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México

Vigilarán respeto a derechos de las mujeres en el proceso electoral 2018

Se declara activo de forma permanente y, de cara al proceso electoral 2017-2018, el Grupo de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), encabezado por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e integrado por instituciones del Gobierno Federal, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y academia.

El órgano asegura que vigilará se garantice que sean respetados y ejercidos de manera plena, los derechos de ciudadanía de las mujeres.

Resaltaron que el principio de paridad será una pieza fundamental para la construcción de la democracia en las elecciones. Las mujeres deben participar, en igual proporción, por distintos cargos de elección popular, desde los cuales podrán incidir en la generación de políticas públicas, para lograr la consolidación de una sociedad plural e incluyente.

«Como integrantes del OPPMM rechazamos cualquier tipo de violencia política en contra de las mujeres, por lo que daremos estricto seguimiento a cualquier indicio o manifestación de esta problemática, con el firme propósito de impedir que los derechos de las mujeres sean vulnerados, y de buscar las sanciones más rigurosas a quienes se les comprueben estas conductas», enfatizaron.

Es momento de erradicar cualquier tipo de agresión en contra de las mujeres. La violencia política «no es el costo» que las mujeres deben pagar por participar en espacios de toma de decisiones.

El Observatorio Nacional exigió un alto a estas lamentables conductas y refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía para garantizar que nuestra labor será incansable, hasta lograr el cumplimiento efectivo e irrestricto del ejercicio de los derechos de las mujeres.

Asimismo, el Observatorio convocó al país a reconocer los derechos político electorales de las mujeres, «obtenidos a partir de la lucha y persistencia de mujeres y hombres que han comprendido que el desarrollo democrático del país implica la participación y apropiación del espacio público y político en igualdad de condiciones».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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