Opinión

Un mundo antihumano. Por Itali Heide

Itali Heide

En los cuentos de hadas que nos leían de niños, soñamos con el poder del amor, el poder de la aceptación, el poder de creer en nosotros mismos y el poder de la amistad. Listos para salir al mundo con esas expectativas utópicas que el mundo nos prometió, nos encontramos con una cruel realidad. El poder del odio se impuso sobre el poder del amor. El poder de la opresión era más fuerte que el poder de la aceptación. El poder de la envidia reinó sobre el poder de la amistad. Sobre todo, el poder estaba en manos de los actos de violencia, la intolerancia, el miedo, el control y, sobre todo, el poder del dinero y el dinero del poder.

Millones de sueños y anhelos han sido aplastados, vidas conteniendo la esperanza de vivir libremente, obligadas a trabajar hasta la muerte bajo el reinado de un mundo que ha dejado que el capitalismo se le vaya de las manos. No se puede negar este hecho. Tener poder es la variable más importante para conseguir lo que se quiere en este mundo. Dicen mucho: <Trabaja duro y podrás lograr cualquier cosa>.

¿Qué pasa con los que trabajan turnos de 12 horas en las máquilas con costras en las manos, la gente agachada en los campos sacrificando su espalda a la cosecha millonaria a la que sólo le corresponden centavitos? ¿Qué pasa con los propietarios de pequeñas empresas cuyos ahorros de toda la vida se han echado a perder porque no pueden competir con las corporaciones? Las madres que trabajan con sus bebés en la espalda vendiendo pan, los hombres que abren su puesto de frutas todos los días, los que venden películas en estacionamientos, los que limpian cristales en los semáforos por unos pocos pesos.

No es cuestión de <trabajar duro>, tampoco de <trabajar inteligentemente>. Se trata del privilegio, del dinero y del poder, y quien no posea alguna de estas cualidades desde su nacimiento, encontrará el camino hacia la felicidad y el éxito construido para frenarlo sistemáticamente. No sólo somos responsables de las millones de vidas afectadas por la opresión que es proporcionada por estado de hipercapitalismo y consumo, alimentado por los medios y redes sociales, y controlado por las corporaciones que se niegan a asumir responsabilidades, sino que también somos responsables de la destrucción del planeta. Un mundo, con miles de millones de años de antigüedad, exprimido y explotado hasta un punto de no retorno sólo en el último siglo. Somos codiciosos, envidiosos y, peor que nada, adictos a un sistema que ya no sostiene a la raza humana.

¿Por qué nos rehusamos tanto al cambio? Es realmente la única manera de avanzar, pero a la mayoría de las corporaciones que sostienen el sistema y las personas que participan en ella sin pensarlo dos veces, no les importa lo más mínimo. No podemos pretender ser un mundo en el que los sueños se hagan realidad, mientras sigamos siendo un mundo en el que los sueños llegan a morir para la mayoría de los que aún se aferran a la esperanza. Somos nuestro peor enemigo, y en lugar de centrarnos en cuestiones que cambien las estructuras de poder de manera que allanen el camino de las oportunidades para todos, seguimos luchando las guerras ideológicas que nos han mantenido atorados durante siglos: la discriminación, la pobreza, el racismo, la homofobia, la xenofobia y la violencia que acompaña a estas guerras antihumanas.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.