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México

Víctimas del crimen amagan con armarse en Apatzingán

Habitantes de Apatzingán podrían tomar las armas el próximo viernes, debido a que las autoridades en materia de procuración de justicia no han resuelto devolver terrenos a habitantes de dicho municipio, los cuales supuestamente fueron despojados por integrantes de Los Caballeros Templarios, aseguró Eliezer Rangel Ortiz, presidente del Consejo Ciudadano de Apatzingán.

Durante una manifestación emprendida en las afueras de la Procuraduría General de Justicia, debido a la falta de resultados en las investigaciones para que les devuelvan los terrenos que presumen son de ellos, Rangel Ortiz señaló: “Nosotros ya vamos a tomar acciones de recuperar nuestras propiedades y puede correr sangre, puede haber lesionados”, y añadió:

“Nosotros, tentativamente iniciamos el viernes, no sé, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero el viernes, y nos vamos a armar como sea.”

Eliezer Rangel detalló que “el crimen organizado invadió varias propiedades en Apatzingán, aproximadamente 500 hectáreas, por órdenes de Nazario Moreno y Kike Plancarte. Dieron ellos la orden a Marcelo Valencia, el cual le dieron el nombramiento como comandante Tonatiuh, que era el que representaba los intereses de ellos en las invasiones, y ese Marcelo Valencia y Juan Avilés como presidente de la barra de abogados de Apatzingán, quien fue impuesto por Kike. Eran los encargados de cerrar los negocios en Apatzingán, obligar a los comerciantes de hacer las marchas en contra del gobierno, marchas a México, aquí en Morelia, en contra de las represalias que estaban tomando, pues ahora sí que el gobierno junto con los autodefensas en contra del cártel de Los Caballeros Templarios”.

Manifestación

Acompañado de habitantes del lugar, entre los que destacó el excandidato al gobierno de Michoacán por el Partido Humanista (PH), Gerardo Dueñas Bedolla, este último señaló que, tras su acercamiento al actual mandatario electo, Silvano Aureoles Conejo, se le informó del despojo de tales predios.

El excandidato señaló: “él tiene conocimiento pleno porque al parecer ellos actúan en todo el estado, son individuos bien organizados, la organización opera en todo el estado, operó en el Punhuato, pero ahí sí, el PRI viéndose afectado, le llamó al gobernador, y pronto ahí si actuaron, desalojaron el Punhuato, pero aquí no lo hace, entonces yo creo que el próximo gobierno está consciente y resolverá este problema”.

Dueñas Bedolla explicó que en su caso, son 39 hectáreas de las que fue despojado por los supuestos Caballeros Templarios que se apropiaron de dichos terrenos.

Cabe mencionar que habitantes de Apatzingán publicaron en redes sociales fotos de Eliezer Rangel, donde aparece armado, y lo señalan como presunto integrante del grupo denominado Los Blancos de Troya, y anteriormente de La Familia Michoacana, a quienes acusan de operar todas las narcotiendas del municipio.

Excélsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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