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México

Una llamada cambió el destino de los 43 de Ayotzinapa; se cumplen 6 años del caso

Por un cambio de orden, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron “eliminados” y “desaparecidos” hace 6 años.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, aseguró a Excélsior que, de acuerdo con las investigaciones del caso, entre las diez y las 11 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.

Explicó que, tras un enfrentamiento y una persecución a balazos por parte de sus atacantes, muchos estudiantes quedaron heridos. Ellos fueron separados de sus compañeros ilesos y trasladados al hospital, incluso a bordo de patrullas y ambulancias.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos. Sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche, viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores: deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”, indicó.
Esta tesis del “cambio de orden” fue planteada por la CNDH en su Recomendación 15VG/2018, donde señala que César Nava, entonces subdirector de la policía de Cocula y presente aquella noche, se retiraba de Iguala cuando recibió una llamada de alguien identificado como El Patrón. Tras esto, el mando regresó a la comandancia de Iguala para exigir que por “orden de arriba” les entregaran a los normalistas que para ese momento estaban detenidos.

Un cambio de orden” provocó hace seis años que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueran “eliminados” y “desaparecidos”, aseguró a Excélsior el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales.

Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones del caso, aproximadamente en una hora —entre las 10 y las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014—, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.

Previo al sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que conmemorarán con una marcha, Rosales expone la línea de investigación sobre ese “cambio de orden”.

Ese modus operandi de las agresiones a los estudiantes se tiene que investigar de manera profunda, exhaustiva, porque los datos de prueba dan cuenta que hasta las 10 de la noche, por lo menos, la forma y el comportamiento de los agresores no era para desaparecer, no era para eliminar a los normalistas”, afirmó.

La tesis del “cambio de orden” a la que se refiere Vidulfo Rosales, fue planteada e investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 15VG/2018 Caso Iguala.

Para sustentar el “cambio de orden” que redimensionó el caso de los normalistas durante los hechos en Iguala, Rosales refiere:

Si bien es cierto que hubo un enfrentamiento, una persecución a balazos, donde hubo un herido de gravedad que es Aldo Solano, en Periférico Norte, muchos estudiantes que salieron heridos, fueron bajados del autobús, apartados con los que estaban ilesos y tendidos en la banqueta; todos los heridos fueron llevados al hospital; incluso algunos en las patrullas de la policía municipal, en ambulancias y recibieron atención médica”.

Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos, sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores; a partir de ahí deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”.

A pregunta expresa sobre si César Nava, entonces subdirector de la policía municipal de Cocula fue quién recibió el “cambio de orden” de parte de alguien identificado por la CNDH como El Patrón, Rosales dijo:

Ese dato yo no lo tengo preciso. No puedo asegurar ese dato de prueba, no tengo los elementos, pero lo que puedo decir es esto: los datos de prueba nos indican que después de las 11 de la noche la orden fue de desaparecer; antes no había una orden de desaparecerlos. Los datos nos indican el modus de los agresores y no había orden de desaparecer”.

Sobre quién dio ese “cambio de orden”, Rosales dijo que “tenemos algunos indicios, son parte de la investigación, no son susceptibles de referirlos públicamente”.

La afirmación del abogado Rosales cobra fuerza en el apartado 26 de la Recomendación de la CNDH, Transmisión de órdenes para ejecutar actos de agresión y desaparición de los normalitas de Ayotzinapa.

Fuente: Excelsior

México

Exigen justicia por muerte de madre tras cirugía estética

Exigen justicia por muerte de madre tras cirugía estética

Nadia Guadalupe Valencia ha estado luchando durante casi cuatro años para obtener justicia por la muerte de su madre, Sandra Candelaria Flores, quien falleció tras someterse a una abdominoplastia en la que, según la denuncia de su hija, le perforaron el intestino. La joven acusa a los médicos responsables de presunta negligencia médica y señala que, a pesar de las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la carpeta de investigación iniciada en Benito Juárez aún no ha sido judicializada.

El caso ha cobrado relevancia tras la denuncia de Nicolás Mendoza, quien también reportó lesiones tras un procedimiento estético en la clínica Providence, donde Nadia atribuye la atención médica recibida por su madre. Según el testimonio de Nadia, Sandra fue intervenida quirúrgicamente por dos personas identificadas como Lluvia y Odette.

Después de la operación, la paciente comenzó a experimentar intensos dolores abdominales. Sin embargo, Nadia afirma que al comunicarse con una de las señaladas para informar sobre el deterioro de la salud de su madre, esta minimizó los síntomas, argumentando que eran efectos de la anestesia y la edad, y posteriormente dejó de responder a las llamadas de Nadia.

La víctima permaneció cuatro días en su hogar bajo esas indicaciones hasta que fue trasladada de emergencia a un hospital, donde le diagnosticaron un cuadro avanzado de sepsis abdominal derivado de complicaciones de la cirugía. Sandra estuvo internada durante un mes luchando por su vida, pero falleció el 28 de diciembre de 2022.

Nadia formalizó la denuncia en 2022, inicialmente por la presunta usurpación de profesión y posteriormente por homicidio. Sin embargo, ha denunciado que el expediente ha estado estancado debido a constantes cambios de agentes del Ministerio Público y a explicaciones institucionales relacionadas con remodelaciones en las oficinas de la Fiscalía en la alcaldía Benito Juárez.

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