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Unión, Fraternidad y Lucha Por Antonio Escamilla Meza

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“…el secretario no los quiere apoyar por la discusión de aquella vez cuando los antorchistas le hicieron el reclamo,…además, si se les da, hay que darles de poco en poco porque si les damos mucho después van a querer más;…pero hay que darles aunque sea poco porque los vamos a volver a necesitar…” Tal fue la respuesta que accidentalmente escuché, y que raya en la desfachatez, cuando un funcionario de gobierno en Chihuahua, encargado de dar seguimiento a las peticiones del Movimiento Antorchista, cuestionó a otro funcionario de medio pelo sobre qué respuesta había en torno al acuerdo de construir 7 salones de usos múltiples durante el primer semestre del 2012 en la capital, e implementar un programa alimentario para personas en condiciones de pobreza, tal y como se había acordado en la reunión del 27 de febrero pasado, en el salón Sacramento del palacio de gobierno, estando como garante el mismo secretario general, Licenciado Raymundo Romero, acuerdo que hasta el momento no se ha cumplido.

En realidad a los antorchistas no nos sorprende la respuesta, desde hace mucho tiempo y en todo el país, incluyendo el estado de Chihuahua, tal manera de responder es la regla general con la que operan una buena parte de los “servidores” públicos cuando se trata de las demandas enarboladas por los antorchistas. Sin embargo, no deja de ser tan reveladora que merece ciertos comentarios.

Primero. En verdad, casi ningún funcionario se atreve a contestar así delante de los peticionarios y sus dirigentes. Por lo regular, esgrimen otro tipo de argumentos falsos, tales como: el carácter “irregular” de los predios en donde se pretende realizar tal o cual acción, lo “costoso” de la inversión, la no justificación del costo-beneficio, la falta de suficiencia presupuestal, etc.

Segundo. Para demostrar, según ellos, lo “abusivo” y “exagerado” de las peticiones, le echan en cara a los humildes peticionarios lo siguiente: “es que piden mucho”, “ustedes se quieren llevar todo el presupuesto del gobierno”, “deben de saber que no son los únicos, que ahí están otros grupos y organizaciones que también piden”, etc. Pero en realidad, el “razonamiento” que impera en nuestros sufridos funcionarios públicos es el que se apunta al principio de este escrito.

Tercero. Es evidente, pues, que lo que predomina en el ánimo  de muchos secretarios de estado, y de segundos, terceros o cuartos mandos, es su capricho personal o cuando más de grupo, y de ninguna manera el espíritu justiciero para hacer el bien o para ser un verdadero servidor público.

Cuarto. Consideran de su propiedad lo que en verdad no es suyo sino del pueblo trabajador; porque la riqueza material de la sociedad la producen los trabajadores pues es el trabajo humano la única fuente creadora de valor, tal y como lo demuestran no sólo los grandes teóricos economistas defensores del proletariado, sino los clásicos economistas ingleses defensores de la burguesía, Adam Smith y David Ricardo; pues bien, una buena parte de esa riqueza, se deposita, vía impuestos, en las diferentes oficinas recaudadoras de renta, y son precisamente los trabajadores como grupo social los más grandes contribuyentes en México. Y los antorchistas forman parte del pueblo trabajador. Por tanto, negar la aplicación de los recursos del pueblo en la solución de sus demandas más elementales como agua potable, electrificación, drenajes, escuelas, centros de salud, centros comunitarios, etc., es, además de inhumano, una injusticia social y prueba de que muchos gobernantes están al servicio de todos menos al servicio de los pobres y marginados.

No obstante, hay autoridades del gobierno que no resuelven ni mucho ni poco, y que cuando los demandantes protestan y alzan la voz colectivamente haciendo uso de sus derechos constitucionales realizando marchas, mítines y plantones, las mismas autoridades, con los mismos recursos del erario, organizan grandes campañas mediáticas con verdaderos mercenarios de la pluma a quienes les importa un bledo los principios éticos del periodismo, para lanzar las más viles calumnias e insultos contra los peticionarios y sus dirigentes con tal de desprestigiarlos, para “justificar” ante la opinión pública la necesidad de usar la fuerza represiva del estado y aun la cárcel contra los “abusivos”, “extorsionadores”, “chantajistas”, y “alborotadores” antorchistas, sin olvidar toda una serie de intimidaciones como despliegues policíacos ante los manifestantes, o allanamiento de morada para golpear y amedrentar a sus habitantes cercanos a los dirigentes y amenazar de muerte a los líderes más representativos del movimiento.

Pero si alguien no cree en lo antes descrito, lo invito a que se entere de lo que pasa en San Luis Potosí, en Sinaloa o en Hidalgo: los gobiernos de aquellos estados, violando la Constitución Política Mexicana, no resuelven modestos pliegos petitorios, cuyo contenido contempla obras, servicios y programas para el beneficio no de los dirigentes antorchistas sino de miles de familias humildes y trabajadoras; esos gobiernos, como si estuvieran cortados por la misma tijera, calumnian a los antorchistas, los amenazan, los insultan y los agreden.

Particularmente, en San Luis Potosí, mientras el gobierno aparentaba llamar a dialogar a la dirigencia antorchista, debido al plantón que desde hace más de un mes sostienen miles de familias pobres frente a las lujosas oficinas del gobernador, 5 hombres armados, a plena luz del día, allanaron un domicilio habitado por estudiantes, para golpearlos, insultarlos y dejar la amenaza de muerte contra el Lic. Lenin Campos Córdova, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinador Regional de los antorchistas de los estados del norte del país y líder de miles de campesinos, obreros, colonos, estudiantes y maestros potosinos.

Por ello el Movimiento Antorchista, por acuerdo de su Dirección Nacional, convocó a todos sus integrantes a estar alertas para que al llamado correspondiente acudamos con entusiasmo y decisión, a dar nuestro apoyo solidario a los compañeros de San Luis Potosí, Sinaloa e Hidalgo. Por lo pronto, una comisión representativa del antorchismo chihuahuense acudirá a la marcha programada el próximo miércoles 15 de agosto en donde 20 mil potosinos exigirán cese a las agresiones y amenazas contra el movimiento y la solución a sus legítimas demandas. El Doctor Toranzo debe saber que el compañero Lenin y los antorchistas potosinos no están solos, sino que forman parte de una gran organización nacional, cuyo lema, “UNIÓN, FRATERNIDAD Y LUCHA”, no es una frase retórica, ni un adorno, sino que es una realidad que se puede tocar con las manos, de la que cada vez habemos más mexicanos agradecidos y ante la que miles de ciudadanos humildes y trabajadores llenan su espíritu de combatividad, fuerza y entusiasmo.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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