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Universidades de EU culpan a su país de violencia en México

NUEVA YORK, 5 de agosto.- Existe una relación directa entre el escaso control en la venta de armas y rifles de asalto en Estados Unidos y la violencia homicida perpetrada por el crimen organizado en México, sostuvo un informe publicado por universidades estadunidenses.

“Lo que presentamos como evidencia apunta a que hay una relación directa entre facilitar el acceso de este tipo de armas en Estados Unidos y el aumento de homicidios por rifles de asalto en la frontera de México”, apuntó Omar García Ponce, investigador de la Universidad de Nueva York (NYU) y coautor del estudio.

Afirmó además que los homicidios cometidos con rifles de asalto –entre los que se incluyen el AK-47– pueden atribuirse en su abrumadora mayoría al crimen organizado, debido a que un ciudadano común difícilmente adquiere un arma de este tipo, diseñada para el combate militar.

García Ponce, su colega Oeindrila Dube y el académico de la Universidad de Massachusetts, Arindrajit Dube publicaron a finales de la primavera Cross-Border Spillover (derrame transfronterizo), que estudió la relación entre la venta de armas de asalto y los homicidios en México.

Aumento exponencial

Prácticamente el primero en su tipo, el estudio estableció que tras el fin en 2004 de la prohibición para vender armas de asalto en Estados Unidos, “casi de inmediato, de manera exponencial, creció el número de homicidios en los municipios mexicanos a 100 millas o menos de la frontera norte”.

De poco menos de 260 homicidios por arma de fuego al año registrados en los municipios fronterizos en 2004, dos años más tarde la cifra casi se duplicó. El número no considera al estado de California, donde mediante una regulación estatal se mantuvo la prohibición.

“De acuerdo con los cálculos del modelo, se produjeron en la frontera mexicana 239 homicidios por arma de fuego por año, en 2004 y 2005, atribuibles sólo al fin de la prohibición para vender armas de asalto en Estados Unidos”, afirmó García Ponce, en entrevista.

Mientras tanto, en los municipios mexicanos colindantes con California –que en 2004 registraban la misma tasa de asesinatos que el resto de la frontera con Estados Unidos– los homicidios con arma de fuego no sólo no aumentaron en 2005 y 2006, sino que disminuyeron ligeramente.

Corresponsable

“Facilitar el acceso de este tipo de armas en Estados Unidos es corresponsable de la espiral de violencia en México, sin duda, aunque ahora y en los últimos cuatro años es más difícil saber qué tanto contribuye en el número de homicidios del crimen organizado”, señaló el investigador.

Indicó que la violencia en México se explica por muchos factores, pero que dificultar el acceso de armas de asalto a los delincuentes, aunque no terminaría con los homicidios por arma de fuego, sí debería “ser parte integral de una política para combatir el crimen organizado”.

De los 60 mil homicidios atribuibles al crimen organizado en México en los últimos seis años, un porcentaje puede ser directamente relacionado con los escasos controles para vender armas de asalto en Estados Unidos, aunque no exista una cifra precisa, según el académico.

De acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, el 90 por ciento de las armas recuperadas con que se cometen crímenes en México, y que pueden rastrearse, tiene su origen en armerías de Estados Unidos. De ese total, 39 por ciento se vendió en armerías de Texas.

Mayores detalles sobre la venta de armas en este país no están disponibles. De acuerdo con García Ponce, el gobierno de Estados Unidos se niega a proporcionar cifras por condado, aduciendo su responsabilidad para “proteger los derechos de los vendedores”.

El investigador manifestó que si en cualquier otra región del mundo existiera evidencia suficiente para comprobar que la escasa regulación para vender armas en un país contribuye a la inestabilidad y al alza en el crimen en un Estado vecino, el tema sería “condenado por la comunidad internacional”.

“Se vería como un Estado que tiene fallas muy graves, casi fallido, que simplemente por no tener una regulación más estricta en su venta de armas genera más crimen en el país vecino. El tema sería tomado con más seriedad, pero en este caso es Estados Unidos y el asunto se ve de modo diferente”, enfatizó García Ponce.

jrr

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Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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