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¿QUÉ UNIVERSIDAD? POR VICTOR OROZCO O.

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Por: Víctor Orozco

Las universidades públicas están entre las instituciones básicas de las sociedades modernas. No obstante su ocasional desplazamiento por las entidades educativas privadas, siguen siendo el principal instrumento para la formación de nuevos profesionales en todas las áreas del conocimiento. Y también, la fuente mas variada y productiva de nuevos saberes, tanto en las humanidades como en las ciencias duras.
La crítica de mayor calado que han recibido es el uso político que de ellas han hecho gobiernos y partidos. En mi larga experiencia de trabajo en varias de éstas entidades, he visto como han naufragado nobles proyectos de grandes aspiraciones, por la acción concertada de grupos que han desvirtuado el quehacer universitario. Los he conocido tanto de las izquierdas como de las derechas, quienes han colocado las tareas universitarias por abajo de sus intereses y ambiciones.
Me ha tocado estar muy cerca de la formación de centros de estudio, nuevas facultades, legislaciones universitarias, en la UACJ, la UACH, la UNAM, la de Puebla, de Guerrero, de Chapingo. En este oficio como maestro, investigador y de manera reciente como defensor de los derechos universitarios, he comprendido muchas cosas. Presento algunas de ellas a manera de resumen sobre el horizonte que según mis perspectivas, debe marcar la marcha de la Universidad, en términos genéricos y en específico de las dos existentes en el estado de Chihuahua. De la UACH soy egresado y en ella viví jornadas memorables como estudiante y muy joven profesor. En la UACJ he vivido la mayor parte de mi vida profesional. Es en ella donde he podido desplegar lo mejor de mi inteligencia, ya en la investigación o en la docencia. Estas son mis ideas motrices:

Necesitamos una Universidad comprometida con los intereses generales de la sociedad. Es simple decirlo y es indispensable nunca olvidarlo: se hace ciencia, se conservan, acumulan y usan saberes para beneficiar a la humanidad. Las universidades no son aparatos que están allí para reproducir y eternizar burocracias políticas o académicas. Están para mejorar las condiciones de vida.
De ellas deben egresar hombres y mujeres con un alto sentido de responsabilidad ética y social. Sobre todo, conscientes de sus deberes con la inmensa mayoría de los mexicanos, agobiados por la miseria y la falta de oportunidades. Este deber les exige compromiso social, adhesión a las grandes causas como la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la defensa de la democracia y de los recursos naturales. La universidad ha de dotar a sus estudiantes de la capacidad para escalar en la carrera del conocimiento, con aptitudes para plantear y resolver problemas, dotados de ingenio e inventiva. Escaso beneficio tiene la colectividad con el egreso de profesionales repetidores, acríticos, despojados de afanes transformadores, en cualquiera de las áreas científicas o tecnológicas y en la sociedad misma.
Una Universidad con imaginación, productora constante de ideas y generadora de nuevos conocimientos, en la cual se destierren la simulación y las carreras de artificio. Éstas han proliferado en todos los centros de estudio por la difusión de la práctica viciosa consistente en trabajar para conseguir reconocimientos, papeles, sellos diversos y no para saber más y servir mejor.
Necesitamos una Universidad de espíritu y prácticas fincados en la pluralidad, sin dejar campo alguno en los cuales ésta se expresa: políticos, ideológicos, religiosos, étnicos, de preferencia sexual, de género. Por tanto, ajena a las maquinaciones facciosas de grupos, partidos o confesiones.
Necesitamos una Universidad Democrática. Esto implica:
Defender la autonomía, entendida ésta como una institución garante de la independencia institucional para decidir sobre el manejo de recursos, diseñar planes y programas de estudio, fijación de objetivos, nombramiento de autoridades. La autonomía universitaria no significa confrontación de la institución con las autoridades gubernamentales, sino cooperación y entendimiento. Pero, excluye la sumisión y el vasallaje, que han llevado a convertirla en apéndice vergonzante del presidente o gobernador en turno, haciendo renuncia a su papel de centro de pensamiento libre.
Garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los universitarios para elegir libremente a sus órganos de gobierno.
Mantener un sistema de información eficiente, rápido, sin cortapisas y simulaciones en el manejo de los recursos públicos que la sociedad confía a la institución.
Respetar irrestrictamente las libertades de cátedra e investigación. El peligro mayor que afecta a estos dos distintivos sustanciales de la Universidad, es el poder de facto o de iure que tienen las autoridades para expulsar a quienes no les son adictos. Esta es la razón principal por la cual deben amparar en su legislación interna y en sus prácticas, el derecho al debido proceso legal que tienen todos sus integrantes ante cualquier afectación en su situación laboral o académica.
Preservar, los derechos laborales, colectivos e individuales, de sus trabajadores establecidos en las leyes.
Evitar prácticas favorecedoras de grupos partidarios o de otra índole. Asimismo aquellas que entronizan especies de cacicazgos o feudos personales.
Garantizar que el ingreso y permanencia de sus profesores e investigadores, descanse en el mérito de las personas y no en compadrazgos o complicidades. Una de las fortalezas de mayor relevancia que pueden mostrar las instituciones de educación superior, es la posesión de una planta académica sólidamente formada, responsable, con amor a su oficio y lealtad con el mismo. Estas cualidades se pierden o deterioran cuando se admite o se excluye con criterios diversos a la capacidad y competencia de las personas.
De igual manera, salvaguardar como única medida de evaluación de sus estudiantes el mérito de cada uno de ellos. Lo mismo para decidir sobre admisiones, otorgamiento de becas o cualquier otro estatus o prerrogativa. Debe protegerse, mediante recursos rápidos y eficaces, el derecho que tienen los estudiantes para elevar inconformidades con evaluaciones de los profesores.
Esta condensación de ideas, aspira a servir como material para el debate en una coyuntura de cambio que se ofrece a las universidades chihuahuenses. De este desafío, debemos sacar una mejor Universidad.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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