El gobierno federal buscará modificar la Ley General de Víctimas y elevar a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno a proteger a las personas víctimas del delito.

El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Fernández Aceves, informó este miércoles que esa dependencia instalará mesas de diálogo con organizaciones de víctimas y legisladores.

El objetivo es «llenar lagunas» de la ley que está como proyecto de decreto dentro del Congreso de la Unión con el consenso de los propios legisladores y de las organizaciones, entre ellas el Movimiento por la Paz que encabeza el escritor Javier Sicilia, detalló el funcionario.

Destacó que el gobierno federal busca modificar la Constitución para que los ayuntamientos, los gobiernos estatal y federal estén obligados por la Constitución a atender a las víctimas.

«Nosotros pensamos que el mecanismo conforme al cual los tres órdenes de gobierno deban atender a las víctimas debe ser elevado a rango constitucional, que no haya modo de que algún orden de gobierno busque escaparse de su responsabilidad», dijo.

El gobierno federal pretende que la Ley de Víctimas sea congruente con el paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se aprobó el año pasado, según el subsecretario.

Dijo que es necesario garantizar que las víctimas no padezcan una doble victimización al momento de solicitar la atención por parte del Estado.

«Necesitamos una base constitucional armónica que establezca criterios comunes y responsabilidades claras para efecto de evitar que las víctimas en el proceso de solicitar la reparación, no sufran un proceso de revictimización en la búsqueda de la ventanilla adecuada», dijo.

El funcionario informó que las mesas de diálogo se instalarán a más tardar dentro de dos semanas y en ellas se buscará también homologar criterios con otras leyes como la Ley de General de Educación y la General de Salud y la Ley de Desarrollo Social.

En su opinión, esas leyes «aún guardan obstáculos» para las personas afectadas por algún delito que buscan justicia y se pretende que las autoridades «no tengan lagunas por las que se pueda escapar algún argumento de no atención a las víctimas».

Otro cambio que será propuesto es trasladar la responsabilidad del resarcimiento de un daño al delincuente y no cargarlo «a los contribuyentes» como cuando el gobierno tiene que asumir los gastos.

«En la subsidiariedad en la responsabilidad del infractor tenemos que encontrar un mecanismo a la luz de los tratados internacionales para que la víctima esté protegida y cuente con la reparación del daño y que el delincuente se haga responsable de los daños  que hizo», dijo.

Debido al tiempo que le resta al gobierno del país (cinco meses), buscarán acelerar los cambios e incluso podrían pedir a los diputados federales que convoquen a una sesión extraordinaria para aprobar la Ley General de Víctimas con los cambios que se proponen.

La Ley General de Víctimas fue aprobada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, casi un semana después de recibir la validación del Senado.

Solo necesitaba la promulgación del presidente para entrar en vigor, pero ahora deberá esperar a que los legisladores decidan sobre las observaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo.

Según la Constitución, la cámara de origen —la de Diputados en este caso— debe discutir el proyecto y turnarlo a la cámara revisora (Senadores) una vez que sea aprobada por las dos terceras partes. Después de recibir el aval de la misma mayoría entre los senadores debe ser enviada nuevamente al Ejecutivo.

El siguiente periodo ordinario de sesiones ordinarias inicia el 1 de septiembre, según la Constitución. Para ser revisado antes debe llamarse a un periodo extraordinario.

Las sesiones extraordinarias son convocadas por la Comisión Permanente de la cámara para ocuparse exclusivamente del asunto en cuestión. Son necesarios los votos de dos terceras partes de la Comisión Permanente para convocar a una sesión extraordinaria.

La medida fue considerada por víctimas y defensores de derechos humanos como fundamental en medio de la Estrategia Nacional de Seguridad en contra del crimen organizado implementada en el 2006.

Desde año a la fecha se han registrado más de 47,500 muertes violentas, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).