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México

150 mil productores de leche, en crisis sin precedente

La drástica caída de 50 por ciento en el precio internacional de la leche, la «inundación» de importaciones del producto y la falta de voluntad política del gobierno para «regular» el mercado, mantienen a los 150 mil pequeños y medianos productores (pymes) del lácteo que quedan en el país en una situación de «verdadera crisis», sin precedente en los últimos 20 años.
Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en 1994, en el país han desaparecido 600 mil unidades de producción.
Además, la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP) podría representar la desaparición formal de este sector, pues obligaría a los productores nacionales a competir de manera desventajosa con otros países, como Australia y Nueva Zelanda, que concentran casi 40 por ciento de las exportaciones mundiales.
Para Álvaro González Muñoz, del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, y Vicente Gómez Cobo, de la Federación Mexicana de Lechería (Femleche), la situación es «extraordinariamente difícil», pues desde julio pasado el precio en los mercados internacionales registra una caída de más de la mitad, al pasar de 4 mil 800 a 2 mil 300 dólares por tonelada.
Esta circunstancia ha provocado que la industria nacional del lácteo haya decidido, sin ninguna restricción, llevar a cabo importaciones, con lo cual «prácticamente ha inundado el mercado» sectorial, y con ello, explica, presiona aún más a los pequeños y medianos productores nacionales a venderles más barato.
Desde hace tres meses, más de 2 millones de litros de leche –cerca de 7 por ciento de la producción diaria nacional, estimada en unos 30 millones de litros– no pueden ser colocados en el mercado. Actualmente los productores la venden en 5.30 pesos por litro, pero el costo de producción es de 6 y hasta 7 pesos, según la zona.
Producción al caño
No obstante, «hay veces que el litro se vende a 3 pesos y otra (parte) se tira al caño. Esta situación resulta increíble en un país que importa 15 millones de litros diarios, o sea, una tercera parte del consumo nacional», apuntó Álvaro González, quien junto con Vicente Gómez solicitó la intervención del presidente Enrique Peña Nieto.
Además, informaron que Liconsa ha dejado de comprar un millón de litros de leche diarios a los productores de Jalisco, situación que tendrá un «efecto dominó», pues afectará también al resto de las 12 entidades consideradas grandes productoras.
Ambos dirigentes señalaron que aunque en varios estados del país ya realizaron movilizaciones, es previsible que éstas se generalicen en los próximos días y semanas, pues «la situación cada vez es más complicada».
González Muñoz denunció que el gobierno federal no tiene la menor voluntad política para «regular» el mercado de sectorial y frenar las importaciones. Incluso, señaló que Licosa, organismo que compra leche para los programas sociales, tiene capacidad de aumentar sus adquisiciones a los productores nacionales, pero ha decidido recurrir también a la importación, «desvirtuando todavía más el mercado».
En este sentido, Vicente Gómez, de Femleche, señaló que Liconsa ha asumido el papel de empresa privada, en lugar de trabajar en favor de los miles de productores nacionales y los consumidores.
Además, dijeron que muchas importaciones ni siquiera reúnen los requisitos para que sean identificadas realmente como leche. Nuestra población, por desconocimiento, consume quesos y muchos otros derivados, con la falsa creencia de que son elaborados con leche, expresó.
Así, denunciaron que a la inacción de las secretarías de Economía –que permite la importación indiscriminada del producto–, de Agricultura y de Salud, también se suman Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las cuales «se hacen de la vista gorda y jamás verifican precios, calidades ni sanidad. Simplemente dejan hacer y dejan pasar, lo que a todas luces es un fraude y un riesgo a los consumidores», denunció González Muñoz.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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