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México

Vinculan a proceso al exsecretario del PRI por peculado

El juez Rodríguez Gaytán fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la carpeta de investigación y el delito por el cual fue vinculado a proceso el exsecretario general adjunto del CEN priista puede alcanzar una pena de cuatro a doce años de prisión.

El exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue vinculado a proceso penal por el delito de peculado agravado.

En la sala oral número Uno del Centro de Justicia de Chihuahua, el juez de Control Octavio Armando Rodríguez Gaytán, resolvió en una larga audiencia que existen elementos suficientes para presumir la participación de Gutiérrez Gutiérrez alias «La Coneja», en la sustracción de 250 millones de pesos del patrimonio público del gobierno del Estado de Chihuahua, en el periodo comprendido del mes de diciembre de 2015 a octubre de 2016.

Lo anterior, a través de cuatro contratos de empresas conseguidas por el imputado en el centro del país, mismas que simularon la prestación mediante contratos que violaron la Ley de Adquisiciones.

La quinta empresa beneficiada por servicios que se pagaron y nunca se ofrecieron es «Jet Combustibles S.A. de C.V. «, propiedad del propio Alejandro Gutiérrez.

El juez Rodríguez Gaytán fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la carpeta de investigación y el delito por el cual fue vinculado a proceso el exsecretario general adjunto del CEN priista puede alcanzar una pena de cuatro a doce años de prisión, según lo establecido por el agente del Ministerio Público.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado, presentó argumentos sólidos y suficientes en la presentación de cargos en contra del priista durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso penal como probable responsable del desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua.

Los agentes del Ministerio Público al frente de la «Operación Justicia para Chihuahua», expusieron ante el juez que el exsenador, se confabuló para saquear los recursos federales destinados para programas educativos en la entidad, a través de la simulación de cinco contratos consistentes en la prestación de servicios profesionales los cuales nunca fueron otorgados al Estado.

Para ello, fingieron la realización de dictámenes de excepción a la licitación pública, actas de adjudicación directa, contratos con sus respectivos pagos y facturación.

La Fiscalía presentó testimoniales en las cuales Alejandro Gutiérrez determinó las empresas con las que se hicieron los contratos para el desvío de los recursos, en complicidad con el propio ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y otros ex funcionarios estatales, actualmente vinculados a proceso o sentenciados por estos mismos hechos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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