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Opinión

La verdadera dimensión y gravedad de los sucesos de San Luis Potosí Por Aquiles Córdova

La semana pasada escribí un artículo donde expongo dos ideas fáciles de entender para quien sepa leer correctamente. La primera era subrayar que la protesta pública es un derecho constitucional y que, por tanto, no cometen delito quienes lo ejercen sino, en todo caso, quienes pretenden sofocarlo llamándolo chantaje y extorsión atropellando flagrantemente la Constitución General de la República. La segunda era aclarar a quienes, desde el gobierno del estado y desde los medios, están inflando y caricaturizando el plantón de los antorchistas, que esta lucha es tan legal como fácil de resolver, pues basta con entender y resolver, con justicia y equidad, las demandas de los inconformes. La respuesta fue un ataque mediático feroz, realizado al alimón por los periodistas Armando Acosta y Raymundo Rocha, quienes, haciendo olímpicamente a un lado mi argumento legal, se dedican a lanzar injurias y acusaciones desbocadas en contra mía y del antorchismo potosino.

El ataque de Armando Acosta consiste, casi totalmente, en reproducir íntegro, en su columna “BITÁCORA” del diario “San Luis Hoy”, un artículo de Ricardo Alemán aparecido en una página de internet a fines del año pasado. El artículo de marras es, ciertamente, un buen resumen de todas las injurias, calumnias y acusaciones trilladas que nuestros enemigos gratuitos han arrojado, desde siempre, en contra nuestra. Pero no más. Ricardo Alemán, igual que sus antecesores, no demuestra absolutamente nada ni se molesta siquiera en intentarlo; su objetivo es calumniar y desprestigiar y lo cumple con riguroso apego a su tarea, sin andarse con veleidades lógicas o moralistas. Y Armando Acosta, que en materia de argucias, “prestigio” y “autoridad” está muy por debajo de su maestro, después de citarlo in extenso se queda muy orondo y satisfecho, pensando que ha logrado demostrar el teorema de las paralelas de Euclides. Es el mismo falso método demostrativo de todos los mentirosos profesionales del mundo: uno de ellos lanza la primera mentira; un segundo la repite y la “demuestra” citando al primero, un tercero hace lo mismo y se protege citando al segundo, y así hasta que la calumnia vuelve a su punto de origen donde, en el colmo del ridículo, el primer calumniador “demuestra” ahora su dicho citando a quienes antes lo citaron a él como autoridad suprema y fuente de verdad indiscutible. Semejante círculo vicioso no merece ni siquiera la burla de aquellos a quienes se dirige.

Lo grave y significativo de la situación está en otro lado; está en lo que Armando Acosta y Raymundo Rocha añaden al viejo cuento de Ricardo Alemán. Y eso es así porque tengo en mis manos el documento originario de donde estos “periodistas” sacaron sus infundios: se trata de dos cuartillas redactadas por la oficina de prensa del gobierno potosino, en las que se contienen todos y cada uno de los “argumentos” que los comunicadores mencionados manejan en mi contra y en contra del antorchismo potosino. Así que, haciendo a un lado disimulos e innecesarias fórmulas de cortesía, digo directamente: el gobierno de San Luis Potosí me acusa de haberme hecho multimillonario con los recursos arrancados, mediante el chantaje, a distintos gobiernos a nombre de los pobres a quienes el antorchismo dice defender; nos acusa, como organización, de pretender sustituir “de facto” al gobierno del estado para hacernos del control de diversos programas en favor de la gente y del erario del estado para nuestro provecho; me acusa de “arrogante” y de haber lanzado, en mi colaboración anterior, un ultimátum a los gobiernos de Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa y Baja California Sur y San Luis Potosí, afirmando que si no cumplen mi capricho, desencadenaré un conflicto de grandes proporciones y, finalmente, manipulando las demanda del plantón a modo de que parezcan un cúmulo de abusivas necedades, nos acusan de estar exigiendo 500 millones de pesos para seguir engordando nuestros bolsillo como hasta ahora.

Así que, como reza el ingenio popular, no me dirijo a los enanos sino al dueño del circo.

1.- Es un infundio vergonzoso llamarme multimillonario y acusarme de medrar con los recursos destinados a los pobres organizados en Antorcha. Reto a quien sea a que me encuentre alguna propiedad, cuenta bancaria o prestanombres comprobado; y desafío también a quien sea a que presente algún grupo (no a persona aislada, que eso es fácil de montar) que me señale directamente de haberle birlado los recursos autorizados para obras o servicios en su beneficio.

2.- No se puede sostener, lógica y racionalmente, el argumento numérico de 500 millones de pesos para probar que las demandas de los pobres potosinos organizados en Antorcha son ilegítimas, abusivas e imposibles de cumplir. Es algo así como acusar de abusivo a un enfermo de cáncer, porque la operación que necesita cuesta un millón de pesos. ¿Cuánto se requiere para sacar del hambre y la marginación a los miles de potosinos que las padecen? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco, contrastado con esta lacerante injusticia? Y eso sin hacer cuenta de que vivimos en un país que se ubica entre los más desiguales del mundo, donde el número de pobres rebasa el 50% de su población total; donde el desempleo crece con el crecimiento de la economía en vez de disminuir; donde los pobres aportan el 70% del presupuesto del gobierno y el otro 30% sale de PEMEX, y no del bolsillo de las grandes empresas; donde ese presupuesto se gasta en forma cada vez más sesgada a favor de los ricos, mientras las masas carecen de lo indispensable y las condiciones mundiales amenazan con tornar la situación mucho más difícil todavía para ellas.

3.- Sostengo y repito que, en tales circunstancias, es un suicidio negarse a atender las demandas elementales de los más desamparados y todavía sofocar sus protestas mediante la fuerza pública y la cárcel. Y concluir de aquí que soy arrogante y que amenazo al gobierno de varios estados con el “chantaje” de la revuelta popular, es tan ridículo como acusar de chantajista a Spurinna, el arúspice romano que le vaticinó a Julio César que lo matarían en los idus de marzo. César no hizo caso y fue víctima de sus enemigos. ¿Tuvo de eso la culpa el arúspice?

4.- Y finalmente, es peligrosa paranoia ver en la lucha defensiva de los humillados de la tierra, una conjura siniestra para hacerse con el poder y el dinero. ¿De dónde salió tan delirante disparate? Estamos a tiempo de recobrar la serenidad y la cordura y de dimensionar correctamente los hechos, los problemas y las soluciones. Un mal tratamiento de los mismos puede convertir en un incendio gigante lo que en sus inicios pudo apagarse con un ligero soplo oportuna y sabiamente administrado. Eso es lo que demandamos y demandaremos hasta el final los antorchistas de San Luis Potosí y de todo el país. Las equivocaciones nacidas de la prepotencia y la soberbia del poder no podrán ser, jamás, atribuidas a quienes sólo luchan por lo indispensable para sobrevivir.

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Opinión

La semilla. Por Raúl Saucedo

Libertad Dogmática

El 4 de diciembre de 1860 marcó un hito en la historia de México, un parteaguas en la relación entre el Estado Mexicano y la Iglesia. En medio de la de la “Guerra de Reforma», el gobierno liberal de Benito Juárez, refugiado en Veracruz, promulgó la Ley de Libertad de Cultos. Esta ley, piedra angular del Estado laico mexicano, estableció la libertad de conciencia y el derecho de cada individuo a practicar la religión de su elección sin interferencia del gobierno.

En aquel entonces, la Iglesia Católica ejercía un poder absoluto en la vida política y social del país. La Ley de Libertad de Cultos, junto con otras Leyes de Reforma, buscaba romper con ese dominio, arrebatándole privilegios y limitando su influencia en la esfera pública. No se trataba de un ataque a la religión en sí, sino de un esfuerzo por garantizar la libertad individual y la igualdad ante la ley, sin importar las creencias religiosas.
Esta ley pionera sentó las bases para la construcción de un México moderno y plural. Reconoció que la fe es un asunto privado y que el Estado no debe imponer una creencia particular. Se abrió así el camino para la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre personas de diferentes confesiones.
El camino hacia la plena libertad religiosa en México ha sido largo y sinuoso. A pesar de los avances logrados en el lejano 1860, la Iglesia Católica mantuvo una fuerte influencia en la sociedad mexicana durante gran parte del siglo XX. Las tensiones entre el Estado y la Iglesia persistieron, y la aplicación de la Ley de Libertad de Cultos no siempre fue consistente.
Fue hasta la reforma constitucional de 1992 que se consolidó el Estado laico en México. Se reconoció plenamente la personalidad jurídica de las iglesias, se les otorgó el derecho a poseer bienes y se les permitió participar en la educación, aunque con ciertas restricciones. Estas modificaciones, lejos de debilitar la laicidad, la fortalecieron al establecer un marco legal claro para la relación entre el Estado y las iglesias.
Hoy en día, México es un país diverso en materia religiosa. Si bien la mayoría de la población se identifica como católica, existen importantes minorías que profesan otras religiones, como el protestantismo, el judaísmo, el islam y diversas creencias indígenas. La Ley de Libertad de Cultos, en su versión actual, garantiza el derecho de todos estos grupos a practicar su fe sin temor a la persecución o la discriminación.
No obstante, aún persisten desafíos en la construcción de una sociedad plenamente tolerante en materia religiosa. La discriminación y la intolerancia siguen presentes en algunos sectores de la sociedad, y es necesario seguir trabajando para garantizar que la libertad religiosa sea una realidad para todos los mexicanos.

La Ley de Libertad de Cultos de 1860 fue un paso fundamental en la construcción de un México más justo y libre. A 163 años de su promulgación, su legado sigue vigente y nos recuerda la importancia de defender la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa como pilares de una sociedad democrática y plural.
Es importante recordar que la libertad religiosa no es un derecho absoluto. Existen límites establecidos por la ley para proteger los derechos de terceros y el orden público. Por ejemplo, ninguna religión puede promover la violencia, la discriminación o la comisión de delitos.
El deseo de escribir esta columna más allá de conmemorar la fecha, me viene a deseo dado que este último mes del año y sus fechas finales serán el marco de celebraciones espirituales en donde la mayoría de la población tendrá una fecha en particular, pero usted apreciable lector a sabiendas de esta ley en mención, sepa que es libre de conmemorar esa fecha a conciencia espiritual y Libertad Dogmática.

@Raul_Saucedo
rsaucedo@uach.mx

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