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Opinión

Xóchitl Gálvez, una apuesta real de oposición. Por Caleb Ordoñez T.

Y ahí, frente a las cámaras y el país entero, se muestran los presidentes de los partidos más fuertes en contra del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Siempre serios y estoicos, aparecen Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI; y Jesús Zambrano, del PRD.

Los rostros son muy conocidos, ya se han destapado Beatriz Paredes, Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos, Jorge Luis Preciado, Alejandro Murat, Ildefonso Guajardo, Claudia Ruíz Masseiu, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Quadri, Santiago Creel, Silviano Aureoles, José Ángel Gurría, Enrique de la Madrid y, por supuesto, Xóchitl Gálvez.

¡Cuánto ruido está haciendo la senadora hidalguense!

Gálvez se subió de pronto a un trampolín. Anhelando ser candidata a la Ciudad de México, fue presionada y encantada para convertirse, de la noche a la mañana, en la precandidata que -por lo menos en las redes sociales- ha despertado más ánimo dentro de una oposición que se ha visto por años deslucida, perdedora y representada por liderazgos repudiados, como los presidentes de partidos anteriormente mencionados.

“Pueblo”

Xóchitl tiene una carrera política muy basta, desde conocer la administración federal, en asuntos indígenas en la “Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas” (año 2000), así como “Directora General de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, hasta crear una institución oficial para atender los casos de más del 10% de la población mexicana. Gálvez se ostenta orgullosa de ser parte de esa minoría que sigue sufriendo el azote de la miseria heredada.

Si usted quiere ver en persona a Xóchitl, tendrá que asistir a un partido del Cruz Azul. No es una aficionada, sino una empedernida devota del equipo que más ha sufrido durante las últimas décadas, por la cantidad de finales perdidas. De ahí el término “la cruzazuleaste”.

La senadora es un personaje divertido y desenfadado. Nunca ha tenido reparo por hablar las cosas sin tapujos. Dice manejar en bicicleta diariamente y que su esposo utiliza el servicio público para trasladarse a su trabajo. Que “les gusta ser del pueblo”.

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Caleb Ordoñez

Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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