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México

Urgen expertos a legalizar uso de algunas drogas

La política internacional contra el combate a las drogas es insostenible y en México sólo provoca violencia y la restricción de derechos fundamentales…

La política internacional contra el combate a las drogas es insostenible y en México sólo provoca violencia y la restricción de derechos fundamentales, por lo que es necesario que nuestro país impulse un nuevo esquema ante la próxima asamblea en Naciones Unidas en 2016, en la que descriminalice el uso de algunas drogas.

John Collins, coordinador y autor del informe «Acabando con la guerra contra las drogas», elaborado por un grupo de expertos de la London School of Economics (LSE) en las Políticas sobre Drogas, y aprobado por cinco ganadores del Premio Nobel en Economía, dijo que el costo de esta lucha la están pagando las naciones de América Latina.

Al respecto, Alejandro Madrazo, coautor del informe, doctor en derecho por la Universidad de Yale y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), manifestó que México no sólo está pagando con vidas, sino también con presupuesto, esto a raíz de los problemas de consumo de drogas en Estados Unidos.

Afirmó que hoy en día tenemos mucho menos derechos fundamentales, debido a las reformas promovidas durante el sexenio de Felipe Calderón, como el arraigo y la retención de cualquier persona hasta por 96 horas. Puntualizó que se transformaron las instituciones para hacer un Estado más policiaco.

Alejandro Madrazo puso como ejemplo que en México el arraigo se ha usado en 27 por ciento de las personas que actualmente están presas a nivel nacional; sin embargo, sólo el 14 por ciento de los arraigados enfrenta delitos por delincuencia organizada.

Por su parte, Jorge Javier Romero, de la Universidad Complutense en Madrid y profesor visitante del CIDE, comentó que la política del prohibicionismo a nivel internacional es exacerbada y la guerra contra las drogas es un desastre total.
Aseguró que es indefendible pensar que un traje le viene a la medida a todos los países del mundo.

Javier Romero dijo que México puede empezar hoy con una política distinta, poniendo por delante los derechos humanos, descriminalizando el consumo de ciertas drogas e impulsando la modificación en la tabla de consumos en la Ley General de Salud, para que ésta sea realista.

Milenio

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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