Los principales personeros del PRD en Texcoco están empeñados en una lucha “a muerte” (así dicen ellos) para expulsar de un predio de su legítima propiedad (como ellos mismos lo afirman cuando acusan al Lic. Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México, de haber aportado todo el dinero para la compra del mismo) a un grupo numeroso de familias mexiquenses que, carentes de vivienda, pretenden hacerse de una en el predio de referencia. Los “argumentos” de la élite del perredismo texcocano (Higinio Martínez, Constanzo de la Vega y el propio Horacio Duarte, brazo ejecutor y vocero autorizado de todos ellos, entre otros), como la famosa Wittib Hurtig de la tragedia de Shakespeare, no tienen, literalmente, por dónde cogerlos para intentar una comprensión racional de los mismos. Son un amasijo de mentiras, incalificables atropellos a las garantías constitucionales de los mexicanos, demagogia barata para despertar atavismos elementales de sus seguidores y lanzarlos contra los pobres sin vivienda, y afirmaciones caprichosas, revueltas con exigencias absurdas y amenazas desembozadas que no tienen más sustento que la soberbia y la prepotencia de esos señores que, por lo visto, se sienten superiores a todo y a todos, incluida la Constitución General de la República.

      Las mentiras. Mienten cuando dicen que se trata de una “invasión”, pues, además de contradecirse flagrantemente, como ya queda dicho, existe la documentación que demuestra que los posesionarios efectuaron una compra absolutamente legal con el dueño legítimo del predio; mienten cuando acusan a los dirigentes antorchistas de fraccionamiento “ilegal” o “clandestino”; le ocultan a la opinión pública que los dueños del inmueble tienen cubiertos a satisfacción todos los requisitos necesarios para obtener el permiso correspondiente para fraccionar, lo que no ha ocurrido por el escándalo perredista que ha inhibido a la autoridad encargada de expedirlo; mienten cuando afirman que los “antorchos” están acabando con los terrenos agrícolas de Texcoco; es el propio plan de desarrollo urbano del municipio, que no hicieron los antorchistas, el que declara al predio en litigio apto para vivienda; mienten cuando “alertan” que “ese asentamiento” agravará la escasez de agua; ocultan que el predio cuenta con su propio pozo, cuyo caudal es suficiente hasta para dar agua a fraccionamientos vecinos; mienten descaradamente cuando hablan de “invasores provenientes de diversos estados del país”; todos, absolutamente todos, son mexiquenses y todos vivían ya en Texcoco con permiso y apoyo de los mismos que ahora los satanizan (predio Hidalgo y Carrizo); los antorchistas sólo los ayudan a reubicarse.

      Los atropellos a la ley. Violan la Constitución al “exigir la expulsión” de los “antorchos” de su legítima propiedad y de Texcoco, del cual, por lo visto, se creen los dueños indiscutibles. En efecto, tal reclamo hace nugatoria la disposición constitucional que reconoce a todo ciudadano el derecho a una vivienda digna; y niega, también, la plena libertad de los mexicanos para ubicar su domicilio en cualquier parte del territorio nacional, sin tener que pedir permiso a nadie. Vulneran gravemente, además, el orden constitucional, al erigirse en fiscales, jueces y ejecutores de la sentencia en su propia causa, es decir, al tratar de imponer por la fuerza su voluntad y sus intereses, contrarios a la ley, a las autoridades ejecutivas y judiciales del estado y del municipio. No existe país en el mundo que pueda vivir en paz y prosperar si los ciudadanos toman la justicia en sus propias manos. Finalmente, hacen demagogia de muy baja calidad (y con fines aviesos, que es lo peor) cuando, acusando falsamente a los necesitados de vivienda de no ser “mexiquenses” ni “texcocanos”, enarbolan un patrioterismo de cotón y huarache y el más ridículo de los chovinismos (el localismo extremo elevado a la altura de máxima virtud ciudadana) con el propósito de despertar el odio mortal, el empecinamiento irracional de “ganar a como dé lugar”, la decisión de llegar “hasta donde sea necesario” aunque “corra sangre” (por cierto, “abogado” Duarte: ¿ya les explicó a sus seguidores de quién será la sangre que corra? Porque, evidentemente, no habla de la de usted, ¿o sí?), todo con tal de llevar a los buenos y pacíficos (como todos los mexicanos que viven de su trabajo) colonos y campesinos de Cuautlalpan, a un enfrentamiento con sus hermanos de pobreza, de sufrimientos y de esperanza en una vida mejor.

      Y la cereza del pastel. Luego de vomitar tales invectivas y mortales amenazas contra los modestos y pacíficos antorchistas que buscan un lugar donde vivir, Horacio Duarte sentencia: si “corre sangre”, la culpa será del gobernador Eruviel Ávila, de Enrique Peña Nieto y de Aquiles Córdova. Y es este último dislate de loca arrogancia, el que me hizo recordar la fábula del mono sabio que viene como anillo al dedo al perredismo texcocano:

     Érase un mono el juez, y érase un gato

     y un ratón en contienda tan reñida,

     que inmensa muchedumbre allí reunida

     esperó la sentencia largo rato.

     El pleito era porque, cruel e ingrato,

     el micifú, con hambre envejecida,

     pretendía concluir la triste vida

     del mísero ratón, con duro trato.

     Púsose el juez la mano en el hocico

     y sentenció, por fin, deliberando:

     “¡déjese usted comer y cierre el pico!”

     “¿Por qué?”, dijo el ratón jirimiqueando;

     “¡porque él es grande, porque usted es chico,

     y, últimamente, porque yo lo mando!”

     Éste es el tipo de “justicia”, la de todos los dictadores o aspirantes a serlo, la que “exigen” los perredistas texcocanos. Sólo que ni el gobierno mexiquense es el mono sabio, ni Antorcha es el ratón de la fábula. Quienes nos amenazan con tanta petulancia y desprecio, harían bien en pensarse mejor las cosas por el bien de todos.