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México

Zacatecas está en alerta luego del arresto de la esposa del “Mencho”, presunto líder del CJNG

Francisco José Murillo Ruiseco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, declaró este miércoles 17 de noviembre que se desplegó un operativo especial militar en la entidad federativa después de declararse un nivel de seguridad de alerta.

Esto ante el posible incremento de violencia después de la captura el pasado lunes de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se tiene un tiempo de alerta para estar atentos a lo que pudiera suceder por esta detención”, dijo Murillo Ruiseco sobre el efecto que podría tener la captura en Zacatecas. “El despliegue se continúa y seguramente se incrementará”.

Aunque hasta el momento no existe una correlación confirmada entre los eventos sangrientos registrados esta semana en la entidad y la detención de la esposa de El Mencho, es imposible ignorar. La mañana de este jueves fueron encontrados los cuerpos de 10 hombres colgados en el puente de la Carretera Federal 45, en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, limítrofe con el estado de Aguascalientes.

Y el lunes, el mismo día que fue arrestada Rosalinda González Valencia, tres hombres fueron colgados de un puente peatonal en Fresnillo y se encontró el cadáver de un director de policía en Zacatecas y de dos oficiales a su cargo.

El periodista Oscar Balmen, a través de su cuenta de Twitter, realizó la pregunta. Preguntó que si los ocho cadáveres colgados en Ciudad Cuauhtémoc y los seis encontrados el pasado lunes “deberían hacer que el gobierno federal se plantee que la venganza del #CJNG podría no situarse en Jalisco, sino en todos los demás territorios donde tiene presencia”.

“Es decir, que en vez de una respuesta local contra la detención de Rosalinda González, El Mencho pudiera ordenar una escala de violencia regional o nacional”, dijo.

Balmen afirmó que se trata de una estrategia de guerra que, “sin duda”, el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador se debería plantear.

El gobierno de Estados Unidos de América considera al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones criminales más poderosas y sanguinarias. De acuerdo con el medio Business Insider, autoridades estadounidenses han descrito al CJNG como grupo delictivo “mejor armado” en México y “una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas de todo el mundo”.

No por nada el año pasado la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EEUU colocó espectaculares en distintas calles y carreteras de Los Ángeles, en California, ofreciendo una recompensa de USD 10 millones a cualquiera que aporte información que lleve al arresto de Nemesio Oseguera Cervantes.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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