México
UIF indaga en las cuentas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisó las cuentas bancarias de los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y derivado de la denuncia por corrupción presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con El Universal.
Asimismo, mencionó que la dependencia tiene en curso otras indagaciones en contra de otros 70 funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento sólo se ha solicitado la revisión de las finanzas de 19 personas, incluidos los tres exmandatarios, así como Luis Videgaray, Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, entre otros.
Con esta denuncia, Lozoya espera que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos que se le imputan por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, será la misma Fiscalía la que determinará si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.
(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)El diario mexicano recalcó que desde noviembre del 2020, la FGR ya había solicitado información a la UIF acerca de las finanzas de las 19 personas actualmente investigadas.
Sin embargo, fuentes consultadas por el rotativo aclararon que Jose Antonio Meade, excandidato presidencial, y Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador de Puebla, no registraron irregularidades en sus finanzas.
Otros nombres que también figuran en la lista de investigados son: el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los legisladores del PAN, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el también exdirector de PEMEX, Carlos Treviño Medina; el exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub y Luis Lavalle Maury.
Éste último es, hasta el momento, el único exfuncionario que ha sido encarcelado, preventivamente, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, – presuntamente, a raíz de las declaraciones de Lozoya.
(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)Cabe recordar que ayer, 24 de mayo, el portal Animal Político reveló que la FGR había acusado a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y Ricardo Anaya de haber cometido sobornos por casi 100 millones de pesos para aprobar la reforma energética entre 2013 y 2014.
El sitio de noticias detalló que estos tres imputados, así como Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, son señalados por llevar a cabo un esquema delictivo permitieron a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht” para aprobar dicha reforma.
Para este caso las pruebas de la dependencia también se sostuvieron en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron en la entrega de dinero, así como en testimonios de exdirectivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos.
(Foto: CARLOS PEREDA MUCINO/NOTIMEX)Aunado a elllo, el Instituto de Transparencia mexicano ordenó a la Fiscalía que diera a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del ex presidente del país, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como parte de la petición, el INAI determinó que la FGR deberá dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembre del año 2000 hasta el 29 de enero del 2021.
En el informe, la dependencia deberá detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal, entre otros requerimientos más.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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