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Vinculan a dos a proceso por robo de computadoras

El juez de Garantía del Distrito Judicial Morelos vinculó a proceso a Álvaro Rangel Rodríguez y Carlos Alfredo Hinojos Gaytán, detenidos por elementos de la Policía Ministerial horas después de que cometieron el robo de 22 computadoras de una escuela de nivel superior, delito por el cual podrían alcanzar una sentencia de 5 años y medio de cárcel.

El 17 de septiembre del 2012 el juez calificó de legal la detención, audiencia en la que el Ministerio Público de la Unidad de investigación de Robo les formuló imputación por el delito de robo agravado, quedando bajo una medida cautela la de prisión preventiva.

La pena mínima que pudiera alcanzar cada uno de los imputados asciende a 5 años 6 meses de prisión, sin beneficio alguno, ya que el monto del robo asciende a los 195 mil pesos, pero además la agravante de haber cometido el delito en perjuicio de una institución educativa.

De acuerdo a la carpeta de investigación 14275/2012 Álvaro Rangel Rodríguez y Carlos Alfredo Hinojos Gaytán son los probables responsables del robo cometido en perjuicio de la Universidad Nacional de Estudios Avanzados, registrado a eso de las 10:30 horas del 14 de septiembre del 2012.

A través de una rápida movilización policías ministeriales lograron la detención de Álvaro Rangel Rodríguez y aseguraron las computadoras, que se encontraban en una pick-up Ford doble cabina, localizada en la calle Sudáfrica del Fraccionamiento Quintas Versalles, y horas después detuvieron a Carlos Alfredo Hinojos Gaytán, quien era empleado de la escuela, sujeto que organizó el atraco. 

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Asesinato de Jasiel Giovanny: crecen las sospechas de un segundo implicado

El trágico caso del pequeño Jasiel Giovanny, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío cercano al fraccionamiento San Agustín, sigue generando indignación y dudas. Aunque el padrastro del menor, Abraham Alejandro F.D., ya fue imputado y recluido por el crimen, nuevas versiones han fortalecido la hipótesis de que no actuó solo.

Un elemento clave ha avivado la sospecha de que una segunda persona participó en el asesinato o, al menos, en el ocultamiento del cuerpo: durante la búsqueda inicial del niño desaparecido, voluntarios y policías recorrieron el mismo terreno donde luego fue encontrado sin que detectaran señal alguna. Esto ha llevado a pensar que el cadáver fue colocado allí después, posiblemente por un cómplice.

Mientras la atención mediática ha girado en torno al debate sobre el lugar de reclusión de Abraham Alejandro —quien fue enviado al Cereso Femenil debido a su identidad de género—, la investigación parece haber dejado cabos sueltos que podrían ser cruciales. La Unidad de Personas Ausentes fue fuertemente señalada por presuntas omisiones, aunque otros grupos dentro de la Fiscalía lograron recuperar el caso a tiempo.

En las audiencias judiciales ya se han expuesto antecedentes de maltrato por parte del padrastro, lo que refuerza su vinculación al crimen. Sin embargo, tanto familiares como ciudadanos han señalado públicamente que alguien más debió intervenir, sobre todo por el modo en que se dio con el cuerpo: casi 20 horas después de la denuncia, en un lugar previamente inspeccionado.

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía ha ofrecido información limitada, justificando la reserva con la protección de los derechos del menor. Pero más allá de la legalidad, la presión social exige resultados claros. El crimen de Jasiel no solo ha conmovido a su entorno inmediato, sino que ha generado un reclamo generalizado de justicia y de transparencia total en el proceso.

Si hay otra persona involucrada, la autoridad deberá actuar sin titubeos. Y si no la hay, la sociedad merece conocer todos los elementos que llevaron a esa conclusión. Por ahora, la herida sigue abierta y la confianza en las instituciones aún está en juego.

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