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México

Por unanimidad, Senado aprueba ley antitortura

El pleno del Senado aprobó esta tarde por unanimidad la Ley contra la Tortura y la turnó al Ejecutivo federal para su promulgación. Con ello concluyó el proceso legislativo en torno a esta legislación, que estaba pendiente desde hace un año.
Los senadores aceptaron los cambios que realizó la Cámara de Diputados a la minuta. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña destacó en tribuna la importancia de que “el gobierno haya recapacitado, y lo que no se logró en el Senado, sí se hizo en la Cámara de Diputados, esto es que el gobierno aceptó que todas las pruebas obtenidas bajo tortura serán desechadas”.
Asimismo, enfatizó que otro de los cambios importantes que hizo la Cámara de Diputados a la minuta del Senado fue en el Artículo 13, relativo a la responsabilidad de los mandos jerárquicos cuando sus subalternos incurran en prácticas de tortura. “Estimamos oportuno que el segundo párrafo de este Artículo haya sido modificado a efecto de que los superiores jerárquicos sean considerados autores del delito de conformidad con lo previsto en la legislación penal aplicable, lo cual, atiende la inquietud externada en el sentido de que un superior jerárquico no solamente podría ser considerados responsable cuando ordenara a otro la comisión de ilícito”.
Otra de las modificaciones detalló fue la reforma a la fracción séptima del Artículo 6 a efecto de que se enuncie expresamente como un principio normativo de la ley, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De igual forma, dijo, se aceptó la modificación del párrafo segundo del Artículo 16 y se adicionó un tercero, a fin de garantizar que los servidores públicos investigados o vinculados a proceso no puedan interferir u obstaculizar las investigaciones. Además de que dichos servidores públicos pueden ser sujetos de suspensión, se les podrán imponer medidas cautelares, así como medidas administrativas y provisionales.
Asimismo, explicó se aceptaron modificaciones a los Artículos 63, 66 al 71 en lo que tiene que ver con el mecanismo nacional de prevención contra la tortura adscrito a la CNDH. También se modificaron los Artículos del 72 al 77, el 78, 79, 81 y 91 sobre este mismo tema.
Lamentó sin embargo que con la reforma de la Cámara de Diputados se eliminó de la ley general del sistema nacional de seguridad pública, los cambios que establecían que el registro administrativo de la detención deberá realizarse inmediatamente después de las detención a través del dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real y envío de datos. “En este aspecto quiero manifestar, que en este particular tema sí tuvimos diferencia sustantiva con la Cámara de Diputados. Sin embrago, tenemos el compromiso para garantizar que existan otros elementos que coadyuven a que se atienda este reclamo, de que cuando una persona es detenida, se tenga la total certidumbre de que esa detención es de manera legal, sin tortura y entregada de manera diligente al MP, para prevenir otros delitos, como el de desaparición forzada”.
Las presidentas de las comisiones de Gobernación, la priísta Cristian Díaz y la de Justicia, Pilar Ortega (PAN) también manifestaron su aceptación a los cambios que realizó la Cámara de Diputados. La panista manifestó que de 2006 al 31 de diciembre de 2015 se registraron 4 mil 415 quejas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y sin embargo hubo pocos resultados de la investigación por tortura.

Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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