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Opinión

¿QUÉ UNIVERSIDAD? POR VICTOR OROZCO O.

Por: Víctor Orozco

Las universidades públicas están entre las instituciones básicas de las sociedades modernas. No obstante su ocasional desplazamiento por las entidades educativas privadas, siguen siendo el principal instrumento para la formación de nuevos profesionales en todas las áreas del conocimiento. Y también, la fuente mas variada y productiva de nuevos saberes, tanto en las humanidades como en las ciencias duras.
La crítica de mayor calado que han recibido es el uso político que de ellas han hecho gobiernos y partidos. En mi larga experiencia de trabajo en varias de éstas entidades, he visto como han naufragado nobles proyectos de grandes aspiraciones, por la acción concertada de grupos que han desvirtuado el quehacer universitario. Los he conocido tanto de las izquierdas como de las derechas, quienes han colocado las tareas universitarias por abajo de sus intereses y ambiciones.
Me ha tocado estar muy cerca de la formación de centros de estudio, nuevas facultades, legislaciones universitarias, en la UACJ, la UACH, la UNAM, la de Puebla, de Guerrero, de Chapingo. En este oficio como maestro, investigador y de manera reciente como defensor de los derechos universitarios, he comprendido muchas cosas. Presento algunas de ellas a manera de resumen sobre el horizonte que según mis perspectivas, debe marcar la marcha de la Universidad, en términos genéricos y en específico de las dos existentes en el estado de Chihuahua. De la UACH soy egresado y en ella viví jornadas memorables como estudiante y muy joven profesor. En la UACJ he vivido la mayor parte de mi vida profesional. Es en ella donde he podido desplegar lo mejor de mi inteligencia, ya en la investigación o en la docencia. Estas son mis ideas motrices:

Necesitamos una Universidad comprometida con los intereses generales de la sociedad. Es simple decirlo y es indispensable nunca olvidarlo: se hace ciencia, se conservan, acumulan y usan saberes para beneficiar a la humanidad. Las universidades no son aparatos que están allí para reproducir y eternizar burocracias políticas o académicas. Están para mejorar las condiciones de vida.
De ellas deben egresar hombres y mujeres con un alto sentido de responsabilidad ética y social. Sobre todo, conscientes de sus deberes con la inmensa mayoría de los mexicanos, agobiados por la miseria y la falta de oportunidades. Este deber les exige compromiso social, adhesión a las grandes causas como la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la defensa de la democracia y de los recursos naturales. La universidad ha de dotar a sus estudiantes de la capacidad para escalar en la carrera del conocimiento, con aptitudes para plantear y resolver problemas, dotados de ingenio e inventiva. Escaso beneficio tiene la colectividad con el egreso de profesionales repetidores, acríticos, despojados de afanes transformadores, en cualquiera de las áreas científicas o tecnológicas y en la sociedad misma.
Una Universidad con imaginación, productora constante de ideas y generadora de nuevos conocimientos, en la cual se destierren la simulación y las carreras de artificio. Éstas han proliferado en todos los centros de estudio por la difusión de la práctica viciosa consistente en trabajar para conseguir reconocimientos, papeles, sellos diversos y no para saber más y servir mejor.
Necesitamos una Universidad de espíritu y prácticas fincados en la pluralidad, sin dejar campo alguno en los cuales ésta se expresa: políticos, ideológicos, religiosos, étnicos, de preferencia sexual, de género. Por tanto, ajena a las maquinaciones facciosas de grupos, partidos o confesiones.
Necesitamos una Universidad Democrática. Esto implica:
Defender la autonomía, entendida ésta como una institución garante de la independencia institucional para decidir sobre el manejo de recursos, diseñar planes y programas de estudio, fijación de objetivos, nombramiento de autoridades. La autonomía universitaria no significa confrontación de la institución con las autoridades gubernamentales, sino cooperación y entendimiento. Pero, excluye la sumisión y el vasallaje, que han llevado a convertirla en apéndice vergonzante del presidente o gobernador en turno, haciendo renuncia a su papel de centro de pensamiento libre.
Garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los universitarios para elegir libremente a sus órganos de gobierno.
Mantener un sistema de información eficiente, rápido, sin cortapisas y simulaciones en el manejo de los recursos públicos que la sociedad confía a la institución.
Respetar irrestrictamente las libertades de cátedra e investigación. El peligro mayor que afecta a estos dos distintivos sustanciales de la Universidad, es el poder de facto o de iure que tienen las autoridades para expulsar a quienes no les son adictos. Esta es la razón principal por la cual deben amparar en su legislación interna y en sus prácticas, el derecho al debido proceso legal que tienen todos sus integrantes ante cualquier afectación en su situación laboral o académica.
Preservar, los derechos laborales, colectivos e individuales, de sus trabajadores establecidos en las leyes.
Evitar prácticas favorecedoras de grupos partidarios o de otra índole. Asimismo aquellas que entronizan especies de cacicazgos o feudos personales.
Garantizar que el ingreso y permanencia de sus profesores e investigadores, descanse en el mérito de las personas y no en compadrazgos o complicidades. Una de las fortalezas de mayor relevancia que pueden mostrar las instituciones de educación superior, es la posesión de una planta académica sólidamente formada, responsable, con amor a su oficio y lealtad con el mismo. Estas cualidades se pierden o deterioran cuando se admite o se excluye con criterios diversos a la capacidad y competencia de las personas.
De igual manera, salvaguardar como única medida de evaluación de sus estudiantes el mérito de cada uno de ellos. Lo mismo para decidir sobre admisiones, otorgamiento de becas o cualquier otro estatus o prerrogativa. Debe protegerse, mediante recursos rápidos y eficaces, el derecho que tienen los estudiantes para elevar inconformidades con evaluaciones de los profesores.
Esta condensación de ideas, aspira a servir como material para el debate en una coyuntura de cambio que se ofrece a las universidades chihuahuenses. De este desafío, debemos sacar una mejor Universidad.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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