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Chihuahua

“Vacío legal, urgencia social”: Congreso de Chihuahua fue sede del foro legislativo sobre el acecho como violencia persistente

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– Organizado por la diputada Leticia Ortega Máynez, el foro reunió a víctimas, especialistas y legisladoras para avanzar en la tipificación del acecho como delito autónomo en el estado.

Chihuahua, Chih. 7 de agosto de 2025.– El Mezzanine del H. Congreso del Estado fue el espacio donde se llevó a cabo el foro legislativo “Vacío legal, urgencia social: el acecho como violencia persistente. Hacia su tipificación en Chihuahua”, convocado con el objetivo de visibilizar y discutir esta forma de violencia que, a pesar de su gravedad y persistencia, aún no cuenta con una tipificación autónoma en el marco jurídico estatal.

La diputada Leticia Ortega Máynez, organizadora del evento, ofreció las palabras de bienvenida y clausura, reconociendo el trabajo de víctimas, colectivas, especialistas y de otras y otros legisladores que han promovido iniciativas sobre el tema. Ortega enfatizó que el acecho representa una forma de violencia sistemática que ha sido ignorada institucionalmente, a pesar de su impacto psicológico, físico y social.

Durante el foro se abordaron los elementos clave que permiten distinguir al acecho de otras figuras jurídicas como el hostigamiento o el acoso, así como sus efectos en la vida de las víctimas:

* Diana Murrieta, fundadora de Nosotras para Ellas A.C., presentó un análisis técnico para la incorporación del acecho como delito autónomo en Chihuahua, con enfoque diferenciado y perspectiva de género.
* Jennifer Seifert, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, expuso la manera en que el acecho opera como una forma de continuidad de la violencia de género en contextos post ruptura.

Además, se abrió un espacio de diálogo con víctimas, colectivas, representantes institucionales y ciudadanía, donde se compartieron experiencias, exigencias y propuestas que fortalecen la urgencia de una respuesta legislativa clara y efectiva.

Durante el evento también se reconoció el impulso legislativo de diputadas y diputados que han promovido iniciativas para tipificar el acecho, incluyendo a Leticia Ortega Máynez, Saúl Mireles Corral, Aérica Aguilar Gil y Rosana Díaz Reyes. La coincidencia entre distintas fuerzas políticas evidenció que este tema debe trascender diferencias partidistas y priorizarse como una deuda legislativa.

El foro concluyó con un llamado firme a reconocer al acecho como una violencia grave, progresiva y con potencial letal, que exige una atención jurídica específica, con enfoque preventivo y perspectiva de género. Las conclusiones de la jornada reforzaron la necesidad de construir un tipo penal claro, eficaz y alineado con estándares internacionales.

Chihuahua

ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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