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Ley de Víctimas: Entre el Congreso y la Segob

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La forma en que estaba redactada la Ley General de Víctimas implicaba el riesgo de que los estados no cumplieran con su responsabilidad en la protección de víctimas de la violencia, aseguró este jueves el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

“Si bien el 90%  de los delitos se cometen a nivel estatal, los estados posiblemente pudieran no cumplir la Ley de Víctimas, entonces sería peor. Tendríamos una instancia de atención a las víctimas que dictara medidas (…) que los estados pudieran no cumplir porque el precepto constitucional no está sólido, ese es problema central de esa ley”, dijo Poiré en conferencia de prensa.

El señalamiento del titular de la política interna ocurre casi una semana después de que la Secretaría de Gobernación devolvió la ley al Congreso con algunas observaciones, entre las que destacaban definir los ámbitos de responsabilidad de reacción desde la Constitución.

El miércoles, la Comisión Permanente del Congreso regresó al Ejecutivo las observaciones planteadas a la ley argumentando que habían sido planteadas de forma extemporánea y ordenó su promulgación inmediata.

Poiré aseguró este jueves que las observaciones fueron emitidas el último día del plazo que marca la ley para ello, considerando que el Congreso envió la legislación el 1 de julio, por lo que consideró que el Ejecutivo cumplió “en tiempo y forma”.

“Lo importante y lo sustantivo es que encontremos un mecanismo que verdaderamente le dé la atención a las víctimas que se merecen”, dijo.

Poiré detalló que aún no han analizado el documento que Senado envió al Ejecutivo instruyendo a la publicación de la ley y dijo que con base en ese comunicado, determinarán si se publica la ley o si se interpone una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El titular de Gobernación aseguró que, de haber sido promulgada por el Ejecutivo tal como la recibió del Congreso, la medida hubiera necesitado varias modificaciones desde su misma entrada en vigor.

“No es tan sencillo como publicar una ley y luego la corregimos”, dijo.

Las observaciones del gobierno federal fueron consideradas un intento veto por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que impulsó la ley ante la presidencia y el Congreso durante las distintas etapas de su proceso legislativo.

“Este veto es un desprecio y una falta a su palabra. El presidente está faltando a su palabra, y eso es grave. Y con esto está haciéndonos perder la confianza”, dijo el líder del movimiento, el poeta Javier Sicilia.

La Ley de Víctimas ha sido un reclamo constante de defensores de derechos humanos durante el combate del gobierno federal al crimen organizado, en el que desde fines de 2006 han muerto más de 47,500 personas, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).

“En el México democrático no existe dilema entre seguridad y derechos humanos”, aseguró este jueves Poiré. “Lo sustantivo es evitar la publicación de una ley que vaya en detrimento de las victimas”.

La Ley General de Víctimas fue aprobada a fines de abril por la Cámara de Diputados, luego de ser aprobada en el Senado casi una semana antes.

Para entrar en vigor, depende de su promulgación por parte del poder Ejecutivo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

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¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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