Javier Castellón, candidato a diputado local de Nayarit por la coalición Va por México, fue captado en video recibiendo fajos de billetes y guardándolos en una mochila, motivo por el cual fue criticado en redes sociales y señalado como un posible acto de corrupción.
El alcalde con licencia de Tepic, abanderado por la alianza PRI-PAN-PRD aseguró que se trata de una campaña en su contra y de acuerdo con los rescatado por el periodista Jorge Armando Rocha, el político también aseguró que esa grabación es del 2017 cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le dio dinero para comprar comida.
Francisco Javier Castellón Fonseca nació el 21 de septiembre de 1960, de entre otros puestos destacados que ha tenido sobresale su paso por la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), donde sirvió como rector de 1998 a 2004.
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Candidato del PRI-PAN-PRD es captado recibiendo dinero en efectivo (Video: Twitter / @rochaperiodista)
Ese mismo año fue elegido Candidato del PRD, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Socialista (PRS) en alianza a gobernador de Nayarit, sin embargo finalmente cedió su postulación al ex priista Miguel Ángel Navarro Quintero.
En 2006 y hasta 2012 fue elegido senador de primera minoría. Después de ello fungió como presidente del Comité Directivo Estatal del sol azteca en Nayarit y para el 2017 ganó las elecciones como presidente municipal del municipio capital de Nayarit, cargo al que solicitó licencia para competir por una diputación local en 2021.
Ahora contiende por la diputación local del distrito V en Santiago Ixcuintla bajo la coalición Va por México, la cual promovió la alianza PRI-PAN-PRD y fue organizada por Sí por México, una plataforma política-ciudadana creada y liderada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, ambos miembros de la élite empresarial mexicana que han sido acérrimos críticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Los líderes de los partidos PRI, PAN y PRD, respectivamente (Foto: Collage/ Cuartoscuro)
Ante la revelación de este material en redes sociales, numerosos usuarios señalaron la presunción de un supuesto acto ilícito; por su cuenta, el candidato negó que esto fuera así y acusó una “guerra sucia” fraguada en su contra para hundirlo en las elecciones del domingo 6 de junio. Sin embargo, algunos usuarios dijeron que ese clip no puede ser del 2017 pues en el pecho de la camisa trae el bordado de la coalición Va por México, pero dicho señalamiento no puede ser verificado, pues la imagen referida no es apreciable del todo, ya que la calidad en la que se encuentra la grabación es muy pobre. Asimismo, se debe de considerar que el rostro del señalado sí corresponde al del perredista.
Otros usuarios concordaron con el ex rector y compararon este caso con el de René Bejarano y Pío López Obrador, pues bajo un contexto complejo, políticamente hablando, ambos personajes cercanos al actual presidente de México fueron señalados por recibir dinero de manera ilícita para favorecer de algún modo a ellos o al mismo AMLO; empero, se debe de recalcar que Bejarano aceptó su culpabilidad en 2004, año en el que se filtró este gran videoescándalo.
De manera separada, el hermano del presidente dispuso de recursos legales para apelara a la veracidad del video como factor determinante que lo pueda ligar con algún delito, motivo por el cual ha buscado la vía legal para descalificarlo y así poder limpiar su nombre; no obstante, esto no ha podido ser concretado, pues la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación de Pío López Obrador, con la que buscaba detener la investigación que el Instituto Nacional Electoral (INE) realiza en su contra por, presuntamente, haber recibido dinero que beneficiaría a las campañas electorales de Morena en 2015.
El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.
La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.
De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.
El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.
El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.
Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.
Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.
Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.
Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.
Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.