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Opinión

Violencia de Género: La Batalla Pendiente. Por Sigrid Moctezuma

Cada 25 de noviembre, el mundo pone un reflector sobre un tema que, lamentablemente, no pierde relevancia: la violencia de género. Aunque parezca increíble que en pleno siglo XXI sigamos enfrentándonos a este problema, la realidad nos recuerda que esta fecha no es solo una conmemoración, sino una llamada urgente a la acción.

El origen de este día nos lleva a 1960, en República Dominicana, cuando las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Trujillo. Estas tres mujeres, conocidas como “Las Mariposas”, no sólo desafiaron un régimen opresor, sino que simbolizan la valentía y la lucha por la justicia. Fue su brutal asesinato lo que llevó, años más tarde, a que la ONU declarara el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia de Género, un homenaje a su memoria y a todas las víctimas de esta problemática.

En México, este día resuena con particular fuerza. Las cifras son contundentes y desgarradoras. Según el INEGI, cada día son asesinadas 10 mujeres en el país, lo que nos posiciona entre los países con mayor incidencia de feminicidios en América Latina. A esto se suma que 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas, ya sea emocional, física, económica o sexual.

El impacto de la violencia no distingue edades, clases sociales ni geografías. En 2023, se registraron más de 20 mil llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres cada mes, lo que representa un promedio de 27 llamadas por hora. Además, estados como el Estado de México, Nuevo León y Veracruz lideran en el número de feminicidios reportados, una estadística que debería alarmarnos y movilizarnos como sociedad.

A pesar de esta realidad desgarradora, también es importante reconocer los avances. Desde la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hasta la creciente visibilidad del movimiento feminista, México ha dado pasos significativos. Las manifestaciones multitudinarias, los paros nacionales y los colectivos organizados han puesto el tema en el centro del debate público. Además, programas como los Centros de Justicia para las Mujeres y el fortalecimiento de las fiscalías especializadas muestran que hay esfuerzos por parte de las instituciones para atender esta crisis.

Sin embargo, esto no es suficiente. Este problema no se resolverá únicamente desde el gobierno o con más leyes, aunque son piezas fundamentales. Es un desafío que atraviesa todos los niveles de la sociedad y que nos obliga a cuestionarnos constantemente: ¿qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? Desde casa, en las escuelas, en el trabajo y en las redes sociales, tenemos la responsabilidad de educar, denunciar y construir una cultura que respete y valore a las mujeres en toda su diversidad.

Hagamos que el 25 de noviembre no sea solo una fecha de memoria, sino el inicio de un compromiso real. Denunciemos, eduquemos, apoyemos a quienes lo necesitan y trabajemos desde nuestras trincheras para erradicar la violencia de género. Cada pequeña acción cuenta: desde enseñar a las nuevas generaciones a respetar, hasta exigir justicia para las víctimas. No podemos quedarnos como espectadores. El cambio comienza con cada uno de nosotros, aquí y ahora. ¿Qué harás tú hoy para construir un México donde la violencia de género sea cosa del pasado?

Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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