Es probable que Volkswagen tenga que demostrar que había razones legítimas para instalar el software que permitió falsear las pruebas de emisiones de sus vehículos si quiere esquivar la acción de la justicia penal estadounidense, dijo un equipo de abogados.

El fabricante alemán reconoció que usó reguladores de limpieza de aire en algunos de sus modelos a diésel que tenían instalado un «dispositivo de desactivación», diseñado para manipular las mediciones sobre emisiones.

Por ello, la compañía podría enfrentarse a grandes multas civiles por parte del gobierno estadounidense, dijeron abogados expertos en procesos medioambientales, pero no involucrados en el caso de Volkswagen.
La investigación penal busca no sólo detectar posibles violaciones a la ley estadounidense de aire limpio, sino también ampliar el tamaño que alcanza el fraude, falsos testimonios a los reguladores y otros delitos, explicaron los abogados.

Los empleados también están expuestos a ser investigados de manera individual y podrían tener que hacer frente a acusaciones penales si se descubre que cometieron un delito, añadieron los especialistas.

La falsificación deliberada de los resultados sobre emisiones tóxicas podría ser vista por la justicia de Estados Unidos como un fraude múltiple contra los consumidores, los reguladores y los distribuidores, explicaron juristas.

Sin embargo, se espera que haya un debate entre el Departamento de Justicia y el equipo jurídico de Volkswagen para aclarar las razones por las que la compañía y sus empleados decidieron instalar este software.

Generalmente, la justicia estadounidense debe encontrar hechos que evidencien un intento manifiesto de cometer un delito, como correos electrónicos incriminatorios o informaciones procedentes de testigos cooperantes, debido a que la instalación de los dispositivos no evidencia necesariamente una mala conducta intencional.

La investigación a Volkswagen podría ser uno de los primeros casos en los que el Departamento de Justicia decida aplicar las nuevas directrices que endurecen las sentencias sobre este tipo de asuntos e incrementan el número de enjuiciamientos a ejecutivos de empresas.

Fuente El Financiero