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Los cárteles mutan a casas de empeño; la PGR investiga

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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio.- El crimen organizado y los cárteles del narcotráfico utilizan las casas de empeño para financiar sus organizaciones y como una forma de lavar dinero ilícito, indica la Procuraduría General de la República (PGR) a través de sus investigaciones.

La dependencia federal cataloga este hecho como una nueva mutación del crimen organizado para obtener ganancias no sólo a través del trasiego de droga, sino de otras actividades y como método de lavado de dinero.

A través de un documento que fue entregado a los procuradores de justicia del país se precisa que entre 30 y 35 por ciento de los objetos u artículos que se empeñan en casas prendarias son robados.

La PGR ubica en sus investigaciones que el crimen organizado utiliza las casas de empeño para financiar sus actividades ilícitas a través de dos formas: instalando casas prendarias a través de prestanombres para lavar el dinero ilícito y al mismo tiempo para obtener ganancias a través de los intereses que cobra, y fundiendo el oro de alhajas que no son recogidas para utilizar el oro como moneda de cambio.

El crimen organizado utiliza para la fundición de alhajas de oro a joyeros, quienes se encargan de su fundición y de la elaboración de nuevas prendas, estos mismos joyeros son cómplices para –en la mayoría de los casos– elaborar diversos artículos para el crimen organizado, desde cachas para pistolas, hasta pulseras, cadenas o monedas que identifican a la organización criminal.

La otra forma es la mutación de las organizaciones criminales, principalmente Los Zetas, para realizar actividades ilícitas, sobre todo del fuero común, como es el robo a casa habitación, transeúnte o automovilistas, para que los artículos obtenidos puedan ser empeñados y obtener recursos a través de los objetos robados que nunca son recuperados.

El subprocurador de Delitos Federales, Irving Barrios, dijo que esta forma de operación fue detectada por la PGR, por lo que se pidió a mandatarios estatales y procuradores de justicia revisar sus mecanismos de regulación comercial e incrementar en el caso de las casas de empeño mayores requisitos para cerrarle este camino a la delincuencia organizada.

“La PGR en la última reunión de procuradores de justicia del país y ante la preocupación que existe por la violencia de los delitos del fuero común y ante el incremento de los ilícitos como es sobre todo el robo en casa habitación y por otro lado los esquemas para desarrollarse a través de estas instituciones en las comisiones del ilícito de lavado de dinero porque pueden ser utilizadas para operaciones de recursos de procedencia ilícita, se invitó a las autoridades a llevar a cabo una revisión de la regulación y supervisión que tienen sobre este tipo de lugares”, indico Barrios.

Entrevistado por Excélsior, Irving Barrios precisó que respecto a los artículos que son empeñados por la delincuencia en esos lugares se acordó realizar una revisión de la regulación en el ámbito federal “con el objetivo de establecer mejoras en sus controles y tratar de tener el registro completo de quienes llevan a cabo los empeños”.

Irving Barrios indicó que “cuando se funde el oro y llevan a cabo todo este proceso para obtener de esa forma recursos o lavar dinero estamos hablando del esquema de delincuencia organizada, pero también hablamos de un esquema de una organización mediana o pequeña que se dedica al robo de casas habitación, que su ganancia la obtienen a través del empeño porque es más fácil el intercambio de las mercancías obtenidas de manera ilícita, y si lo llevamos a un índice de mayor escala hablamos ya de lavado de dinero”.

De acuerdo con la PGR, la proliferación de casas de empeño en el país inició a partir de 2003, como negocios altamente productivos. Su operación depende en su mayoría de las regulaciones comerciales y sanitarias de los estados de la República, quienes les otorgan permiso para operar.

Situación diferente a la de casas prendarias denominadas de asistencia pública, como lo es el Nacional Monte de Piedad, que conceden préstamos por diversos artículos, con la diferencia de que la obtención de recursos a través de intereses o subastas son entregados a obras de beneficencia.

En muchos casos, a pesar de que en las llamadas casas de empeño solicitan como requisito la credencial de elector o un documento especial para efectuar el préstamo prendario, se ha encontrado  que los empleados de las casas de empeño están coludidos con criminales, por lo que por cada solicitante que entrega una documentación oficial se le agregan otros préstamos apócrifos.

Los artículos robados en algunas ocasiones han sido reconocidos en las casas de empeño por los propios dueños, quienes meses atrás han sido atracados en la calle o en su domicilio y han sido empeñados con la entrega de documentos oficiales apócrifos.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través de las cifras que envían procuradores del país, registran un incremento en los delitos del fuero común denominados de alto impacto en varios estados del país, sobre todo el referente al robo.

De acuerdo al SESNSP durante 2011 se cometieron un millón 690 mil 958 robos y 45% de ellos fue con violencia.

En 2010 la dependencia federal recopiló que en todo el país se cometieron un millón 704 mil 99 casos. El 49 por ciento fue con violencia.

Hasta mayo de 2012 se habían cometido en todo el país 679 mil 111 robos y 49% de ellos (293 mil 936 casos) fue con violencia

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¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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