El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas recomendó a México «el establecimiento de un mecanismo efectivo para la continuidad de las investigaciones de desapariciones forzadas» cometidas durante el periodo que cubre desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980.

El grupo de trabajo de expertos de la ONU presentará mañana lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos el cual reconoce que «las desapariciones perpetradas en el pasado son una asignatura en el presente dado que se trata de un delito de carácter continuado».

El documento sugiere transferir los archivos de ese periodo «de la Secretaría de la Defensa Nacional al Archivo General de la Nación garantizando el libre acceso del público y sistematizar el ingreso a todos los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Fiscalía Especial para que éstos también se encuentren disponibles».

Igualmente, aconseja revelar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo con la información que obra en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El informe fue elaborado por Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulitzky (Argentina) y Osman El Hajjé (Líbano) a raíz de la visita que llevaron a cabo a México del 18 al 31 de marzo de 2011 por invitación del gobierno.

Durante el período conocido como la «Guerra Sucia» desde finales de la década de 1960 hasta principios de la década de 1980, «las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición», subraya el texto.

“Hasta hace algunos años, el Estado mexicano se negaba a reconocer la existencia de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad», sin embargo, “ha reorientado su curso y ha adoptado algunas medidas relacionadas con los crímenes cometidos» durante el periodo mencionado, indicó el informe de la ONU.

Por otra parte, el Grupo de Trabajo celebra el criterio judicial establecido en julio de 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Rosendo Radilla relativo a una desaparición forzada en el contexto de la «Guerra Sucia».

Ese criterio judicial facilita la completa implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), muchas de las cuales coinciden con las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo», mencionó el texto.