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Resto del mundo

Votan en EEUU sin ser ciudadanos.

¿Pueden votar quienes no son ciudadanos en Estados Unidos?

La ley federal prohíbe que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, incluidas los comicios para presidente, vicepresidente, el Senado o la Cámara de Representantes.

La ley de 1996 establece que quienes no son ciudadanos y voten ilegalmente enfrentarán una multa, prisión o ambas cosas. Los no ciudadanos que voten y sean atrapados también podrían enfrentar la deportación.

Algunos políticos y expertos han encendido la alarma de que un gran número de personas que no son ciudadanas podría estar votando ilegalmente. Los estudios muestran que esto no sucede, según Ron Hayduk, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de San Francisco, quien estudia las leyes electorales para los no ciudadanos.

Aunque hay reportes anecdóticos de no ciudadanos que se registran y votan, “la incidencia de tales hechos es infitesimal”, dijo Hayduk.

La investigación realizada por el Centro Brennan para la Justicia, en 2017, analizó 42 jurisdicciones en la elección de 2016 e informó que de 23,5 millones de votos emitidos, los funcionarios electorales sólo encontraron unos 30 casos de posibles votantes no ciudadanos que ellos remitieron para enjuiciamiento o investigación adicional.

Investigaciones más recientes tampoco han mostrado pruebas de una votación generalizada de quienes no son ciudadanos. Una auditoría en Georgia de sus listas electorales realizada este año encontró menos de 2.000 casos de no ciudadanos que intentaron registrarse para votar en los últimos 25 años, y ninguno de ellos tuvo éxito. Millones de nuevos votantes en Georgia se registraron durante ese mismo período.

La ley federal no impide que los estados o municipios otorguen a los no ciudadanos el derecho a votar en elecciones locales —y algunos lo han hecho, incluidos 11 ciudades en Maryland y dos en Vermont. Este año, la ciudad de Nueva York aprobó una ley que permitiría a no ciudadanos legalmente documentados y a los “dreamers” votar para alcalde y otros funcionarios electos, pero un juez bloqueó la medida en junio.

Se conoce como “dreamers” a los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos, ya sea porque sus padres entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus visas.

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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