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México

Vinculan a proceso a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’

El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” fue vinculado a proceso por un Juez de control durante su audiencia inicial, misma que continuaba hasta el cierre de esta edición, por lo que el ex mandatario pasó su segunda noche como interno en el Penal de Apodaca.

La audiencia inició minutos después de las 16:00 horas, de forma virtual y privada, sin permitir el acceso a los medios de comunicación, por petición de la defensa de “El Bronco”.

Casi a las 23:00 horas, se informó que el juez de Control Carlos Alberto Salas González encontró suficientes elementos para vincular a proceso al ex gobernador, por lo que la audiencia continúo para dictaminar las medidas cautelares a las que se deberá someter “El Bronco”.

En la audiencia estuvieron presentes Salas González, así como integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León.

Mientras que “El Bronco” y defensa, asistieron de manera remota, desde una sala habilitada en el Penal 2 de Apodaca, donde el ex mandatario se encuentra recluido desde el martes.

La FEDENL, de acuerdo a lo señalado en la audiencia, cuenta con elementos para acusar al ex mandatario “por su probable participación en hechos con características de delitos electorales”, infracciones que según el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, la FEDENL ni el gobierno del estado, así como tampoco la defensa de “El Bronco”, han aclarado de qué delitos se acusa al ex mandatario; la orden de aprehensión podría haberse derivado por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial del 2018 o el uso de recursos monetarios y humanos durante la misma campaña.

A través de redes sociales, el gobernador Samuel García aseguró que no se tolerará la corrupción durante su administración.

“Un nuevo comienzo implica no tolerar la corrupción, no permitir la impunidad y que se haga justicia. Hoy dimos un paso importante para lograrlo”, escribió en Twitter.

“Si alguien, quien sea, violó la ley y abusó de la confianza de las y los neoleoneses, tendrá que rendir cuentas y pagar las consecuencias”.

“Estoy tranquilo porque hemos hecho lo correcto y porque la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas, profesionales y responsables. Sé que actuarán con total apego a la ley y le harán justicia a nuestro estado. Ahora toca seguir trabajando para construir un nuevo Nuevo León y para lograrlo tenemos que entrarle todos. Ánimo”.

Por la mañana, el abogado Victor Oléa Pérez, quien encabeza el equipo jurídico que defiende al ex mandatario, aseguró ante los medios que los delitos de los que era acusado “El Bronco” no requerían prisión preventiva oficiosa, por lo que buscaban su libertad.

Incluso, el equipo jurídico promovió cuatro amparos, de los cuales uno, identificado con el expediente 192/2022, fue resuelto en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, de acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal, aunque su contenido no fue divulgado.

De acuerdo a la Lista de Acuerdos del CJF, la resolución fue “Se previene al promovente del amparo. Notifíquese personalmente”.

La Ley de Amparo, en su Artículo 114, señala que esta resolución significa el amparo presentó alguna deficiencia u omisión; según el Artículo 108, podría tratarse de algo como la falta del nombre o domicilio del quejoso.

Por ello, la resolución de ese amparo significaría la solicitud del CJF al equipo de defensa para que subsane dichas omisiones y no a que el ex mandatario sea liberado.

Durante la audiencia de este miércoles, el Juez de Control definirá si la detención de “El Bronco” fue realizada conforme a derecho, si se le vincula a proceso y si amerita o no medidas cautelares como la prisión preventiva oficiosa.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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