México
Una llamada cambió el destino de los 43 de Ayotzinapa; se cumplen 6 años del caso
Por un cambio de orden, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron “eliminados” y “desaparecidos” hace 6 años.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes, aseguró a Excélsior que, de acuerdo con las investigaciones del caso, entre las diez y las 11 de la noche de ese 26 de septiembre de 2014, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.
Explicó que, tras un enfrentamiento y una persecución a balazos por parte de sus atacantes, muchos estudiantes quedaron heridos. Ellos fueron separados de sus compañeros ilesos y trasladados al hospital, incluso a bordo de patrullas y ambulancias.
Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos. Sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche, viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores: deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”, indicó.
Esta tesis del “cambio de orden” fue planteada por la CNDH en su Recomendación 15VG/2018, donde señala que César Nava, entonces subdirector de la policía de Cocula y presente aquella noche, se retiraba de Iguala cuando recibió una llamada de alguien identificado como El Patrón. Tras esto, el mando regresó a la comandancia de Iguala para exigir que por “orden de arriba” les entregaran a los normalistas que para ese momento estaban detenidos.
Un cambio de orden” provocó hace seis años que los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueran “eliminados” y “desaparecidos”, aseguró a Excélsior el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales.
Sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones del caso, aproximadamente en una hora —entre las 10 y las 11 de la noche del 26 de septiembre de 2014—, el destino de los jóvenes cambió dramáticamente.
Previo al sexto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que conmemorarán con una marcha, Rosales expone la línea de investigación sobre ese “cambio de orden”.
Ese modus operandi de las agresiones a los estudiantes se tiene que investigar de manera profunda, exhaustiva, porque los datos de prueba dan cuenta que hasta las 10 de la noche, por lo menos, la forma y el comportamiento de los agresores no era para desaparecer, no era para eliminar a los normalistas”, afirmó.
La tesis del “cambio de orden” a la que se refiere Vidulfo Rosales, fue planteada e investigada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 15VG/2018 Caso Iguala.
Para sustentar el “cambio de orden” que redimensionó el caso de los normalistas durante los hechos en Iguala, Rosales refiere:
Si bien es cierto que hubo un enfrentamiento, una persecución a balazos, donde hubo un herido de gravedad que es Aldo Solano, en Periférico Norte, muchos estudiantes que salieron heridos, fueron bajados del autobús, apartados con los que estaban ilesos y tendidos en la banqueta; todos los heridos fueron llevados al hospital; incluso algunos en las patrullas de la policía municipal, en ambulancias y recibieron atención médica”.
Eso nos indica que no había una orden para su desaparición, para eliminarlos, sin embargo, más tarde, alrededor de las 11 de la noche viene la segunda agresión que a partir de ahí marca un comportamiento, una acción distinta de los agresores; a partir de ahí deviene una orden de eliminar, una orden de desaparecer”.
A pregunta expresa sobre si César Nava, entonces subdirector de la policía municipal de Cocula fue quién recibió el “cambio de orden” de parte de alguien identificado por la CNDH como El Patrón, Rosales dijo:
Ese dato yo no lo tengo preciso. No puedo asegurar ese dato de prueba, no tengo los elementos, pero lo que puedo decir es esto: los datos de prueba nos indican que después de las 11 de la noche la orden fue de desaparecer; antes no había una orden de desaparecerlos. Los datos nos indican el modus de los agresores y no había orden de desaparecer”.
Sobre quién dio ese “cambio de orden”, Rosales dijo que “tenemos algunos indicios, son parte de la investigación, no son susceptibles de referirlos públicamente”.
La afirmación del abogado Rosales cobra fuerza en el apartado 26 de la Recomendación de la CNDH, Transmisión de órdenes para ejecutar actos de agresión y desaparición de los normalitas de Ayotzinapa.
Fuente: Excelsior
México
Gobierno de Rocío Nahle desvió recursos para nóminas de manera ilegal
El Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ha sido objeto de un dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debido a irregularidades en la fiscalización de recursos destinados a la atención médica. Según el Informe Individual de la Auditoría 2118 sobre la Cuenta Pública 2025, se detectó un presunto daño patrimonial que asciende a 87 millones 419 mil 439 pesos, principalmente por el uso indebido del presupuesto para el pago de nóminas.
El informe revela que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) desviaron 86 millones 920 mil 909 pesos, que estaban destinados para el ejercicio fiscal 2025, para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal 2024. Este desvío se realizó sin las autorizaciones legales y presupuestales necesarias, así como sin la documentación que justificara dicho uso de recursos.
Además, la ASF identificó serias deficiencias en los controles administrativos internos de los SESVER, otorgándoles una calificación de 65.4 sobre 100 en su nivel de control interno. La auditoría constató que la dependencia estatal no atendió las recomendaciones emitidas en la Cuenta Pública 2024 y mantuvo cuentas bancarias que no eran “específicas”, lo que resultó en la mezcla de recursos de diferentes orígenes y transferencias cuyo destino legal no pudo ser determinado.
El informe también destacó irregularidades adicionales, como diferencias no aclaradas en el pago de servicios personales del Programa U013, que suman 266 mil 530 pesos, así como el incumplimiento en la devolución oportuna de 232 mil pesos de capital no devengado a la Tesorería de la Federación (TESOFE). Estas irregularidades ponen en evidencia la falta de transparencia y control en la gestión de recursos públicos en el estado de Veracruz.
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