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México

UIF indaga en las cuentas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIFrevisó las cuentas bancarias de los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y derivado de la denuncia por corrupción presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con El Universal.

Asimismo, mencionó que la dependencia tiene en curso otras indagaciones en contra de otros 70 funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento sólo se ha solicitado la revisión de las finanzas de 19 personas, incluidos los tres exmandatarios, así como Luis Videgaray, Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, entre otros.

Con esta denuncia, Lozoya espera que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos que se le imputan por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, será la misma Fiscalía la que determinará si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.

(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)
(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

El diario mexicano recalcó que desde noviembre del 2020, la FGR ya había solicitado información a la UIF acerca de las finanzas de las 19 personas actualmente investigadas.

Sin embargo, fuentes consultadas por el rotativo aclararon que Jose Antonio Meade, excandidato presidencial, y Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador de Puebla, no registraron irregularidades en sus finanzas.

Otros nombres que también figuran en la lista de investigados son: el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los legisladores del PAN, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el también exdirector de PEMEX, Carlos Treviño Medina; el exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub y Luis Lavalle Maury.

Éste último es, hasta el momento, el único exfuncionario que ha sido encarcelado, preventivamente, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, – presuntamente, a raíz de las declaraciones de Lozoya.

(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Cabe recordar que ayer, 24 de mayo, el portal Animal Político reveló que la FGR había acusado a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y Ricardo Anaya de haber cometido sobornos por casi 100 millones de pesos para aprobar la reforma energética entre 2013 y 2014.

El sitio de noticias detalló que estos tres imputados, así como Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, son señalados por llevar a cabo un esquema delictivo permitieron a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht” para aprobar dicha reforma.

Para este caso las pruebas de la dependencia también se sostuvieron en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron en la entrega de dinero, así como en testimonios de exdirectivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos.

(Foto: CARLOS PEREDA MUCINO/NOTIMEX)
(Foto: CARLOS PEREDA MUCINO/NOTIMEX)

Aunado a elllo, el Instituto de Transparencia mexicano ordenó a la Fiscalía que diera a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del ex presidente del país, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como parte de la petición, el INAI determinó que la FGR deberá dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembre del año 2000 hasta el 29 de enero del 2021.

En el informe, la dependencia deberá detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal, entre otros requerimientos más.

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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