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México

25 años tardaría el gobierno en pagar nuevo avión presidencial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende gastar 9 mil 840 millones de pesosen la compra y mantenimiento de un avión nuevo para evitar que el Presidente y sus acompañantes puedan viajar a Europa sin escalas.

De acuerdo con información del diario Reforma, sólo para evitar contratiempos al mandatario se pretende destinar el equivalente a 757 millones de dólares.

Actualmente, Presidencia cuenta con el TP-01, un Boeing con capacidad para 66 pasajeros que data de 1987 pasajeros que data de 1987, y el TP-02, otro Boeing con capacidad para 68 pasajeros, de 1989.

Dicho proyecto de inversión presentado a la Secretaria de Hacienda no especifica si las naves llegaron al final de su vida útil. La Sedena señaló que el único inconveniente de las naves es que tienen que hacer escalas para vuelos trasatlánticos.

La compra de otra aeronave implicaría un gasto de 8 mil 669 millones de pesos, más mil 170 millones 378 mil por concepto de mantenimiento, ello, a pesar de que el presidente realiza vuelos cada dos meses y medio.

La Sedena planea realizar la adquisición mediante un esquema de arrendamiento financiero con pagos anuales durante 25 años, para un total de 9 mil 840 millones 132 mil pesos. La marca y el modelo del avión no se han especificado.

Gasto excesivo

El periódico Reforma señala que el equivalente a 757 millones de dólares contrasta en sobremanera con lo que cuestan los aviones más grandes y caros del mercado.

Un ejemplo es el Boeing 737 nuevo que está cotizado en 90 millones de dólares, sin embargo, expertos argumentan que se puede comprar hasta en 45 millones.

Mientras que un Boeing 777-300ER tiene un precio de lista de 298 millones, pero en realidad se cotiza en alrededor de 150 millones.

En base a ello, con la cantidad que prevé gastar el gobierno federal, se podrían adquirir tres aeronaves nuevas.

Incluso el avión presidencial de Estados Unidos, un Air Force One, está valuado en 325 millones de dólares, menos de la mitad de lo que se pretende gastar el gobierno mexicano.

En el documento que la Sedena presentó a la Secretaria de Hacienda, justifica que la compra de la aeronave servirá para “estrechar lazos de amistad y cooperación internacional”, además de que la aeronave es para cubrir las necesidades de la Sedena, en dos proyectos anteriores el gobierno reconoció que la aeronave sería utilizada por la Presidencia.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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