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México

Zavala: contra el narco no habrá guerra; atacaremos al grupo criminal más violento

Margarita Zavala, candidata por la vía independiente, se lanzará frontalmente contra el grupo criminal más violento del país en caso de que logre ganar las elecciones presidenciales.

En rueda de prensa realizada en su casa de campaña ubicada en la Colonia del Valle, Zavala precisó que a diferencia de la guerra contra el narcotráfico, declarada por su esposo, el expresidente, Felipe Calderón, su estrategia “no es ninguna guerra a nadie”.

“No es ninguna guerra a nadie, es la actuación del Estado que debe hacer lo que tiene que hacer desde el día uno y por supuesto tiene que ser estratégico. La estrategia corresponde a los retos de ahora, que son distintos a los de hace 12 años, las condiciones son muy distintas, pero afortunadamente, hay una participación ciudadana”, defendió.

La aspirante presidencial estuvo acompañada por su asesor de en política de seguridad, Alejandro Hope, quien dio a conocer los cinco ejes de la lucha contra la violencia proveniente de las organizaciones criminales diseminadas en el país.

Los ejes de la estrategia

El primer eje es combatir, sin escatimar recursos, dijo, al grupo delictivo más violento del país.

“Esto se conoce técnicamente como una estrategia de disuasión focalizada. Durante los primero meses de gobierno se dedicarán recursos excepcionales a la persecución del grupo más violento, a la captura de sus líderes, al desmantelamiento de los brazos armados, al cierre de sus fuentes de ingresos y al decomiso de sus activos”, explicó Hope.

De acuerdo con el especialista en temas de seguridad, la intención es que desde el día de la elección, los grupos criminales empiecen a competir en ser el menos violento que sus rivales, así como menos visibles que sus rivales.

Una vez que el primer grupo sea desmantelado, se repetirá el ejercicio.
“Esto no significa dejar de perseguir a los demás grupos, simplemente que se dedicarán recursos extraordinarios a los que usen de manera más intensiva la violencia, es decir, a los que hagan más daño”, aseguró Hope.

El segundo punto tiene el objetivo de crear corredores carreteros seguros. Es decir, identificar 10 tramos carreteros federales, particularmente peligrosos donde se reforzará la presencia de la policía federal.

Aunado a lo anterior, se implementarán viajes en convoy de transporte de carga y se instalarán cámaras de vigilancia en puntos riesgosos como Monterrey-Reynosa, San Luis Potosí-Matehuala, México-Querétaro, Puebla-Veracruz, principalmente.

Como tercer eje, Zavala pretende desarrollar al igual que durante el sexenio de su esposo, zonas urbanas de pacificación afectadas por la violencia.

“Siguiendo el modelo de Ciudad Juárez, de Todos Somos Juárez. Se está pensando en Tijuana y en León. Esas intervenciones requerirán un aumento sustancial de elementos federales; mayores recursos para la transformación acelerada de las instituciones locales de seguridad y justicia, una batería de programas sociales y una mesa de seguimiento de la sociedad civil”, dijo Alejandro Hope.

La cuarta estrategia consistirá en realizar operaciones encubiertas antiextorsión, en las que la policía federal establezca negocios fachadas en giros afectados por derecho de piso. Particularmente en dos regiones: Tampico-Madero-Altamira y la Riviera Maya.

El último eje se trata de operaciones especiales contra el feminicidio.

Al respecto, quien ejerció diversos cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en la recta final del gobierno calderonista, señaló:

“Empezando en Ecatepec y en Puebla. Se buscaría tener en el ámbito federal todos los homicidios de mujeres en esas localidades. Así mismo canalizar recursos excepcionales para la atención de la violencia intrafamiliar. Botones de pánico, transporte seguro para mujeres en coordinación con el sector empresarial, así como operativos de giros negros, para identificar redes de trata”, refirió Hope.

El asesor de Margarita Zavala criticó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto “no ha crecido la policía federal. En seis años se ha hecho poco o nada para transformar la Procuraduría General de la República, las prisiones son zonas de desastre, el abandono institucional es la marca del sexenio”, dijo.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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