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México

UIF indaga en las cuentas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIFrevisó las cuentas bancarias de los expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) y derivado de la denuncia por corrupción presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con El Universal.

Asimismo, mencionó que la dependencia tiene en curso otras indagaciones en contra de otros 70 funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento sólo se ha solicitado la revisión de las finanzas de 19 personas, incluidos los tres exmandatarios, así como Luis Videgaray, Miguel Barbosa, Roberto Gil Zuarth, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, entre otros.

Con esta denuncia, Lozoya espera que la Fiscalía le otorgue un criterio de oportunidad frente a los delitos que se le imputan por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados. Sin embargo, será la misma Fiscalía la que determinará si la información proporcionada fue suficiente para llevar a juicio y obtener sentencias contra algunos de los imputados.

(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)
(Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

El diario mexicano recalcó que desde noviembre del 2020, la FGR ya había solicitado información a la UIF acerca de las finanzas de las 19 personas actualmente investigadas.

Sin embargo, fuentes consultadas por el rotativo aclararon que Jose Antonio Meade, excandidato presidencial, y Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador de Puebla, no registraron irregularidades en sus finanzas.

Otros nombres que también figuran en la lista de investigados son: el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; los legisladores del PAN, Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero, el también exdirector de PEMEX, Carlos Treviño Medina; el exdirector del Infonavit, David Penchyna Grub y Luis Lavalle Maury.

Éste último es, hasta el momento, el único exfuncionario que ha sido encarcelado, preventivamente, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, – presuntamente, a raíz de las declaraciones de Lozoya.

(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)(Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Cabe recordar que ayer, 24 de mayo, el portal Animal Político reveló que la FGR había acusado a Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y Ricardo Anaya de haber cometido sobornos por casi 100 millones de pesos para aprobar la reforma energética entre 2013 y 2014.

El sitio de noticias detalló que estos tres imputados, así como Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, son señalados por llevar a cabo un esquema delictivo permitieron a Peña Nieto y a Videgaray sobornar a legisladores con transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht” para aprobar dicha reforma.

Para este caso las pruebas de la dependencia también se sostuvieron en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron en la entrega de dinero, así como en testimonios de exdirectivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos.

(Foto: CARLOS PEREDA MUCINO/NOTIMEX)
(Foto: CARLOS PEREDA MUCINO/NOTIMEX)

Aunado a elllo, el Instituto de Transparencia mexicano ordenó a la Fiscalía que diera a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del ex presidente del país, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como parte de la petición, el INAI determinó que la FGR deberá dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembre del año 2000 hasta el 29 de enero del 2021.

En el informe, la dependencia deberá detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de ésta, el estatus de cada una y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal, entre otros requerimientos más.

México

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo Appel por huachicol fiscal y seguirá recluido en el Altiplano

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La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y a siete personas más por su probable participación en delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó datos que la juzgadora consideró suficientes para avanzar con el proceso; lo que todavía no está determinado es su culpabilidad ni una posible sentencia.

La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones del Poder Judicial de la Federación anexas al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia fue encabezada por Ramírez de la Vega, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de esa localidad.

¿Qué significa que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso?

La vinculación a proceso significa que la jueza encontró datos que permiten considerar, en esta etapa inicial, que pudo haberse cometido un delito y que existe una probabilidad de participación de las personas imputadas.

El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para dictar esta resolución debe haberse formulado la imputación, otorgado al acusado la posibilidad de declarar y presentado datos sobre un hecho señalado como delito. También se requiere que no exista una causa que extinga la acción penal o excluya el delito.

La decisión no determina que Ruffo o los demás acusados sean responsables. Los datos utilizados para vincularlos tampoco pueden convertirse automáticamente en las pruebas de una sentencia. Durante la investigación complementaria, la Fiscalía deberá fortalecer su acusación, mientras las defensas podrán presentar documentos, peritajes y testimonios para controvertirla.

¿Cómo habría operado la red de huachicol ferroviario?

La FEMDO sostiene que Ruffo y sus coacusados habrían diseñado un esquema de simulaciones mediante 11 empresas. El objetivo habría sido introducir ilegalmente a México 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques ferroviarios.

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