quienes se movilizaron entre ese ayuntamiento e Iguala en las horas en que los estudiantes fueron privados de su libertad y puestos en manos de integrantes del grupo criminal Guerreros unidos.
En lo que se refiere al estudiante Julio Cesar Mondragón, quien según la CNDH fue objeto de actos de tortura antes de ser asesinado el 27 de septiembre de 2014, la PGR inició una indagatoria por el delito de tortura
La PGR tardó dos años en investigar y a seis días de que los padres rompieron el diálogo, dio a conocer que como parte de las nuevas indagatorias tiene más de mil números telefónicos en investigación para determinar quiénes, además de las 123 personas detenidas y consignadas, participaron en la desaparición de los normalistas.

DOS AÑOS DESPUÉS…
Informó que en solo una semana, a través de las compañías telefónicas, obtuvo ocho mil ‘‘sábanas’’ o informes de llamadas telefónicas y rutas que siguieron los portadores de teléfonos y que deben ser analizadas, información que la PGR tardó dos años en solicitar.
También dijo que en el último mes, la PGR ha interrogado a más de cien funcionarios, entre ellos alcaldes de Guerrero, policías municipales de Huitzuco y otras comunidades, así como policías federales, para deslindar responsabilidades.
A dos años de la desaparición de los normalistas la Procuraduría omitió abrir líneas de investigación como es el caso de las líneas telefónicas y la detección de fosas clandestinas a través de alta tecnología.

Fuente: APRO

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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