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Vacío financiero en las tierras ejidales, Chihuahua uno de ellos

A casi dos décadas del cambio al artículo 27 constitucional, el cual puso fin al reparto agrario y concedió a ejidatarios y comuneros la libertadde titular sus parcelas para ingresar al mercado de tierras o bien utilizarlas como garantía de crédito, 2 millones de campesinos emigraron ante el bajo ingreso agrícola y 60 por ciento de los ejidos de los estados del norte, los más productivos del país, están rentados.

Ante la caída del crédito en más de 80 por ciento, dejaron de sembrarse 10 millones de hectáreas cada año y se perdieron 2 millones de empleos rurales.

Con el argumento de que era menos costoso importar que producir alimentos, se desplazó a los campesinos productores de granos y oleaginosas, se dio cabida a los grandes agronegocios favorecidos con subsidios y se incrementaron las importaciones.

Al inicio de la década de los 90, las importaciones no eran superiores a 10 por ciento del consumo nacional; sin embargo, en la actualidad casi 50 por ciento de los requerimientos alimentarios provienen del exterior.

Sin los elementos básicos para su desarrollo, los ejidatarios fraccionaron más sus parcelas y vendieron algunos de esas porciones en busca de superar su pobreza. Investigadores apuntan que los ingresos en los hogares rurales pasaron de 38 a 17 por ciento; más de 70 por ciento de la población rural se encuentra en situación de pobreza patrimonial y 40 por ciento en pobreza alimentaria.

Además, el campo se feminiza. Hace poco más de tres lustros, prácticamente no figuraban como propietarias. En la actualidad un millón 138 mil 969 mujeres tienen títulos de propiedad de 11.6 millones de hectáreas, y 25 por ciento de los hogares rurales están a cargo de ellas.

Otro fenómeno que preocupa a los propietarios de la tierra y a las autoridades es la avanzada edad de la mayoría de los propietarios, que es de 56 años en promedio; pocos jóvenes ven futuro en las actividades agropecuarias.

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el parteaguas para el campo; con la apertura de fronteras a la libre competencia comercial, miles de campesinos quedaron en desventaja, la diferencia entre los agricultores del norte y del sur se acentuó. La economía campesina prácticamente se desdibujó y se instaló la lógica del libre mercado. Sólo entre 1997 y 2005, los ejidatarios perdieron mil millones de dólares por la competencia desleal ante los socios comerciales y 5 millones de personas dejaron la agricultura para buscar otra fuente de ingreso, según datos de la Universidad Autónoma Chapingo.

A partir de entonces, las importaciones de los alimentos se han triplicado. En el norte, los ejidatarios vieron en la renta de tierras la salida a sus angustias económicas, y los campesinos del centro y sureste optaron por emigrar a Estados Unidos. De acuerdo a Oxfam México, al menos 2 millones de hectáreas agrícolas fueron abandonadas.

Las reformas económicas orientadas hacia la liberación del mercado iniciaron década y media antes de la firma del acuerdo comercial, a partir de entonces el Estado limitó su intervención y empezó a deshacerse de la estructura construida para respaldar al campesinado. Los ajustes dejaron como saldo que de los 3.5 millones de campesinos con crédito, menos de la mitad accediera a la nueva estructura de la Financiera Rural.

Renta de tierras, salida a las aungustias económicas

Ante el vacío financiero, varios empezaron a rentar las tierras. Es el caso de 80 por ciento del millón 500 mil hectáreas agrícolas ejidales en Tamaulipas; lo mismo pasa con casi la totalidad de los 237 ejidos de Baja California; en Sinaloa, 70 por ciento de los mil 200 núcleos agrarios están bajo ese régimen; en Tabasco, 10 por ciento de los 781 ejidos está en manos de industriales organizados y agroproductores; en Durango, ejidatarios firmaron 166 contratos de arrendamiento.

Lo mismo sucede en Michoacán, Morelos, Nayarit, Chihuahua, Guanajuato, y casi la totalidad de los ejidos del país. En general no hay datos precisos, pues, según versión de las autoridades agrarias, los ejidatariosrealizan tratos personales y no informan de ello a la Procuraduría Agraria.

En el norte de Zacatecas, los integrantes de 10 ejidos del semidesierto rentaron sus tierras a consorcios y mineras para actividades de explotación del subsuelo, dijo Joel Arce Pantoja, delegado estatal de la Procuraduría Agraria.

Los ejidatarios de El Vergel, Las Mesas, Cedros y El Refugio, en el municipio de Mazapil, rentaron 5 mil 400 hectáreas a la firma canadiense Gold Corp para operar la mina a cielo abierto Peñasquito, la más grande de oro y plata en su tipo en América Latina.

Los canadienses habían acordado pagar 50 centavos por metro cuadrado, pero los ejidatarios se inconformaron e interpusieron una demanda en el Tribunal Agrario. La autoridad ordenó a la minera pagar a los ejidatarios una indemnización de 350 mil pesos y realizar un nuevo contrato de arrendamiento con mejores condiciones para los campesinos.

En Tabasco, Grupo La Veta de San Miguel y Grupo Industrial Colombiano iniciaron la compra de tierras ejidales por montos risibles. En el Plan Chontalpa pagaron 30 mil pesos por hectárea; adquirieron 7 mil a ese precio.

Presiona la mancha urbana

También la mancha urbana presiona a ejidos cercanos a ella. Más de 35 mil hectáreas de la propiedad social se han utilizado para el desarrollo urbano de 116 principales ciudades, tierras que se han vendido a bajos precios, asentó Carlos Sandoval Miranda, del Centro de Estudios de Investigación e Innovación Tecnológica de la Valuación para América Latina.

En 2008, la Procuraduría Agraria empezó a promover por medio del programa Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural un uso más eficiente y productivo para la propiedad social. A la fecha fueron formalizados 2 mil 619 proyectos de inversión en el país por 118.4 mil millones de pesos. La mayoría (2 mil 376) con los ejidos, por un monto de 115.1 mil millones de pesos; 224 con comunidades, por 3.2 mil millones de pesos, y 19, por un monto de 29.9 millones de pesos, con la pequeña propiedad.

No implica fomentar la privatización y venta de ejidos. Se busca beneficiar a los propietarios de la tierra y poner fin al subaprovechamiento del campo, ha afirmado Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en diversos foros.

En octubre, en una reunión con inversionistas mineros en Canadá, Rocendo González Patiño, procurador agrario, detalló que 70 por ciento del territorio mexicano es apto para desplegar actividades mineras. Actualmente hay 768 proyectos de explotación en ejidos y comunidades. Puntualizó que en el periodo 2007-2012, la inversión en el rubro ascenderá a 21 mil 251 millones de dólares. La riqueza natural del país puede y debe ser aprovechada de manera sustentable, siempre que se incorpore a los dueños de la tierra social en los propios proyectos de inversión y participen de los beneficios que rindan los negocios.

El titular de la SRA propuso a los legisladores revisar el marco legal agrario para quitar las camisas de fuerza que atan las capacidades emprendedoras de los ejidatarios y comuneros por falta de acceso al crédito. Argumentó que los cambios legales serían para facilitar a los núcleos agrarios el traslado de dominio pleno de sus tierras para que sean consideradas como aval por las instituciones financieras.

En los hechos, los ejidatarios están dejando de ser dueños de las tierras.

(Con información de Martín Sánchez, Juan Carlos Flores, Andrés Timoteo, Mariana Chávez, Miriam Navarro, René Ramón, René Alberto López, Antonio Heras, Javier Chávez, Saúl Maldonado, Rubicela Morelos, Ernesto Martínez, Javier Valdez y Alfredo Valadez, corresponsales)

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Aumenta Congreso penalidad por delito de violencia familiar

En Sesión Ordinaria de Congreso de Chihuahua, la Sexagésima Sexta Legislatura reformó el artículo 193 del Código Penal del Estado, para adicionar un quinto párrafo, en el que se detalla que cuando a sabiendas de que la víctima se encuentre en estado de embarazo o gravidez, se aumente en una mitad, la penalidad por el delito de violencia familiar.

Además, se exhortó a los cuerpos directivos de las instituciones de salud públicas y privadas del Estado que atiendan a mujeres embarazadas, para que verifiquen si el personal que está en contacto con dicho sector poblacional, se encuentra capacitado con perspectiva de género, y en caso contrario, busque el apoyo necesario, en instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.

La diputada Marisela Sáenz Moriel, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que el exhorto se hizo extensivo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que designe una visitaduría y acuda a las instituciones de salud públicas y privadas del Estado para verificar si durante la atención a mujeres embarazadas no se les vulneren sus derechos humanos.

Asimismo, refirió sobre la creación de una subcomisión de Justicia para la Atención de la Violencia Obstétrica, que dé seguimiento y realice las medidas adecuadas a lo antes señalado.

Dicha subcomisión estará conformada por la diputada Marisela Sáenz Moriel y los diputados Francisco Humberto Chávez Herrera y Gustavo De La Rosa Hickerson; sus trabajos concluirán cuando la Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura considere atendidos los asuntos en materia.

Por último, es importante mencionar que, con estas adecuaciones y el atento llamado a la autoridad correspondiente, se busca disminuir los delitos en materia.

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Cumpliremos tratado de agua con Presas Internacionales y continuaremos vía del diálogo: MORENA

Haciendo uso de las presas internacionales La Amistad y El Falcón, México cumplirá con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 el 24 de octubre de 2020, aseguró el diputado Miguel Ángel Colunga Martínez de Morena quien ofreció su respaldo a los agricultores para resolver el conflicto por medio del diálogo.

El legislador de Morena hizo énfasis en que una renegociación del Tratado no sería viable para México porque se corre el riesgo de perder el beneficio de recibir cuatro veces más de lo que entrega a Estados Unidos, sin embargo es necesario el intercambio puntual de información.

En rueda de prensa el legislador explicó que el tratado contempla dos principales fuentes de pago, las aguas broncas y los escurrimientos además de las demasías de las presas; razón por la que se tomó agua de las presas para saldar el adeudo.
Respecto a la reunión sostenida por Olga Sánchez Cordero con legisladores, alcaldes y productores de oposición el día de ayer; en la que se acordó dirimir conflictos de manera institucional, pacífica y legal; el legislador aseguró que es la vía correcta para resolver el conflicto porque se recurre a un tercero que no está en el golpeteo político y que se abona a la pluralidad al ser un partido distinto al del presidente.

Al ser cuestionados sobre la falta de inclusión de los agricultores el legislador de Morena aseguró que el jueves después de la sesión en la presa La Boquilla, se reunió con agricultores de la región y estuvieron de acuerdo en seguir el plan puntual de cinco puntos que el presentó en la sesión, el cual tiene coincidencias con el camino que ha trazado la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y que hará llegar a esa dependencia.

El legislador declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no habrá desprotección de los agricultores, asegura el ciclo agrícola, los derechos y concesiones de agua, “el 2020 está cubierto, el presidente dice que en caso de alguna adversidad, en caso de una situación extrema como sequía».

Por su parte el legislador aseguró que los productores y campesinos siempre tendrán su respaldo porque los legisladores de Morena siempre respaldarán al campo.

Por su parte el diputado Benjamín Carrera Chávez, hizo énfasis al oportunismo político del gobernador al asegurar que el Plan Hídrico presentado por el gobernador en el 2018, tuviera entre las prioridades cubrir el rezago que se tenía en el pago del Tratado Internacional de Aguas y que en estos momentos se buscará polarizar con el pago de aguas a Estados Unidos.

“Rechazamos enérgicamente que se haga un uso faccioso y electorero del Congreso del Estado al utilizarlo como instrumento para golpear y denostar a las autoridades federales; en lugar de conciliar y plantear soluciones conscientes y ecuánimes que contribuyan a atender de fondo la problemática del agua en la entidad”, señaló Carrera Chávez.

Por su parte el legislador Gustavo De la Rosa Hickerson, manifestó el compromiso de Morena de garantizar la libre manifestación de ideas e hizo un llamado a las autoridades federales a resolver hasta las últimas consecuencias y con todo el peso de la ley por Yesica Silva y su esposo Jaime Torres.

El legislador por el séptimo distrito lamentó que el gobernador haya sido excluido de las reuniones de la mesa de seguridad, al tratarse de dos temas distintos.

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Repudia Pérez Cuéllar exclusión de delegado federal de Mesa de Seguridad

“Ahora resulta que el gobierno federal que encabeza López Obrador es el culpable de los males ocasionados por la cerrazón y falta de capacidad del gobierno local para resolver problemas que se suscitan aquí, incluso algunos provocados por el mismo mandatario estatal”, externó el senador de MORENA, Cruz Pérez Cuéllar.

Luego de una serie de declaraciones echas por el gobernador Javier Corral a medios de comunicación locales y nacionales, en torno a la relación que hay entre su administración y el gobierno de la República, en donde Corral se queja abierta y descaradamente de que “ya se cancelaron las vías de comunicación” que tenía con el gobierno federal, el legislador aclaró que se trata de una burla por parte del jefe del Ejecutivo estatal, ya que es él quien rompió lazos con la federación desconociendo acuerdos, incumpliendo compromisos contraídos con el propio presidente, con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y con otros representantes de la administración federal.

“Pero tampoco nos es desconocida esa actitud de Javier Corral, no lo es porque a lo largo de su gestión, y aún antes de ella, él se maneja de esa forma; no se caracteriza por honrar la palabra, a los chihuahuenses nos consta luego de tantas promesas de campaña incumplidas y desechadas sin escrúpulo alguno. Ha negado acuerdos y compromisos a la malagueña, como decimos acá”, expresó Pérez Cuéllar haciendo referencia a promesas clave que le dieron el triunfo electoral en el 2016, como la “universidad gratuita” y “la reducción de la inseguridad”.

También recordó el senador morenista aquél compromiso “firmado” por el propio Javier Corral, donde garantizaba que el rubro de salud durante su gestión sería atendido por un médico de profesión, pero hace poco colocó en la Secretaría de Salud a un amigo suyo, de corte completamente distinto al de los galenos, prefirió atender la cuota política que corresponder a la sociedad con la que primero estaba comprometido.

El senador Cruz Pérez Cuéllar además se mostró solidario con el delegado de programas sociales federales, Juan Carlos Loera, quien ha sido excluido de la Mesa para la Construcción de la Paz que coordina el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, por instrucción del gobernador –ya que no podría hacerlo sin su venia–, lo cual demuestra quién es el intolerante, el que cierra las vías de comunicación con el gobierno federal.

De la misma manera, revela ese lado autoritario su falta de comunicación con los alcaldes de la entidad que no le son afines políticamente o que decidieron no seguirle el juego; tan sólo para un botón está el Ayuntamiento de la Capital, el segundo municipio más poblado de la entidad y que recibe el desdén del mandatario al extremo de no recibir llamadas de la presidenta, tal como hace con otros alcaldes.

Finalmente, el senador Pérez Cuéllar hizo un llamado a la a la congruencia al gobernador Javier Corral, ya que esa actitud mostrada no hace más que cerrar las puertas, tal como ya las tiene cerradas con buena parte de los representantes de los sectores sociales de Chihuahua.

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