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Chihuahua

Ve Conagua sobreexplotación de pozos en el estado

José Luis Luege Tamargo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aceptó que existe una sobreexplotación de pozos de nuestro estado, sobre todo para uso agrícola, pero no se ha podido realizar un “barrido” para controlarlos debido a la presión de grupos violentos de menonitas y El Barzón, quienes han amenazado y retenido a personal de la comisión.

Luego que se diera a conocer que los menonitas han sobreexplotado el agua, el director de la comisión aseguró que sí existe un conflicto por permisos irregulares otorgados en las zonas de veda, donde está prohibido. Negó que esta dependencia favorezca a algún grupo.

“En esta región hay muchas irregularidades, pero no están de un solo lado, son del lado de los menonitas, como de agricultores, de asociaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y otras”.

Al lamentar la muerte del líder barzonista, Ismael Solorio, y de su esposa, dijo que las irregularidades por permisos apócrifos se dan porque “es común que se manejen papeles falsos”.

Luege Tamargo añadió que esta administración ha intentado regularizar y clausurar estas fuentes, pero que han sido impedidos en su labor, ya que no cuentan con la fuerza pública y el gobierno del estado “los dejó solos”, aunque se tenía el acuerdo de montar el operativo en distintos puntos.

“Trabajadores de la comisión han sido agredidos y secuestrados, mi personal en Chihuahua ha estado en los campos menonitas y se acordó la actuación de la dependencia, pero los dos meses anteriores en todos los operativos sufrimos la agresión, en algunos casos por menonitas y en otros de grupos de El Barzón”.

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Chihuahua

Declara SCJN despenalización del aborto en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucionales varios artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto, tras aprobar la acción de inconstitucionalidad 1/2024 presentada por la Primera Sala.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó el proyecto, el cual fue avalado con base en el amparo en revisión 666/2023, resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 con una mayoría de cuatro votos.

En dicha resolución, se determinó que los artículos 143, párrafos primero y segundo, y 145 del Código Penal de Chihuahua vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Además, se estableció que estas disposiciones imponen la maternidad de manera obligatoria, lo que atenta contra el derecho de cada persona a definir su proyecto de vida y a disfrutar del mayor nivel de bienestar físico, mental y social, garantizando así su autonomía sobre la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual.

El amparo también subrayó la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud de mujeres y personas gestantes, brindando acceso a los mejores servicios de salud sexual y reproductiva, entendidos como un estado de bienestar integral y no solo como la ausencia de enfermedades.

Asimismo, se determinó que el artículo 146, fracción primera, es inconstitucional, ya que, aunque prevé excusas absolutorias, sigue considerando el aborto como delito, incluso cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como en casos de violación o inseminación artificial no autorizada. Esta normativa criminaliza a la mujer sin sancionar la conducta, lo que afecta negativamente su derecho a decidir.

Pese a la resolución, el Congreso del Estado no modificó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la Primera Sala solicitó al Pleno de la Corte emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual entrará en vigor una vez que se notifique al órgano legislativo local.

Al tratarse de una materia penal, la declaratoria tendrá efectos retroactivos, beneficiando a mujeres y personas gestantes que estén bajo investigación, proceso o hayan sido sentenciadas por aborto, así como a los profesionales de la salud que hayan realizado interrupciones del embarazo con consentimiento.

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