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Chihuahua

Vinculan a proceso a Eduardo Fernández exfuncionario de Javier Corral

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Tras considerar que existen elementos suficientes que acrediten la probable comisión de conductas delictivas por parte del ex secretario de Salud E.F.H., el juez de control, César Alberto Villalba Máynez, dictó auto de vinculación a proceso.

La carpeta penal abierta por la Fiscalía Anticorrupción formuló imputación por la posible comisión del tipo penal de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, tipificado en el artículo 261, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con los elementos presentados por el ministerio público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, E.F.H. incurrió en la contratación ilegal de deuda; por lo que será sometido a juicio al considerar que las pruebas en la investigación realizada están sustentadas y reúnen los caracteres del delito en mención.

Por lo anterior, el juez de control fijó un plazo de dos meses para la integración de pruebas, toda vez que el togado refirió, que quedó acreditado que el imputado omitió cumplir con el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, así como el incumplimiento al artículo 24, referente a los montos y plazos de pago, al contratar un financiamiento, es decir, deuda, y no se justificó que se hayan cubierto gastos pendientes con motivo de los servicios de salud por lo que no hay ninguna excluyente de delito.

Dentro de la exposición por parte del Ministerio Público, adscrito a esta Fiscalía, se asienta que el 3 de marzo de 2021 EFH, firmó un convenio atípico, por el que se reconoció un «adeudo» por 401 millones 364 mil 155.59 pesos, en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, el cual se comprometió a cubrir en seis parcialidades mensuales, pagaderas en el periodo comprendido del último día del mes de marzo de 2021, al último día del mes de agosto del mismo año.

Es decir, generaron un documento público violatorio del orden jurídico en el que se consigna el reconocimiento o confesión de una deuda del Gobierno del Estado de Chihuahua a cargo del Instituto Chihuahuense de la Salud. El cual, es un organismo descentralizado (no autónomo) cuyo Director General, es el mismo Secretario de Salud, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Así mismo se determinó que el costo y carga financiera irregular pagada por el ICHISAL y el Gobierno del Estado asciende a 24 millones 114 mil 217.15 pesos; por lo tanto, se advierte que el objeto de la presente operación financiera, no fue ceder los derechos del convenio de reconocimiento de adeudo y pago, sino contratar financiamiento, es decir, deuda según la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Por lo anterior, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua reitera su compromiso de combatir la corrupción en favor de la sociedad chihuahuense.

Chihuahua

Fiscalía impugnará amparo que permitió liberar a dueño del crematorio Plenitud

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La Fiscalía General del Estado exigió la revisión inmediata del amparo que derivó en la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud, y anunció la presentación de recursos legales para revertir la decisión.

El fiscal César Jáuregui informó que se promoverá un recurso de revisión ante jueces del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que se recomponga la sentencia y las cosas vuelvan al estado en que se encontraban. Además, se interpondrá una queja ante los órganos de control del propio Poder Judicial para que se analice la actuación del juez que concedió el amparo.

El funcionario dio a conocer que sostuvo un encuentro con familias afectadas, a quienes explicó la postura institucional y ofreció respaldo en la búsqueda de que la resolución sea modificada.

En conferencia de prensa, acompañado por el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el vicefiscal, Francisco Sáenz, detalló que el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó el amparo para ordenar la libertad inmediata del imputado, quien estaba detenido por delitos vinculados con el establecimiento donde el 26 de junio fueron localizados 386 cuerpos. La noche del 13 de febrero, añadió, se cumplimentó la determinación judicial y el hombre salió en libertad.

Jáuregui recordó que previamente ese mismo juzgado había negado una solicitud similar al considerar que los cadáveres permanecieron durante meses en condiciones insalubres y en descomposición, lo que implicaba un riesgo para la comunidad.

Expuso que la autoridad ministerial acreditó la existencia de 386 cuerpos sin tratamiento adecuado y que a familiares se les entregaron urnas con restos que no correspondían a sus seres queridos. Indicó que el juez que concedió el amparo centró su análisis en los verbos rectores de los delitos, ocultar y conservar, al estimar que no se configuraban porque los cuerpos no estaban escondidos.

El fiscal agregó que ya se diseña una estrategia jurídica y, para no entorpecer los procesos, se reservarán más detalles. Reiteró el compromiso de la institución para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

Hasta ahora, la Fiscalía ha identificado 191 cuerpos, de los cuales 185 han sido entregados, y se realizaron 152 peritajes de ADN cuyos resultados se recibirán en los próximos días.

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