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Opinión

UN ACTO DESDE ARRIBA Y UN PACTO DESDE ABAJO Por Víctor Quintana

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Al cumplirse 23 años del   asesinato de Zapata, el Caudillo del Sur fue conmemorado por los candidatos presidenciales  del PRI-PVEM y del Movimiento Progresista en sendos actos el martes 10, Fueron actos muy diferentes:   el encabezado por Peña Nieto, en el estado de México, se distinguió por el alarde de logística y los altisonantes discursos sobre la soberanía alimentaria. Quién sabe qué entenderán por ella el candidato y las huestes de la CNC. Porque esta organización fue ajusteestructuralista cuando Miguel de la Madrid se lo mandó;  fue defensora del TLCAN cuando Salinas se lo ordenó y ahora es defensora de los transgénicos, tal vez porque Monsanto se lo pagó.   No pueden salvar al campo quienes fueron perpetradores de su hundimiento. Acordándose tal vez de eso, buena parte de los campesinos asistentes al acto fueron vaciándolo antes de terminar.

 

El acto que López Obrador presidió en Torreón, más allá del discurso fue la lectura por una mujer campesina del documento de las organizaciones agrarias, el  Plan de Ayala para el Siglo XXI y la firma del Pacto  para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México. A pesar del inclemente sol del desierto lagunero, aumentado por el reflejo de los cerros calizos y pelones, el contingente campesino aguantó completo hasta la firma del documento.

 

El Plan de Ayala para el Siglo XXI, surge de un proceso iniciado  en noviembre pasado, en Ayoxuxtla, Puebla, lugar de la promulgación del Plan de Ayala zapatista, hace 100 años. Las organizaciones que apoyan el Movimiento de Regeneración Nacional, acordaron con AMlLO iniciar toda una serie de reuniones de trabajo y de consulta con campesinos, campesinas, productores empresariales, jornaleros agrícolas, académicos, técnicos, para elaborar una propuesta de pacto que recogiera  las demandas  básicas e históricas del campesinado y otros actores rurales y a fin de entregárselo para que lo asuma como un compromiso y plan de gobierno para el sector agropecuario.

 

Inicialmente se pensó construir el pacto mediante foros a celebrarse las 3 o 4 regiones del país, pero fue tanto el interés que terminan realizándose 6 foros, desde Yucatán hasta Baja California, desde el sur indígena hasta el norte árido y  también un foro binacional con los jornaleros oaxaqueños en Los Ángeles, California.

 

El resultado es un documento bastante esencial, asequible, que recoge las demandas centrales de cada región y tipo de productores. Se va a las cuestiones esenciales y no se enreda en políticas y medidas secundarias En una breve introducción explica cómo fue confeccionado, siguen 11  apartados en que se exponen las cuestiones centrales: el primero de ellos hace un diagnóstico de la ya muy conocida situación de devastación y violencia en el medio rural y ubica sus raíces en los treinta años de políticas anti agrarias del PRI y del PAN.

 

Enseguida se deja muy  que las mujeres y los hombres del campo  se asumen como un sujeto de la salvación de México y no como sólo objetos o beneficiarios de políticas. Y luego se plantean sus demandas y compromisos en ocho apartados desde una perspectiva de derechos: derecho a la tierra; a la alimentación y a la soberanía alimentaria; derechos del trabajo rural, asalariado o por cuenta propia; derecho a una vida buena y a servicios sociales de calidad; al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; a una naturaleza sana; derechos de los sectores postergados: mujeres, indios, jóvenes. Y se termina con un derecho clave en un mundo donde ha imperado el corporativismo: el derecho a la libertad política y a la verdadera democracia.

 

Un López Obrador asoleado y entusiasmado, firmó el Pacto para el rescate del campo y la soberanía alimentaria de México teniendo como fedatarios públicos a miles de campesinas, campesinos y hasta empresarios agrícolas,  puso fecha para que el país logre la plena soberanía alimentaria: a mitad del próximo sexenio, a fin de que “ningún mexicano padezca hambre”. Por parte de las organizaciones campesinas suscribieron el pacto 94 de ellas, de carácter nacional y regional.

El Plan de Ayala para el Siglo XXI y el Pacto para el rescate del campo son  esfuerzos, de inclusión no sólo de las demandas campesinas, sino también  de los productores empresariales, de todos aquellos homogenizados por la crisis productiva inducida por los neoliberales. Asumen la responsabilidad no sólo de los productores, sino también de los consumidores de alimentos. Marcan hasta ahora la única vía para rescatar la agricultura y la alimentación de México  con justicia y sustentabilidad. Es notable que de los cuatro candidatos a la presidencia, López Obrador sea el único que propicie, acepte  y luego suscriba sin condiciones un documento elaborado desde abajo, desde la pluralidad de organizaciones y de  gente estudiosa y preocupada por el agro nacional.

 

Un esfuerzo así no debe desperdiciarse. Ha de compartirse, discutirse, enriquecerse con el aporte de más y más organizaciones.  Si López Obrador gana, será la guía de exigencia y evaluación a su gobierno en materia agropecuaria. Si no, será la bandera de lucha, el ideario que sostenga otro largo ciclo de resistencia campesina.

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Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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