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México

Piden PAN y PRD primero investigar las elecciones antes de validarlas

Los líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a las autoridades electorales que se desahoguen y aclaren las supuestas irregularidades que se han denunciado en torno a la elección antes de que sea validada.

“Que se desahogue y aclaren las irregularidades antes de la calificación de la elección para saber la magnitud, el origen de estos recursos ilegales que han sido denunciados y la presunción de lavado de dinero”, dijo Gustavo Madero del PAN.

“Debe atenderse, clarificarse y resolverse haciendo las diligencias necesarias que correspondan antes de que el tribunal emita la sentencia correspondiente”, agregó Jesús Zambrano del PRD.

El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles al virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, de beneficiarse con dinero de procedencia ilícita, un señalamiento que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró una «abierta difamación».

«Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero», dijo el candidato este miércoles en conferencia de prensa.

“Estamos unidos en la exigencia de que se aclaren, se sancionen estas denuncias presentadas antes de la jornada electoral. Queremos solicitarle al IFE que utilice todos los recursos que le hemos dotado en la reforma legal para que utilice la posibilidad de superar el secretario bancario y solicite a la Secretaría de Hacienda la información del manejo de estos recursos pero que también se amplíe a los retiros en efectivo que hayan hecho los gobiernos estatales durante los 90 días que duró el proceso electoral”, explicó Gustavo Madero.

El PRI, en un comunicado emitido este miércoles, respondió a la denuncia y dijo que ésta, además de infundada y de ser una «abierta difamación», representa una estrategia de López Obrador para «mantenerse vigente en la opinión pública e impedir la renovación generacional en el liderazgo de  las izquierdas».

«(…) el señor López Obrador y su equipo van de mentira en mentira. Bajo esta lógica, demandó el conteo voto por voto y cuando éste se verificó y confirmó el resultado, cambió su argumento a la compra masiva de sufragios, que tampoco pudo sostener y ahora lanza otra acusación inverosímil de lavado de dinero», cita el texto del comunicado.

La semana pasada el presidente del PAN, Gustavo Madero, señaló que durante la elección habían existido irregularidades como como el mal uso de las encuestas, la participación de gobernadores, una cobertura en medios de comunicación inequitativa y el manejo de recursos ilícitos con tarjetas de prepago de Banca Monex.

Jaime Cárdenas, encargado del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista, que respalda a López Obrador, presentó este miércoles lo que consideró pruebas de una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiamiento a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex.

Según la denuncia de la izquierda, las empresas Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y la persona física Rodrigo Fernández Noriega, depositaron más de 100 millones de pesos para que dos firmas: Grupo Comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, financiaran las tarjetas de prepago Monex Lealtad y Monex Recompensa; con las que se presume, se realizó la compra y coacción del voto.

Madero anunció la semana pasada que su partido no consideraba que hubiera elementos para invalidar la elección pero que el PAN acompañaría al PRD para buscar a los responsables y que hubiera las sanciones correspondientes.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha estado acompañando a López Obrador en el proceso para exigir la invalidez de la elección, junto con los otros dos partidos de la Coalición Movimiento Progresista, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

El perredista había dicho que buscaría a los panistas para presentar pruebas y argumentos contra la compra y coacción del voto a favor de Peña Nieto.

Madero informó el martes 10 de julio que su partido vigilaría que las autoridades electorales investigaran las posibles irregularidades en la elección, pero que respetaría los resultados del IFE que dan como ganador a Peña Nieto.

“La aceptación de que los votos fueron bien contados no significa que el proceso fue equitativo ni ejemplar. Por el contrario, existe evidencia importante de inequidad severa y de faltas graves”, dijo Madero ese día en conferencia de prensa.

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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