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UN ACTO DESDE ARRIBA Y UN PACTO DESDE ABAJO Por Víctor Quintana

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Al cumplirse 23 años del   asesinato de Zapata, el Caudillo del Sur fue conmemorado por los candidatos presidenciales  del PRI-PVEM y del Movimiento Progresista en sendos actos el martes 10, Fueron actos muy diferentes:   el encabezado por Peña Nieto, en el estado de México, se distinguió por el alarde de logística y los altisonantes discursos sobre la soberanía alimentaria. Quién sabe qué entenderán por ella el candidato y las huestes de la CNC. Porque esta organización fue ajusteestructuralista cuando Miguel de la Madrid se lo mandó;  fue defensora del TLCAN cuando Salinas se lo ordenó y ahora es defensora de los transgénicos, tal vez porque Monsanto se lo pagó.   No pueden salvar al campo quienes fueron perpetradores de su hundimiento. Acordándose tal vez de eso, buena parte de los campesinos asistentes al acto fueron vaciándolo antes de terminar.

 

El acto que López Obrador presidió en Torreón, más allá del discurso fue la lectura por una mujer campesina del documento de las organizaciones agrarias, el  Plan de Ayala para el Siglo XXI y la firma del Pacto  para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México. A pesar del inclemente sol del desierto lagunero, aumentado por el reflejo de los cerros calizos y pelones, el contingente campesino aguantó completo hasta la firma del documento.

 

El Plan de Ayala para el Siglo XXI, surge de un proceso iniciado  en noviembre pasado, en Ayoxuxtla, Puebla, lugar de la promulgación del Plan de Ayala zapatista, hace 100 años. Las organizaciones que apoyan el Movimiento de Regeneración Nacional, acordaron con AMlLO iniciar toda una serie de reuniones de trabajo y de consulta con campesinos, campesinas, productores empresariales, jornaleros agrícolas, académicos, técnicos, para elaborar una propuesta de pacto que recogiera  las demandas  básicas e históricas del campesinado y otros actores rurales y a fin de entregárselo para que lo asuma como un compromiso y plan de gobierno para el sector agropecuario.

 

Inicialmente se pensó construir el pacto mediante foros a celebrarse las 3 o 4 regiones del país, pero fue tanto el interés que terminan realizándose 6 foros, desde Yucatán hasta Baja California, desde el sur indígena hasta el norte árido y  también un foro binacional con los jornaleros oaxaqueños en Los Ángeles, California.

 

El resultado es un documento bastante esencial, asequible, que recoge las demandas centrales de cada región y tipo de productores. Se va a las cuestiones esenciales y no se enreda en políticas y medidas secundarias En una breve introducción explica cómo fue confeccionado, siguen 11  apartados en que se exponen las cuestiones centrales: el primero de ellos hace un diagnóstico de la ya muy conocida situación de devastación y violencia en el medio rural y ubica sus raíces en los treinta años de políticas anti agrarias del PRI y del PAN.

 

Enseguida se deja muy  que las mujeres y los hombres del campo  se asumen como un sujeto de la salvación de México y no como sólo objetos o beneficiarios de políticas. Y luego se plantean sus demandas y compromisos en ocho apartados desde una perspectiva de derechos: derecho a la tierra; a la alimentación y a la soberanía alimentaria; derechos del trabajo rural, asalariado o por cuenta propia; derecho a una vida buena y a servicios sociales de calidad; al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; a una naturaleza sana; derechos de los sectores postergados: mujeres, indios, jóvenes. Y se termina con un derecho clave en un mundo donde ha imperado el corporativismo: el derecho a la libertad política y a la verdadera democracia.

 

Un López Obrador asoleado y entusiasmado, firmó el Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México teniendo como fedatarios públicos a miles de campesinas, campesinos y hasta empresarios agrícolas,  puso fecha para que el país logre la plena soberanía alimentaria: a mitad del próximo sexenio, a fin de que “ningún mexicano padezca hambre”. Por parte de las organizaciones campesinas suscribieron el pacto 94 de ellas, de carácter nacional y regional.

El Plan de Ayala para el Siglo XXI y el Pacto para el rescate del campo son  esfuerzos, de inclusión no sólo de las demandas campesinas, sino también  de los productores empresariales, de todos aquellos homogenizados por la crisis productiva inducida por los neoliberales. Asumen la responsabilidad no sólo de los productores, sino también de los consumidores de alimentos. Marcan hasta ahora la única vía para rescatar la agricultura y la alimentación de México  con justicia y sustentabilidad. Es notable que de los cuatro candidatos a la presidencia, López Obrador sea el único que propicie, acepte  y luego suscriba sin condiciones un documento elaborado desde abajo, desde la pluralidad de organizaciones y de  gente estudiosa y preocupada por el agro nacional.

 

Un esfuerzo así no debe desperdiciarse. Ha de compartirse, discutirse, enriquecerse con el aporte de más y más organizaciones.  Si López Obrador gana, será la guía de exigencia y evaluación a su gobierno en materia agropecuaria. Si no, será la bandera de lucha, el ideario que sostenga otro largo ciclo de resistencia campesina.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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