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Continúan asesinatos contra periodistas

 

Con los periodistas chihuahuenses masacrados, Héctor Javier Salinas Aguirre y Javier Moya Muñoz, se han registrado del año 2000 a la fecha, un total de 103 homicidios, destacando 87 periodistas, 8 trabajadores de la prensa, 6 familiares y dos amigos de comunicadores, además de 14 desapariciones forzadas.

Como se recordara, en octubre del 2008, la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) identificó a las 11 personas ejecutadas en el interior del centro nocturno «Bar Río Rosas», entre ellas el periodista y articulista David García Monroy.

Este sería uno de las primeras masacres que se recuerdan en la historia sangrienta del estado, en lugares públicos donde personas inocentes han perdido la vida por actos de agresión del crimen organizado que en su afán de acabar con la integrantes de grupos contrarios, han provocado una cantidad muy alta de muertes colaterales.

De nueva cuenta, el gremio periodístico se ve afectado por la muerte de manera circunstancial de dos destacados periodistas de l capital, cuando un grupo armado ingresó al bar El Colorado y de manera artera y cobarde, abrieron fuego contra todas las personas que se encontraban en el interior, cuando de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la Fiscalía General del Estado, los sicarios iban en búsqueda de dos presuntos narcomenudistas.

El gremio periodístico, en un manifiesto dirigido a las autoridades demandan la atracción inmediata de las investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos y al gobierno del estado de Chihuahua, que de manera expedita coadyuve con las autoridades federales para que se tutelen los derechos humanos vulnerados.

“El crimen de nuestros compañeros no debe prestarse al lucro político, ni de ninguna especie, todos debemos respetar el dolor de las familias», indica el documento firmado por diversas organizaciones periodísticas de la ciudad, el Estado e incluso del país.

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Asesinato de Jasiel Giovanny: crecen las sospechas de un segundo implicado

El trágico caso del pequeño Jasiel Giovanny, cuyo cuerpo fue hallado en un baldío cercano al fraccionamiento San Agustín, sigue generando indignación y dudas. Aunque el padrastro del menor, Abraham Alejandro F.D., ya fue imputado y recluido por el crimen, nuevas versiones han fortalecido la hipótesis de que no actuó solo.

Un elemento clave ha avivado la sospecha de que una segunda persona participó en el asesinato o, al menos, en el ocultamiento del cuerpo: durante la búsqueda inicial del niño desaparecido, voluntarios y policías recorrieron el mismo terreno donde luego fue encontrado sin que detectaran señal alguna. Esto ha llevado a pensar que el cadáver fue colocado allí después, posiblemente por un cómplice.

Mientras la atención mediática ha girado en torno al debate sobre el lugar de reclusión de Abraham Alejandro —quien fue enviado al Cereso Femenil debido a su identidad de género—, la investigación parece haber dejado cabos sueltos que podrían ser cruciales. La Unidad de Personas Ausentes fue fuertemente señalada por presuntas omisiones, aunque otros grupos dentro de la Fiscalía lograron recuperar el caso a tiempo.

En las audiencias judiciales ya se han expuesto antecedentes de maltrato por parte del padrastro, lo que refuerza su vinculación al crimen. Sin embargo, tanto familiares como ciudadanos han señalado públicamente que alguien más debió intervenir, sobre todo por el modo en que se dio con el cuerpo: casi 20 horas después de la denuncia, en un lugar previamente inspeccionado.

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía ha ofrecido información limitada, justificando la reserva con la protección de los derechos del menor. Pero más allá de la legalidad, la presión social exige resultados claros. El crimen de Jasiel no solo ha conmovido a su entorno inmediato, sino que ha generado un reclamo generalizado de justicia y de transparencia total en el proceso.

Si hay otra persona involucrada, la autoridad deberá actuar sin titubeos. Y si no la hay, la sociedad merece conocer todos los elementos que llevaron a esa conclusión. Por ahora, la herida sigue abierta y la confianza en las instituciones aún está en juego.

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