Opinión

¿QUÉ UNIVERSIDAD? POR VICTOR OROZCO O.

Por: Víctor Orozco

Las universidades públicas están entre las instituciones básicas de las sociedades modernas. No obstante su ocasional desplazamiento por las entidades educativas privadas, siguen siendo el principal instrumento para la formación de nuevos profesionales en todas las áreas del conocimiento. Y también, la fuente mas variada y productiva de nuevos saberes, tanto en las humanidades como en las ciencias duras.
La crítica de mayor calado que han recibido es el uso político que de ellas han hecho gobiernos y partidos. En mi larga experiencia de trabajo en varias de éstas entidades, he visto como han naufragado nobles proyectos de grandes aspiraciones, por la acción concertada de grupos que han desvirtuado el quehacer universitario. Los he conocido tanto de las izquierdas como de las derechas, quienes han colocado las tareas universitarias por abajo de sus intereses y ambiciones.
Me ha tocado estar muy cerca de la formación de centros de estudio, nuevas facultades, legislaciones universitarias, en la UACJ, la UACH, la UNAM, la de Puebla, de Guerrero, de Chapingo. En este oficio como maestro, investigador y de manera reciente como defensor de los derechos universitarios, he comprendido muchas cosas. Presento algunas de ellas a manera de resumen sobre el horizonte que según mis perspectivas, debe marcar la marcha de la Universidad, en términos genéricos y en específico de las dos existentes en el estado de Chihuahua. De la UACH soy egresado y en ella viví jornadas memorables como estudiante y muy joven profesor. En la UACJ he vivido la mayor parte de mi vida profesional. Es en ella donde he podido desplegar lo mejor de mi inteligencia, ya en la investigación o en la docencia. Estas son mis ideas motrices:

Necesitamos una Universidad comprometida con los intereses generales de la sociedad. Es simple decirlo y es indispensable nunca olvidarlo: se hace ciencia, se conservan, acumulan y usan saberes para beneficiar a la humanidad. Las universidades no son aparatos que están allí para reproducir y eternizar burocracias políticas o académicas. Están para mejorar las condiciones de vida.
De ellas deben egresar hombres y mujeres con un alto sentido de responsabilidad ética y social. Sobre todo, conscientes de sus deberes con la inmensa mayoría de los mexicanos, agobiados por la miseria y la falta de oportunidades. Este deber les exige compromiso social, adhesión a las grandes causas como la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la defensa de la democracia y de los recursos naturales. La universidad ha de dotar a sus estudiantes de la capacidad para escalar en la carrera del conocimiento, con aptitudes para plantear y resolver problemas, dotados de ingenio e inventiva. Escaso beneficio tiene la colectividad con el egreso de profesionales repetidores, acríticos, despojados de afanes transformadores, en cualquiera de las áreas científicas o tecnológicas y en la sociedad misma.
Una Universidad con imaginación, productora constante de ideas y generadora de nuevos conocimientos, en la cual se destierren la simulación y las carreras de artificio. Éstas han proliferado en todos los centros de estudio por la difusión de la práctica viciosa consistente en trabajar para conseguir reconocimientos, papeles, sellos diversos y no para saber más y servir mejor.
Necesitamos una Universidad de espíritu y prácticas fincados en la pluralidad, sin dejar campo alguno en los cuales ésta se expresa: políticos, ideológicos, religiosos, étnicos, de preferencia sexual, de género. Por tanto, ajena a las maquinaciones facciosas de grupos, partidos o confesiones.
Necesitamos una Universidad Democrática. Esto implica:
Defender la autonomía, entendida ésta como una institución garante de la independencia institucional para decidir sobre el manejo de recursos, diseñar planes y programas de estudio, fijación de objetivos, nombramiento de autoridades. La autonomía universitaria no significa confrontación de la institución con las autoridades gubernamentales, sino cooperación y entendimiento. Pero, excluye la sumisión y el vasallaje, que han llevado a convertirla en apéndice vergonzante del presidente o gobernador en turno, haciendo renuncia a su papel de centro de pensamiento libre.
Garantizar el ejercicio de los derechos que tienen los universitarios para elegir libremente a sus órganos de gobierno.
Mantener un sistema de información eficiente, rápido, sin cortapisas y simulaciones en el manejo de los recursos públicos que la sociedad confía a la institución.
Respetar irrestrictamente las libertades de cátedra e investigación. El peligro mayor que afecta a estos dos distintivos sustanciales de la Universidad, es el poder de facto o de iure que tienen las autoridades para expulsar a quienes no les son adictos. Esta es la razón principal por la cual deben amparar en su legislación interna y en sus prácticas, el derecho al debido proceso legal que tienen todos sus integrantes ante cualquier afectación en su situación laboral o académica.
Preservar, los derechos laborales, colectivos e individuales, de sus trabajadores establecidos en las leyes.
Evitar prácticas favorecedoras de grupos partidarios o de otra índole. Asimismo aquellas que entronizan especies de cacicazgos o feudos personales.
Garantizar que el ingreso y permanencia de sus profesores e investigadores, descanse en el mérito de las personas y no en compadrazgos o complicidades. Una de las fortalezas de mayor relevancia que pueden mostrar las instituciones de educación superior, es la posesión de una planta académica sólidamente formada, responsable, con amor a su oficio y lealtad con el mismo. Estas cualidades se pierden o deterioran cuando se admite o se excluye con criterios diversos a la capacidad y competencia de las personas.
De igual manera, salvaguardar como única medida de evaluación de sus estudiantes el mérito de cada uno de ellos. Lo mismo para decidir sobre admisiones, otorgamiento de becas o cualquier otro estatus o prerrogativa. Debe protegerse, mediante recursos rápidos y eficaces, el derecho que tienen los estudiantes para elevar inconformidades con evaluaciones de los profesores.
Esta condensación de ideas, aspira a servir como material para el debate en una coyuntura de cambio que se ofrece a las universidades chihuahuenses. De este desafío, debemos sacar una mejor Universidad.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?