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México

Urge la CNDH a reforzar la lucha contra la violencia, inseguridad, impunidad y corrupción

En el Día de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que México “transita por una coyuntura crítica en materia de derechos humanos, ya que no obstante los importantes avances normativos y herramientas legislativas que se han implementado, aún hay pendientes en este campo y existe el desafío de materializar dichas normas, además de que aún falta por hacer para erradicar la violencia, inseguridad, impunidad, corrupción, desigualdad y pobreza”.

“El eje rector de toda actuación debe ser el cumplimiento absoluto de la Ley y el respeto irrestricto a la dignidad humana”, señaló la CNDH al urgir a que este eje “nos permita alcanzar la paz y tranquilidad que todos deseamos”.

La CNDH reconoce los avances normativos con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que estableció una protección a niñas, niños y adolescentes “de vanguardia”, una ley de víctimas “que se perfecciona en el Congreso”, reparación del daño a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y leyes protectoras contra la violencia hacia las mujeres y contra la desigualdad.

“Sin embargo, aún persisten insuficiencias”, como una ley que reconozca el problema de las desapariciones o el de la tortura, al igual que atender fenómenos como intolerancia, discriminación, trata de personas, desplazamiento forzado interno, migración; falta de consulta libre, previa e informada, culturalmente adecuada y de buena fe en comunidades indígenas; detenciones arbitrarias, pobreza, exclusión, desigualdad e impunidad.

La CNDH refrenda que estará del lado de las víctimas “en su apoyo y resolución a sus problemáticas, de mantener el diálogo, interlocución y comunicación con las autoridades para establecer respuestas rápidas y concretas a la acuciante situación que se vive en el país de violaciones a derechos humanos”.

Desde su fundación en 1990, hasta el 15 de marzo de 2016, la CNDH ha emitido 2 mil 537 Recomendaciones dirigidas a 3 mil 102 autoridades, de las cuales, 361 aún tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendatorios que les fueron dirigidos, como se dio a conocer el pasado 8 de junio en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Recomendaciones en Trámite dirigidas a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales. A ello debe añadirse la falta de cumplimiento de las casi 3 mil recomendaciones que distintos organismos y mecanismos internacionales han formulado al Estado mexicano.

“La sola aceptación de las recomendaciones por parte de las autoridades no alcanza para reparar el daño a las víctimas si no va acompañado por el efectivo cumplimiento de las mismas”, remarcó el organismo autónomo.

En el futuro inmediato, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de continuar la consolidación de sus programas habituales, intensificará también sus tareas hacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente hacia los derechos a la vivienda, a la alimentación, educación, procuración de la salud, acceso al agua y al saneamiento, salario mínimo, y a un medio ambiente sano, satisfactores que conforman el mínimo vital.

En ocasión del Día de los Derechos Humanos y muy cerca de la fecha en que se cumple el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos reitera su compromiso de trabajar para que los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna se materialicen en beneficio de la población y el respeto a la dignidad de las personas, concluye la CNDH.

 

Noticias MVS

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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