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Vector Casa de Bolsa rechaza acusaciones de lavado de dinero hechas por el Tesoro de EE.UU.

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La firma financiera mexicana Vector Casa de Bolsa respondió este martes a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculan presuntamente con actividades de lavado de dinero. En un breve pero contundente comunicado, la empresa negó categóricamente cualquier implicación en prácticas ilícitas y defendió su trayectoria y compromiso con la legalidad.

“Tras 50 años de operaciones en el mercado, Vector ha trabajado consistentemente bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras mexicanas”, afirmó la institución.

La respuesta surge luego de que medios internacionales difundieran información relacionada con una lista de entidades presuntamente ligadas a esquemas financieros sospechosos, entre ellas la firma mexicana, lo que generó inquietud entre clientes e inversionistas.

Vector Casa de Bolsa destacó que su historial está respaldado por décadas de trabajo regulado y fiscalizado por organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México. Añadió que colabora de forma permanente con instancias nacionales e internacionales para garantizar la integridad del sistema financiero.

Aunque el Departamento del Tesoro no ha ofrecido detalles adicionales sobre la investigación o las pruebas que sustenten sus acusaciones, la firma mexicana indicó que está evaluando acciones legales y solicitando aclaraciones formales ante las autoridades correspondientes de Estados Unidos.

Hasta el momento, las instituciones reguladoras mexicanas no han emitido posicionamiento oficial respecto a los señalamientos. Vector reiteró su disposición a cooperar con cualquier investigación y aseguró que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad.

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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