Chihuahua

Existen en Chihuahua 204 ranchos para cazar guajolote silvestre

Tras el inicio de la temporada de cacería deportiva del guajolote silvestre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología dio a conocer que en el estado existen 204 ranchos registrados, ubicados en 28 municipios, en donde se puede aprovechar esta especie.

Al respecto, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Fernando Uriarte Zazueta, señaló que el guajolote silvestre es una de las especies de fauna que mayores ingresos genera anualmente a los propietarios de ranchos cinegéticos, con una derrama estimada en 200 mil dólares a nivel estatal.

Una de las razones, explicó el titular de SEDUE, es que la subespecie que habita en Chihuahua (Meleagris gallopavo mexicana) es la de mayor tamaño en el mundo, lo que significa un importante atractivo para que cada año 200 cazadores en promedio visiten Chihuahua en busca del preciado trofeo.

En ese contexto, detalló que durante la temporada 2008-2009 se expidieron 174 cintillos para guajolote silvestre, mientras que la temporada siguiente, 2009-2010 hubo un repunte y se expidieron 212 cintillos. Una baja considerable se registró durante la temporada pasada (2010-2011), con 78 cintillos entregados.

Sin embargo, para la temporada 2011-2012, que para la caza de guajolote silvestre va del 9 de marzo al 27 de mayo, se espera un incremento en el número de cintillos entregados tras la promoción que el Gobierno del Estado ha hecho en diferentes foros internacionales como el Safari Club.

Asimismo, Fernando Uriarte destacó que se espera la visita de por lo menos 200 cazadores para la presente temporada, mismos que en promedio arriban al estado en grupos de cuatro personas con una estancia de cuatro días, dejando una derrama de 2 mil 800 dólares por cazador (incluido pase por carreteras, gasolineras, casetas, restaurantes, hospedaje y alimentación, entre otros).

En ese sentido, destacó que los interesados pueden tramitar su licencia de cacería deportiva en cualquiera de las delegaciones con las que cuenta SEDUE en el estado: Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Creel y Ciudad Juárez.

Mencionó también que realizada en el marco de la sustentabilidad y las Unidades de Manejo y Conservación de la Vida Silvestre (UMA), la cacería deportiva es una alternativa muy rentable para los propietarios de los predios cinegéticos.

Los municipios de Chihuahua en donde existen poblaciones de guajolote silvestre son: Bachíniva, Balleza, Bocoyna, Buenaventura, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Janos, Madera, Maguarichi, Matamoros, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco del Oro, Temósachi y Urique.

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Chihuahua

Víctimas de Aras acusan a Fiscalía de negligencia y opacidad en reparación del daño

El abogado Felipe Acosta, representante de más de 500 afectados por el caso Aras, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de omisiones y negligencias en el cumplimiento de la reparación integral del daño, a pesar de que existe una sentencia firme desde el 14 de diciembre de 2024 que establece con claridad los términos para resarcir a las víctimas.

Acosta, quien integra un grupo de alrededor de 40 abogados que defienden a unas 2 mil 800 personas, rechazó las declaraciones del fiscal de la Zona Centro, Eliodoro Araiza, quien aseguró que el caso se ha llevado “puntualmente”. El litigante señaló que, si esto fuera cierto, los pagos ya habrían comenzado hace un mes, pues los bienes están asegurados y no existe justificación para que aún no se cuente con los avalúos e inventarios completos.

El abogado denunció falta de coordinación entre autoridades, afirmando que no se comparte la información de forma adecuada y que parece haber un “teléfono descompuesto” entre la Fiscalía General y la Fiscalía Zona Centro. También advirtió que el proceso debe incluir a todas las víctimas y no solo a algunas, y que las omisiones podrían derivar en responsabilidad institucional del Gobierno del Estado y la FGE.

Acosta explicó que los abogados particulares han promovido más de 400 acciones ante el juez de ejecución y 200 ante el juez federal, mientras que los defensores de la fiscalía están limitados para actuar contra la propia institución. Aseguró que los avances logrados han sido gracias al trabajo de asesores jurídicos independientes y no de la Fiscalía, que —dijo— solo ha actuado como “custodio” de los bienes asegurados.

El representante legal cuestionó la transparencia del proceso, al señalar que, aunque solicitaron acceso para avaluar e inventariar los 69 bienes asegurados, solo se les permitió hacerlo en 33. También pidió que la participación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, designada por el gobierno estatal para intervenir en el caso, se complemente con representación de las víctimas, para garantizar avalúos justos y evitar pérdidas de valor que reduzcan la compensación.

Acosta recordó que los abogados se retiraron de las mesas de trabajo por la falta de avances reales y reiteró el llamado a que la FGE pase de la custodia pasiva de bienes a la ejecución efectiva de acciones que permitan concretar la reparación del daño.

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