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México

Van 8 mil 815 ejecutados en 9 meses de 2016

La violencia derivada por el mercado negro de las drogas vuelve a poner en jaque al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, alertó hoy la organización Semáforo Delictivo
Las ejecuciones y los homicidios en México continúan a la alza. La organización Semáforo Delictivo dio a conocer que la violencia derivada por el mercado negro de las drogas vuelve a poner en jaque al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Son las ejecuciones del crimen organizado las que nos han crecido también los homicidios”, dijo el director de la organización, Santiago Roel.
Entre enero y septiembre la organización informó, con base a datos de la empresa Lantia Consultores, que hubo 8 mil 815 ejecuciones, 47 por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Guerrero encabeza la lista con mil 352.
Seis de cada diez asesinatos se deben a ejecuciones del crimen organizado, aseguró Roel. Los estados con mayores índices son Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes.
Por su parte, los homicidios dolosos o intencionales ascendieron en un 20 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Colima reportó cinco veces más homicidios que el promedio nacional. En la entidad se cometen 61 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
En el caso de los secuestros, éstos ascendieron 2 por ciento en los primeros nueve meses del año con relación al mismo periodo del año pasado.
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Entre los estados con mayor número de secuestros se haya Tamaulipas con 2.6 por cada 100 mil habitantes, Tabasco 2.5 , Morelos 1.8; Guerrero 1.6 y Zacatecas 1.6.
“En estos casos la policía no sólo agarra un moche si no que se mete a cometerlos”, dijo Roel.
Por su parte, las extorsiones han descendido en el 2016 en un 5 por ciento. El 95 por ciento son llamadas telefónicas, detalló Roel.
En el caso de los vehículos robados, a nivel nacional se roban 100 vehículos por cada 100 mil habitantes.
Baja California lidera con 338 robos de autos por cada 100 mil habitantes, Estado de México mantiene una tasa de 197 y Baja California Sur 182. “
En cuanto al robo a casa el promedio nacional es de 51 delitos por cada 100 mil habitantes. Colima registró la mayor tasa de los primeros nueve meses de año con 293.
El promedio nacional de lesiones intencionales es de 81 por cada 100 mil habitantes.
“Las lesiones dolosas son en muchas ocasiones un reflejo de las pocas oportunidades que les ofrecemos a nuestros jóvenes. Si no lo hacemos nosotros es el crimen organizado el que les va ayudar, un dulce envenenado”, dijo Roel.
Entre las entidades con mayor número de registros en los primeros nueve meses del año se hayan: Tabasco con 163 por cada 100 mil; Baja California Sur, 154; Durango , 138; Guanajuato, 138; Baja California, 137; Coahuila, 128; y Querétaro 127.
El Semáforo Delictivo expuso que uno de los factores que producen la violencia en México es la falta de oportunidades a los jóvenes, la corrupción, la ineficacia, así como el mercado negro de las drogas.
“La falta de oportunidades es de largo plazo, el mal gobierno, también. En cambio el narcomenudeo es la principal causa de violencia y esa la podemos eliminar mañana. Les hemos dado un gran negocio a las mafias mediante la prohibición de las drogas”, dijo el director.
En abril el Presidente Enrique Peña Nieto envió una propuesta al Senado para aumentar el permiso de portación de mariguana de 5 a 28 gramos.
Santiago Roel descalificó la propuesta. “¿Y quién va seguir vendiendo la mariguana?”, cuestionó.
Sobre la propuesta del Senador del Partido Acción Nacional Jorge Luis Preciado Rodríguez de extender la portación de armas hacia vehículos y negocios (hasta ahora sólo permitida en domicilios), el director sentenció que acarrearía más violencia.
“No se puede combatir la violencia con más violencia”, dijo.

Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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