Un juez de Phoenix, Arizona, ordenó este miércoles que la oficina del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, sea vigilada por un observador independiente y por una junta comunitaria asesora que supervisen sus actividades.
El juez Murray Snow encontró en mayo pasado que Arpaio y su oficina cometía discriminación racial contra los latinos y ordenó al «alguacil más duro de Estados Unidos» (un apodo que Arpaio destaca en su sitio de internet) detener la discriminación inmediatamente. Además, prohibió algunos de sus procedimientos.
La oficina del sheriff de Maricopa tiene una larga historia de detención de vehículos con ocupantes de piel morena o ascendencia latina. Los revisa más estrictamente y los para con más frecuencia, según Snow.
Tras recibir la orden de este miércoles, Arpaio emitió un comunicado en el que afirmó que está analizándola junto con sus abogados, e identificando áreas de estas que pueden ser sujetas a apelación.
«Para dejarlo en claro, el monitor nombrado no tendrá autoridad de veto sobre mis obligaciones u operaciones», afirmó el alguacil. «Como el alguacil de Maricopa electo constitucionalmente, seguiré realizando mis deberes y haciendo cumplir las leyes».
Según la orden del juez, el observador podrá supervisar todas las actividades de la oficina de Arpaio y de sus agentes, desde redadas hasta controles de tráfico, para asegurarse de que no se violen los derechos de la comunidad latina.
En el caso de las redadas, los agentes de Arpaio deberán de explicar los resultados de las mismas a la junta comunitaria en un plazo no mayor a 30 días.
Dicha junta estará formada por tres miembros designados por la oficina de Arpaio y otros tres por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, la organización que, en nombre de un turista latino detenido en 2007 por los agentes de Arpaio, en mayo pasado ganó una demanda contra su oficina.
Si la redada es contra un grupo de inmigrantes ilegales, el plazo para informar a la junta se reduce a 24 horas, siempre y cuando esto no comprometa a otra investigación criminal, en cuyo caso será el propio juez Snow quien determinará la legalidad de dicha acción.
El caso contra Arpaio se remonta a 2007, cuando Manuel Ortega Melendres, quien visitaba Arizona con una visa válida, fue arrestado por un grupo de policías que lo detuvieron cuando iba en su auto.
Melendres, que no habla inglés, dice que mostró su identificación a los agentes, pero que estos lo trataron mal y lo arrestaron. Permaneció horas encerrado en una celda antes de que un agente federal de inmigración confirmara que sus documentos estaban en orden.
La oficina de Arpaio destaca por ser la tercera más grande en Estados Unidos, con más de 3.400 empleados.
Antes de ser alguacil, Arpaio era un agente antinarcóticos federal que trabajó para la agencia contra las drogas de Arizona.
En abril pasado, un inspector postal interceptó un paquete explosivo en contra del alguacil. Fue enviado un día después de que el departamento recibiera una amenaza de muerte de un cártel de las drogas.
En una entrevista con CNN antes de que iniciara su juicio, Arpaio dijo que su oficina seguiría persiguiendo a los inmigrantes ilegales.
«Sé que estoy haciendo lo correcto. No me rendiré ante esos grupos pequeños, gente que no le gusta lo que hago. ¿Creen que me rendiré? Jamás”, dijo el alguacil.